El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha apelado al sentido común para defender la reforma electoral que su partido propugna a menos de nueve meses de las elecciones municipales y autonómicas. ¿A qué sentido común se refiere Fabra? ¿Al suyo, al de Rajoy, al de su partido, al del vecino?
Tras su vuelta de vacaciones Fabra no ha mencionado la que fue su principal reivindicación hasta que desde Madrid le mandaron callar; la pésima financiación de la Comunidad Valenciana. Da igual que las balanzas fiscales demuestren el gran peso de los valencianos, que con una renta inferior a la media nacional, 87,5%, aportan bastante más de lo que reciben. Silencio absoluto. Lo de acostarse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si para conseguirla era preciso, ha pasado a la historia.
Quienes aseguraban que el expresidente, Francisco Camps, era un ejemplo de eficiencia y transparencia, han pasado del sustituto puesto por ellos mismos, de los empresarios valencianos y de los valencianos. Montoro ha dejado al dirigente popular a los pies de los caballos; aplazando y sin concretar cuándo recibirá a la patronal valenciana como le ha pedido desesperadamente desde hace meses. Ni las distendidas cenas veraniegas con éstos en La Albufera han mitigado la creciente desconfianza empresarial. Y también política. Los resultados negativos sobre intención de voto para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no han facilitado el feedback, si alguna vez existió.
El próximo viernes el líder del PP valenciano celebrará en un hotel de Las Alquerías, en Castellón, pequeño municipio gobernado por los socialistas desde 2003, el inicio del curso político. Lejos quedan las multitudinarias cenas en el coso de la plaza de toros de Valencia, a las que ministros, diputados y concejales se pegaban por asistir a pesar del calor.
De momento, nadie del Gobierno ha confirmado su presencia. Tampoco se sabe si la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que lleva 23 años gobernando gracias al conocido pacto del pollo con Unión Valenciana, aparecerá por el evento. Barberá no se ha pronunciado sobre la reforma que le hubiera impedido gobernar, puesto que en 1991 la lista más votada por los valencianos fue la del PSPV-PSOE. Lo que sí ha hecho es sacar su coche del garaje municipal donde llevaba aparcado desde entonces.
Pero siempre es mejor marear la perdiz con la regeneración democrática que atajar la corrupción. A Fabra como a Rajoy no le gusta que le recuerden ciertas cosas. Como que un ex diputado del PP está en prisión. Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja condenado a tres años por falsedad documental y prevaricación. Y que todo el gobierno del PP de Orihuela está imputado por el mismo delito.
O que el martes Santiago Calatrava debe comparecer como imputado por las presuntas irregularidades en el proyecto del centro de convenciones de Castellón cuando Fabra era alcalde. El arquitecto cobró 2,7 millones de euros por el diseño del edificio que finalmente no construyó. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no ha conseguido darle la notificación a Calatrava aunque el juez no ha anulado la comparecencia.
El miércoles será el ex presidente de la Diputación de Castellón, también condenado a cuatro años de prisión, el que acuda ante la justicia para conocer la ejecución de la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo (TS), salvo que el indulto que ha pedido y que el Consell dice que no apoya, la deje en suspenso. Otro alto cargo del Gobierno Valenciano, Rafael Blasco, condenado a ocho años de prisión está pendiente del TS. Y la lista es larga. ¿Dónde queda el sentido común que reclama Fabra?