La tramitación administrativa de los permisos burocráticos para la celebración de las dos últimas ediciones del Reggaeton Beach Festival en Oropesa (Castellón), que acoge Marina d'Or, fue muy llamativa. Tanto es así que una alerta anónima advirtió a la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) de presuntas irregularidades.
El festival se celebró entre el 18 y el 19 de junio de 2022 y entre el 24 y el 25 de junio de 2023 en suelo de titularidad municipal y carácter demanial, con un aforo previsto inicialmente de 15.000 personas.
El promotor pudo superar las objeciones de los técnicos municipales gracias a la intervención de la alcaldesa Araceli Moya, de Ciudadanos, apenas 24 horas antes de la celebración del evento. Los reparos eran muy similares a los que planteó el Ayuntamiento de Madrid para no conceder la autorización el pasado verano. La organización también vivió una situación similar el año anterior en Tenerife.
El organismo dirigido por Joan Llinares ha detectado presuntas irregularidades que constituyen vicios del procedimiento pero que no implican la nulidad de pleno derecho, al tratarse de “actividades finalizadas y agotadas en sus efectos”.
El Ayuntamiento de Oropesa, actualmente gobernado por Ciudadanos en un tripartito completado por el PP y Vox, optó por el procedimiento de tramitación de licencias de apertura para instalaciones eventuales, portátiles o desmontables mediante declaración responsable del promotor.
En la edición de 2022, el informe de la ingeniera municipal, dictado el 16 de junio, cuestionaba la seguridad de la evacuación en dos salidas de emergencia, cuyas longitudes de los recorridos no cumplían la normativa. El secretario del ayuntamiento emitió un informe con una resolución desestimatoria de la solicitud de ocupación de suelo público a tenor de las objeciones de la ingeniera industrial. Una resolución que fue “rechazada por la alcaldesa”, Araceli de Moya.
Al día siguiente (apenas 24 horas antes de la celebración del festival), el promotor presentó varios escritos en los que exponía la declaración responsable, especialmente en referencia a la normativa de salidas de emergencia. También presentó a lo largo del día un certificado de seguro en materia de responsabilidad civil, un documento favorable del Organismo de Certificación Administrativa y la declaración responsable del proyectista y del director de la ejecución de las obras, entre otra documentación.
A las 21.30, la alcaldesa de Ciudadanos firmó la resolución de autorización de ocupación de suelo público y la concesión de la licencia de apertura, “previa avocación de la competencia de la Junta de Gobierno Local”, indica el informe de Antifraude.
La primera edil fundamentó su decisión en el informe de subsanaciones de las deficiencias detectadas por la ingeniera municipal el día anterior y en la declaración responsable del promotor, singularmente en alusión a las salidas de emergencia y a los recorridos de evaluación. La resolución, según la AVA, “no incluyó todos los elementos exigidos” por la normativa autonómica en relación con el aforo, entre otros aspectos.
Además, Antifraude no tiene constancia de que se notificara al departamento de gestión tributaria del consistorio ni que se liquidara a los promotores del festival los impuestos y las tasas correspondientes.
En la siguiente edición, “al igual que ocurrió en el año 2022”, la ingeniera municipal constató de nuevo “deficiencias no subsanadas” y pidió un informe desfavorable. Algo que hizo el 21 de junio el secretario general. La resolución desestimatoria de la solicitud de ocupación del suelo público reprochaba que el cálculo del aforo no había sido subsanado, no se había aportado el plano con la longitud del recorrido de tres salidas de emergencia ni del detalle del vallado (“especialmente en la cercanía de la línea de ferrocarril” cercana al evento), no había estudio acústico y faltaba la homologación del escenario.
Tampoco se había previsto una reserva de aparcamiento ni tenía autorización de Adif para realizar la actividad. Además, el festival se celebra en suelo no urbanizarle que carece de servicios y cuenta con viales por urbanizar y sin alumbrado, unos aspectos que no se habían tenido en cuenta “a la hora de garantizar la seguridad de los ocupantes”.
El 23 de junio (de nuevo 24 horas antes de la celebración del Reggaeton Beach Festival), Moya rechazó la propuesta de desestimación del secretario general del ayuntamiento. Durante la misma jornada, el promotor presentó una serie de documentos (entre ellos, el certificado técnico sobre instalaciones y la autorización de Adif). A las 21.35, la alcaldesa firmó la autorización de ocupación de suelo público para la realización del evento musical.
Antifraude recuerda que los informes jurídicos y técnicos municipales no eran vinculantes, por lo que no aprecia “irregularidad alguna”. Eso sí, el informe reprocha que en ambas ediciones, las autorizaciones se produjeron “a última hora del día anterior a la celebración de los eventos” y escudándose en “documentos aportados por los promotores el mismo día”.
“Habida cuenta de que las solicitudes del promotor se presentaron con cuatro o cinco meses de antelación a la celebración de los festivales, la tramitación de los expedientes hubiese debido realizarse con tiempo suficiente para haber podido ejercer la facultad de inspección”, agrega la AVA.
Por otro lado, el informe concluye que el Ayuntamiento de Oropesa “no ha cumplido” la ley autonómica, “por no disponer de la información sobre los procedimientos necesarios para el acceso a una actividad” prevista en la normativa y para la realización de los “trámites preceptivos para ello”.
Antifraude pide a la Corporación municipal que apruebe una ordenanza municipal para regular los procedimientos relativos a espectáculos públicos y actividades recreativas, que contemple explícitamente el supuesto de los festivales de música y que establezcan “claramente” todas las autorizaciones o licencias necesarias.
También pide al departamento de tesorería del ayuntamiento que liquide a los promotores del Reggaeton Beach Festival un impuesto y dos tasas, así como “cualquier otro ingreso de derecho público que sea exigible”. El consistorio no realizó alegaciones al informe de Antifraude.