El alcalde de Calp y presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, no tiene conocimiento de la denuncia presentada por la fiscalía de Dénia por malversación y coacciones -el ministerio público ha solicitado que declare como imputado-.
Así, en declaraciones al diario Levante-EMV, Sánchez asegura que nadie se ha puesto en contacto con él ni le ha remitido información alguna sobre una denuncia que considera que no tendrá recorrido porque no tiene ni pies ni cabeza.
El alcalde de Calp ha emitido posteriormente un comunicado en el que muestra su extrañeza también de que, “según indican algunas informaciones, fue un cargo del Grup Compromís quien acompañó a dicha persona a interponer la denuncia y me sorprende enormemente que este partido haga un uso político de dicha denuncia”.
Sánchez ha indicado que “esta maniobra viene al hilo de la suspensión del decreto de plurilingüismo tal y como se muestra a través de viñetas viralizadas en redes sociales” por Compromís.
“Confío plenamente en la justicia, ya que en España funciona”, ha aseverado finalmente César Sánchez.
Denuncia de una extrabajadora
La petición de la fiscalía está relacionada con la denuncia presentada por una extrabajadora del ayuntamiento de Calp que asegura que el dirigente popular la coaccionó para que colaborase en su campaña para las elecciones municipales de 2015, en las que Sánchez era el candidato del PP a la reelección como alcalde. “Piensa en tu hijo”, apunta la trabajadora que le dijo el presidente de la Diputación de Alicante.
El ministerio público entiende que existen indicios claros de delito para remitir el caso al tribunal, tanto por el testimonio de la empleada municipal como por la documentación aportada en la denuncia.
“Otras veces las denuncias se archivan porque no hay delito, pero en este caso hay indicios de delito tanto por el relato fáctico como por la prueba testifical y documental aportada”, han precisado las fuentes de la acusación pública.
“A Sánchez sólo le mueve su partido, no los alicantinos”
En opinión de la diputada socialista por Alicante Toñi Serna, la denuncia a Sánchez “demuestra la calidad moral de este personaje, que utiliza las instituciones públicas como su corjijo particular”. “El único interés que mueve a César Sánchez es su partido y en ningún caso los alicantinos”, sentencia.
Para Serna, la actuación del presidente de la Diputación de Alicante “es más propia de un cacique que busca contentar a sus amigos de un representante público que vela por los intereses de los ciudadanos”. “La obsesión de César Sánchez es controlarlo todo”, apunta la socialista.
Desde el colectivo juvenil de Compromís, a través de su cuenta de Twitter (@JovesPV) han publicado un tuit en el que en “plurilingüe” le dicen “imputado” a Sánchez con las etiquetas #OrgullPlurilingüe y #PiensaEnTuHijo, en referencia a la lucha de la Diputación de Alicante contra el decreto de plurilingüismo del Consell y a lo que supuestamente le dijo a la trabajadora municipal.
Bajo sospecha
César Sánchez, el cargo institucional más relevante que le queda al PP valenciano, lleva meses en el ojo del huracán por cuestiones como la aprobación de un proyecto para la construcción de dos rotondas en una carretera cuya titularidad es estatal, la N-332.
El pleno de la Diputación aprobó, con el voto de calidad de su presidente incluido, financiar con más de dos millones de euros la mejora de los accesos a Calp -el municipio que gobierna- desde la citada carretera. Esta circunstancia generó dudas incluso entre alguno de sus asesores.
Se da la circunstancia de que la principal propietaria de los terrenos afectados y expropiados, con 3.625 metros cuadrados de suelo urbanizable en el polígono Pou Roig, eran de la empresa Paviota SL, propiedad de Patricia Ivars, suegra de Sánchez.