Compromís ha avanzado este martes que ya se ha personado en el caso Fitur que está investigando el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante y que, de momento, se ha saldado con la imputación de dos exdirectores del Patronato de Turismo de la Diputación alicantina durante la etapa de José Joaquín Ripoll, así como de dos empresarios beneficiados en las adjudicaciones. Este anuncio de la coalición valenciana llega después de que su grupo en el ente provincial denunciara estos supuestos delitos ante la Fiscalía Anticorrupción.
“Creemos que hay un delito continuado y los propios expedientes lo demuestran”, ha explicado el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana. A su juicio, a las diligencias abiertas por supuestas irregularidades en la contratación de los stands de Fitur en los años 2007 y 2008 habría que “sumar a la causa todos los contratos que son fraudulentos desde el año 2004” hasta el año 2009 y cuya facturación por parte de las empresas Exporigging y Stands Molinos asciende a 3,2 millones de euros, “6 si se añade lo facturado por otros municipios como Altea, Benidorm, Teulada, Benissa, El Verger y Torrevieja”. El objetivo final de esta formación, asegura Fullana, es devolver ese dinero a las arcas públicas.
En la misma rueda de prensa, Compromís ha reclamado la dimisión de Eduardo Dolón como presidente del Patronato de Turismo Costa Blanca por “denegar información” y “retrasar la investigación” con la finalidad de que prescribieran los delitos. Fullana ha recordado que en octubre de 2016 fue cuando reclamaron información referida a las empresas del matrimonio de Mercedes Lasa y Javier Molins, hoy investigados, en relación a las 70 facturas de las empresas Exporigging y Stands Molinos. La negativa de Dolón le llevó a la coalición a presentar un recurso para garantizar su derecho a la información.
Fullana también se ha referido a la polémica en torno a la comisión de investigación que se creó en la Diputación de Alicante para indagar sobre los hechos que hoy constituyen el caso Fitur. El portavoz de Compromís cree que el retraso durante meses de la activación de una comisión que debería de haber presidido la diputada provincial de Esquerra Unida Raquel Pérez pero que acabo dirigiendo el PP tenía como objetivo “la prescripción de cuantos delitos pudieran haberse llevado a cabo contra la administración pública y que investiga ahora un juez”.
Por último, los tres diputados provinciales de Compromís también han recordado que Eduardo Dolón debería “asumir de momento su responsabilidad política”, “más cuando él mismo fue parte, incluso alcalde, de un equipo de gobierno que ya había contratado con estas empresas”.