El jefe de Policía Local de Alicante, José María Conesa, ha asegurado en la Comisión No Permanente del Ayuntamiento de Alicante, encargada de evaluar posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local de Alicante, que esas anomalías son “un montaje” y que es gente del propio cuerpo policial quien “está detrás de todo esto” con el objetivo de desprestigiarle y ocupar su puesto.
En su intervención durante la Comisión No Permanente, a la que han asistido todas las formaciones políticas y cuatro de los cinco vocales del tribunal de las oposiciones, Conesa ha denunciado que hay “tres o cuatro personas que se quieren cargar al jefe” y que esos son sus “subordinados”.
“Nadie me pidió nada en relación a este proceso”, se ha defendido el jefe de Policía Local alicantino, quien ha sostenido que tiene “muchas certezas” de quién está “detrás de todo esto” y que por eso ha judicializado el caso, para que alguien “pague” por las “vejaciones” realizadas en medios de comunicación y “se pague” tras intentar desprestigiarle.
Ha sostenido que ha denunciado ante la Policía Judicial un posible de injurias y calumnias con publicidad, adjuntando una lista filtrada a la prensa en la que aparecen presuntas relaciones familiares entre policías aprobados y agentes de policía local, partidos políticos y sindicatos.
Así, ha lamentado que diferentes grupos de opinión pública hayan calificado de “nepotismo” y “amiguistas” estas oposiciones y ha criticado que los propios agentes “cabecillas de la operación” hayan “vapuleado el nombre” de la Policía Local de Alicante y del Ayuntamiento alicantino.
Ha mostrado datos sobre el porcentaje de familiares de agentes del cuerpo que se encuentra entre los aprobados del concurso y ha sostenido que el porcentaje (43,8 %) es menor que en las tres anteriores oposiciones y nueve puntos menor al de la anterior oposición.
“Todo vale para que rueden cabezas. Igual lo consiguen o no, pero lo único que sí consiguen es que mis hijos no quieran ir al instituto por miedo a que sus compañeros les pregunten”, ha indicado Conesa, quien ha concluido que no tiene constancia de ningún error en la cadena de custodia de los exámenes.
Antes, Antonio Collado, jefe de Policía de Xátiva (Valencia) y vocal del tribunal, ha lamentado “lo fácil que resulta calumniar”, al tiempo que ha subrayado que de los más de 1.500 opositores, a la hora de realizar el examen “solo quedaron unos 260”, puesto que los anteriores se habían quedado por el camino al no entregar el certificado médico o no superar la prueba psicotécnica.
Ha destacado la “pulcritud” del proceso y que si fue vocal, fue porque Conesa le dijo que querían “a alguien de fuera de la provincia” y que “no conociera a nadie”, porque así se recoge en las bases.
Por su parte, el oficial de la Policía Local de La Vila Joiosa (Alicante) Miguel Ángel Palacios, también vocal del tribunal, ha resaltado que el proceso fue “muy riguroso y muy garantista en todo momento”, así como que cualquier opositor “tuvo posibilidad de ejercer su derecho y ninguno dijo nada”.
LA OPOSICIÓN CRITICA LA FORMA DE PROCEDER DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
Los grupos políticos que han formado la Comisión han criticado la forma de proceder de la presidenta de la Mesa, la popular Mari Carmen de España, quien al inicio de la sesión ha entregado a las formaciones un informe realizado por el secretario de la comisión y ha anunciado que el alcalde, Luis Barcala (PP), y el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, habían pedido comparecer de manera voluntaria.
No obstante, en el informe realizado por el secretario de la comisión se aseguraba que no era procedente la comparecencia de esas dos personas y España ha solicitado una votación para ver si Barcala y González debían de comparecer.
Mari Carmen de España ha apuntado que las responsabilidades jurídicas de la comparecencia serían de las personas que votaran a favor de esa comparecencia, y no de los políticos, por lo que la oposición en bloque, PSPV-PSOE, Compromís, Unides Podem y también Vox, se ha negado a votar y España, siguiendo el informe desfavorable del secretario, ha decidido no llamar a comparecer a ambos políticos.