Felipe Briones es sinónimo de azote de la corrupción en la provincia de Alicante. Por sus manos han pasado numerosos casos como Brugal y los que le quedan como fiscal anticorrupción. Nacido en 1959 en Ifni cuando todavía era provincia española, pronto se fue a vivir al Sáhara español. “Donde aprendo a querer”, afirma. Con la invasión marroquí en la conocida Marcha Verde de 1975 se ve obligado a marcharse, habiendo sido testigo de la creación del Frente Polisario o la llegada de la Misión de Naciones Unidas. Sin embargo, Briones también es conocido por su constante denuncia de la injusticia que atraviesa este territorio al sur del Magreb y que expresa como secretario general de la asociación internacional de Juristas para el Sáhara Occidental. Repasamos con él las últimas novedades de un conflicto enquistado tras impartir una ponencia en Villena titulada La responsabilidad de España ante el pueblo saharaui.
¿Desde el punto de vista jurídico, cuál es la responsabilidad de España con el Sáhara?
La responsabilidad de España con el Sáhara se puede resumir desde el derecho internacional y desde el derecho interno español. Desde el punto de vista del derecho internacional, todos los territorios no autónomos del mundo, que actualmente son 17, necesitan una autoridad administradora de iure, es decir, de derecho, que suministre al mismo tiempo información al secretario general de la ONU sobre cuáles son las condiciones que se viven en ese territorio no autónomo, cuáles son las inversiones que la potencia colonial efectúa en los ámbitos sanitarios, educativo, social, económico… para percibir el avance y progreso en las condiciones sociales de esos habitantes y, además, cómo apoya la potencia colonial a los movimientos de liberación en aras a que ese movimiento pueda comandar en un futuro un referéndum o una negociación con la potencia para que ese territorio no autónomo se pronuncie sobre su propio destino. Ese es el encaje internacional.
De los 17 territorios no autónomos, únicamente en el caso del Sáhara la autoridad administradora de iure, que es España, no coincide con la potencia que lo está administrando y ocupando de facto, que es Marruecos. En ninguno de los otros 16 sucede esto, donde sí coincide. Naturalmente en ninguno de esos 16 hay una violación sistemática de los Derechos Humanos, el movimiento de liberación ha entablado una guerra contra la potencia que lo ocupa, en el caso del Sáhara durante 16 años, y en ninguno de esos 16 la potencia colonial bloquea sine die la celebración de un referéndum. El caso del Sáhara es único en el mundo, es un gueto del que no se puede entrar o salir donde la violación de los derechos fundamentales se ha erigido en una política sistemática por parte de la potencia ocupante.
La potencia ocupante en términos de derecho internacional es un eufemismo para referirnos a invasión. La ocupación de facto para el derecho internacional es ilegal si se perpetúa en el tiempo. La ocupación carece de un estatus jurídico, político y eso es lo que sucede con Marruecos en el Sáhara desde que en 1975 lo invade militarmente sin ningún título jurídico, ni histórico ni político que lo avale.
El derecho internacional prohíbe que una potencia colonial abandone ese territorio antes de que esa población se autodetermine vía celebración del referéndum. No se puede abandonar unilateralmente por la potencia colonial el territorio que administra. Por eso, el abandono declarado por España para finales de febrero de 1976 nunca fue reconocido por las Naciones Unidas y de hecho hay una resolución en octubre y diciembre de ese año en que la ONU sigue tratando a España como potencia colonial. Es decir, después de los acuerdos tripartitos.
Con respecto al derecho interno español imagino que pesa como una losa el auto reciente de la Audiencia Nacional.
Así es. Se evidencia fundamentalmente en el auto del pleno de lo penal de la Audiencia Nacional de fecha 4 de julio de 2014, que supone toda una lección jurídica sobre el Sáhara Occidental y que viene a establecer que España sigue siendo la potencia colonial del Sáhara actualmente y que los delitos que se puedan cometer en el Sáhara son competencia directa de las autoridades judiciales españolas. Porque respecto al Sáhara no se aplica el principio de Justicia Universal como sucede con respecto a los demás temas de la Audiencia Nacional sino el principio de territorialidad, es decir, que rige el 23.1 de la ley Orgánica del Poder Judicial que coincide con el artículo 8 del Código Civil que viene a decir que las leyes penales rigen en todo el territorio español. Entonces ese auto distingue entre territorio nacional y territorio español y considera que las colonias son territorio español pero no territorio nacional como sucedía con Ifni y con Guinea Ecuatorial. Al ser español y no nacional se dice que no afecta a la indisolubilidad del Estado, a la integridad territorial, que es algo contingente, accesorio y transitorio. Al no ser nacional, el derecho ampara que esos territorios no nacionales, que tienen la categoría de colonias, se puedan independizar de la propia metrópoli y se puedan erigir como territorios nacientes. Por eso no tiene nada que ver, entre paréntesis, con Cataluña, que es un territorio nacional y español mientras que el Sáhara como colonia es un territorio español no nacional y mientras no se autodetermine seguirá siendo español. Por tanto, el artículo 73 y 74 de la carta de la ONU, que es el que establece las obligaciones de las potencias coloniales, una de las obligaciones es el de la protección jurisdiccional de la población de esos territorios. Por eso, si la potencia colonial tiene la obligación de proteger judicialmente a esos ciudadanos es porque el territorio continúa siendo español hasta que se independice.
¿Qué significado tiene por tanto el auto?
Es revolucionario. Significa simplemente que todo lo que se viene haciendo con el Sáhara desde el ámbito político está mal hecho. Y la cuestión es grave porque no existe parangón en el mundo. No existe en ningún sitio del planeta un territorio que sea abandonado durante 40 y tantos años de facto y de manera ilícita por la potencia administradora; dejándolo a los pies de un país invasor, ocupante, que además hace de la política de represión de los derechos fundamentales algo sistemático.
¿Entonces, por qué desde el auto no se han producido cambios?
Porque esto es como casi todo, no cabe esperar un automatismo en las resoluciones judiciales en el sentido de ser respetadas. Hace falta una acción de parte de cuantos más movimientos, partidos políticos, medios de comunicación mejor. Si no, no se consolida en tanto que hay mucha acción en contra de que se conozca el tema del Sáhara y la cuestión es por qué y para qué. Bueno, entonces ya lo tenemos. Si mantenemos el silencio, incluso ante cualquier acción judicial, tendrían capacidad los contrarios de que esa resolución empiece y acabe en sí misma, que no tenga prolongación.
Pero las evidencias jurídicas de la Audiencia Nacional chocan con la versión que tiene el Gobierno de España y que supimos hace unos meses.
Sí, en noviembre de 2018, un senador [Jon Iñarritu de Bildu] preguntó al Gobierno sobre cuál es la razón por la que considera que España no es la potencia administradora de iure. Entonces, la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que la posición oficial fue la contenida en la carta del 26 de febrero de 1976, desde esa fecha España no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Sin embargo nos vamos a la lista de territorios no autónomos del mundo de la Naciones Unidas y con fecha de marzo de 2015 aparece España, no aparece Marruecos.
Por lo tanto, es evidente que España está mintiendo, ¿no cree?
(Silencio).
¿La negativa de España a reconocer estos hechos obedece a su posición de favorecer los intereses con Marruecos?
Un ex ministro de Asuntos Exteriores marroquí dijo que el 90% de las relaciones entre Marruecos y España tienen que ver con el Sáhara Occidental; es una idea no conocida aquí pero en su momento reveladora. Hay que defender la relación estratégica como vecinos entre España y Marruecos, pero también hay que defenderla entre España y Argelia. No se trata de eso. Se trata de hacer como Australia respecto a Indonesia con motivo de la celebración del referéndum en Timor Oriental. Australia mantuvo la relación geoestratégica y geoeconómica con Indonesia y al mismo tiempo le pidió a Indonesia que respetara la posición del gobierno australiano con respecto a Timor Oriental en el sentido de que era la propia opinión interna de Australia la que demandaba el apoyo de su gobierno hacia Timor Oriental. Y por tanto Australia como gobierno democrático debía respetar lo que quería la ciudadanía. Y esa opinión mayoritaria es lo que se produce en España con respecto al Sáhara y la inmensa mayoría de la gente que conoce el contencioso del Sáhara apuesta por la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Pero parece que se escudan en las discordancias con los censos.
No. Todo eso está resuelto. El único problema es la bendición del bloqueo marroquí de no celebrar un referéndum salvo que la única propuesta que contenga ese referéndum sea la de la autonomía de los saharauis dentro de Marruecos. Es decir, eliminar la posibilidad de la independencia del Sáhara.
¿Qué sentido tendría celebrar un referéndum así?
Es un referéndum desnaturalizado que no vale. Una autonomía parte de un Estado unitario y como ejemplo el nuestro que ha pasado a ser descentralizado. El problema en el Sáhara no es que parta de un Estado unitario, es que nunca ha pertenecido a Marruecos. Es una simple invasión militar en 1975. Por cierto, ni Naciones Unidas ni la Comunidad Internacional pueden santificar una solución a la marroquí. Nadie puede bendecir que se invada un territorio y a la larga darle una autonomía. Porque si esa fuera una fórmula de dirimir los conflictos internacionales, el mundo peligraría en todas las fronteras. No cabe invadir y luego proponer una autonomía porque existe el principio de la intangibilidad en las fronteras africanas heredadas de la colonización y el mapa de África no se puede tocar. Y a diferencia de otros territorios, aquí no hay ningún motivo, ni político ni histórico. No hay ninguna relación histórica entre Marruecos y el Sáhara occidental que pueda avalar la nueva aplicación del principio de descolonización.
¿Qué salida ve a un entuerto que ha dejado, tras más de 40 años, a miles de personas viviendo en campos de refugiados?
Hay salida. Hay rondas de negociaciones. EEUU parece que avala una salida razonable al conflicto y por tanto hay que confiar en que el fin de este contencioso que afecta a toda la población del Magreb, a las relaciones de Marruecos y Argelia y a las relaciones de Europa con Marruecos y Argelia, se solucione. Las relaciones económicas para que puedan comerciar 60 a 80 millones de habitantes con Europa y EEUU siguen pendientes, por lo que hay interés. Por ejemplo, en la suscripción de un nuevo acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, desobedeciendo la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que prohibió suscribir el nuevo convenio de pesca habida cuenta de que no revertía los cánones en el pueblo saharaui, no se había contado con el Sáhara y el interlocutor válido, que es el Frente Polisario. Y ha sido solucionado por el propio parlamento suscribiendo un nuevo acuerdo en el que esta vez, además, el ámbito territorial se marca desde el norte de Marruecos al sur del Sáhara, se incrementa el canon a favor de Marruecos y se incrementa el número de licencias de pesca a faenar en aguas saharianas. De manera que está expedita la vía para que el Frente Polisario acuda de nuevo ante el Tribunal de Justicia.
Pero eso no es un avance.
Es un retroceso porque ahora supone una desobediencia absoluta a la sentencia del propio Tribunal de la Unión Europea.
Entonces el Sáhara se encuentra más solo.
Más solo pero más arropado en los temas jurídicos que existen y que sistemáticamente vienen dando la razón a ese pueblo y evidenciando por tanto lo que son actos viles de delincuencia internacional como está concebido por el propio derecho. El apartheid y la perpetuación del colonialismo son crímenes contra la humanidad.
Nezha Khalidi
¿La última noticia más relevante es la expulsión de tres abogados españoles que iban como observadores del juicio contra la periodista Nezha Khalidi, qué le parecetres abogados españoles que iban como observadores del juicio contra la periodista Nezha Khalidi?
Sí, es una activista de 27 años que se enfrenta a una condena de 2 años de prisión y una multa por grabar y difundir en directo una manifestación saharaui. La acusación que le hace Marruecos es una supuesta usurpación de profesión en el sentido de que Marruecos exige disponer de una acreditación de prensa para actuar como periodista. Pero al mismo tiempo en el Sáhara occidental la prensa internacional no está permitida. Para este juicio, que se suspendió en mayo y se ha celebrado el 24 de junio, el día antes los observadores, abogados españoles y no abogados, fueron expulsados al llegar a El Aaiún, no se les dejó salir del aeropuerto. Y eso que nuestros tres abogados iban amparados por el Consejo General de la Abogacía española. Y es de las primeras veces que se reprime la observación internacional. Se denuncia que ha sido torturada esta mujer y estamos a la espera de la condena. Pero por todo lo dicho antes, Marruecos carece de jurisdicción en todo el territorio, corresponde a España y se están castigando conforme a una legislación interna marroquí supuestos que están arropados por el derecho a la libre determinación, como es el de la creación de partidos, la libre asociación, la libertad de prensa y expresión, etc.
¿Qué opinión tienen que ante estas expulsiones el Gobierno español no se haya querido pronunciar?
A mí me parece que es evidente conforme al derecho internacional e interno que esto no se debe tolerar. Porque estamos dentro ya de la vulneración de todos los estatutos internacionales, principalmente de la libertad de prensa. No hay ningún principio que pueda avalar el cierre a cal y canto del territorio del Sáhara occidental a observadores internacionales y a prensa libre. Por tanto, debe vincular a un país democrático como el nuestro el amparo de los derechos fundamentales con respecto a ciudadanos españoles y en relación a un territorio autónomo respecto al cual hoy en día mantenemos incólume toda la responsabilidad internacional.