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Las AMPA de la Gonzalo Anaya advierten que “libertad educativa no es imponer la desaparición del valenciano”

Europa Press

València —

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La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' considera que la proposición de ley de “libertad educativa” registrada este jueves en Les Corts por PP y Vox --para sustituir a la actual ley de plurilingüismo-- aboca al valenciano a su “desaparición”: “Libertad educativa no es imponer la desaparición del valenciano como lengua”.

Así lo ha aseverado el presidente de la entidad, Rubén Pacheco, en una rueda de prensa frente a la Conselleria de Educación sobre el Plan Edificant. El acto ha reunido a varios representantes de la asociación, así como a alcaldes de municipios y los portavoces de Educación de Compromís y PDPV, Gerad Fullana y José Luis Lorenz.

El presidente de la Gonzalo Anaya ha asegurado que esta nueva propuesta de PP y Vox es “imposible” de aplicar, ya que “ningún centro educativo va a poderse organizar si tiene que cambiar cada dos, tres o cuatro años su programa”. “No hay plantilla que soporte lo que se ha planteado: es imposible aplicar un modelo que plantee un cambio tan arbitrario y sucesivo”, ha insistido.

Así, ha destacado que el nombre de la ley ya es “pura demagogia” puesto que considera que “la libertad educativa no es imponer la desaparición del valenciano como lengua”.

“No sé si realmente las personas que han redactado ese texto han pensado en lo que supone eso para la educación, para el sistema educativo. Es absolutamente imposible aplicar eso. Además de abocar al valenciano a su desaparición, no impone ningún tipo de libertad de elección”, ha afirmado.

“Divide y enfrenta”

En este sentido, Pacheco ha incidido en que esta nueva norma, además de que “divide y enfrenta”, también pretende de manera “clara y absoluta” llevar al valenciano a “una minorización aún mayor que la que vivimos hoy en día”.

Asimismo, ha señalado que ley de “libertad educativa” va en contra de la Constitución y del Estatut y que eso deberá “hacerse ver” porque es “prácticamente imposible que se pueda aplicar”.

Preguntado por la retirada del requisito lingüístico en algunas enseñanzas, el presidente de la Gonzalo Anaya ha indicado que es “el caballo de Troya por el que van a comenzar”.

Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha señalado que es “la primera vez en la democracia valenciana” que se registra una ley que, en 32 páginas, “no tiene ni una frase de argumento pedagógico”, por lo que considera que esta propuesta es “una suerte de equilibrios con la extrema derecha”.

“No hay una argumentación detrás, como había hasta ahora, de que depende del predominio sociolingüístico del municipio, o depende de la lengua minoritaria o minorizada”, ha afirmado.

En esta línea, Fullana ha insistido en que “centenares de miles de valencianos y valencianas no van a poder estudiar en valenciano” porque los porcentajes para habilitar una línea en otra lengua base son “complicados”.

Volver a la “política de gueto”

“La mayoría de la gente no va a tener plaza para estudiar en valenciano y vamos a volver a la política del gueto que pasaba con la doble línea donde en una línea se veía un porcentaje de inmigración altísimo y en otra no”, ha subrayado y ha añadido que “el Partido Popular se ha vendido en las cinco leyes a la extrema derecha”.

Respecto a la “certificación automática” de títulos de valenciano que incluye la ley y por la que se pretende reconocer el nivel A2 para los alumnos que superen Valenciano en los seis cursos de Primaria, B1 para los que lo hagan en los cuatro cursos de la ESO y B2 en los dos cursos de Bachillerato. Además de acreditar el B1 para los que pasen la asignatura en primero de Bachillerato y al menos tres cursos de Secundaria y reconocer el C1 a alumnos de Bachillerato que superen Valenciano en los dos cursos, con una media igual o superior a un 7 sobre 10.

Gerard Fullana ha señalado que “en la vida regalarían las titulaciones de castellano de la Escuela Oficial de Idiomas” pero que con el valenciano lo hacen porque “les importa un bledo”, ha concluido.

“El peor ataque al valenciano en la enseñanza”

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) considera que la propuesta de nueva ley lingüística impulsada por el PP y Vox supone “el peor ataque al valenciano en la enseñanza” y, por ello, anuncia que impulsará “las movilizaciones necesarias para hacer frente a esta agresión e impedir que se apruebe en los términos establecidos”.

Para STEPV, la futura norma “se basa en una falsa libertad de elección de lengua por parte de las familias”. Señala que mantiene el porcentaje mínimo del 25% de enseñanza en cada lengua (excepto en las comarcas de predominio lingüístico castellano, donde toda la enseñanza se hará en esta lengua) y recupera las antiguas líneas.

“Ahora bien, --precisa-- los porcentajes por los que los centros educativos incorporan líneas en valenciano son totalmente discriminatorios, lo que impedirá que el alumnado que quiera estudiar en valenciano lo pueda hacer realmente y el uso del valenciano como lengua vehicular sufrirá un retroceso brutal cuando se aplique”.

“Trasfondo político clarísimo”

En opinión de la organización sindical, “se trata de una ley con un trasfondo político clarísimo, que es arrinconar al máximo la enseñanza en valenciano, no tiene en cuenta el contexto sociolingüístico y da por hecho que el valenciano y el castellano están, socialmente, en igualdad de condiciones, cosa que es totalmente falsa”.

Por otro lado, “se elimina el requisito de capacitación en valenciano al profesorado de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas, a pesar de que se dice que se regulará posteriormente el uso vehicular de las lenguas en estas enseñanzas”.

También critica STEPV que el alumnado podrá elegir la lengua de las pruebas, lo que “también perjudica el valenciano, como lengua minorizada”. Igualmente, se otorgarán certificados de niveles de valenciano al alumnado que supere la asignatura de Valenciano, “como si el sistema educativo fuera un centro de expedición de certificados”, afean.

En la misma línea, el sindicato cree que la propuesta de ley “se olvida deliberadamente de uno de los objetivos de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, como es el dominio en igualdad de condiciones de las dos lenguas oficiales por parte del alumnado, hecho que con esta propuesta es totalmente imposible de cumplir”.