“Para la formación de las explanadas serán necesarios 19 millones de metros cúbicos de material de relleno, procedentes de las siguientes fuentes: dragado de la nueva dársena, dragados de profundización adicional en la zona central de la nueva dársena, dragado de la ampliación en curso del Puerto de Sagunto, dragado de zonas exteriores (50-60 m de profundidad), dragados de puertos argelinos, canteras en el entorno de la ciudad, y obras y demoliciones en el entorno urbano de Valencia”.
Así reza la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) referente al primer proyecto de ampliación norte del Puerto de València que data del año 2007 y que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) mantiene que sigue siendo válido en la actualidad, pese a las modificaciones sustanciales que se han introducido en la configuración de los muelles.
Tan importantes han sido los cambios que, según el pliego de prescripciones técnicas del nuevo proyecto, los volúmenes de dragado “estarán en el entorno de los 21,5 millones de metros cúbicos y los de los rellenos en el entorno de los 23 millones”, es decir, cuatro millones de metros cúbicos más de lo establecido por la DIA.
Precisamente, la conveniencia de solicitar una nueva evaluación ambiental ha generado un encontronazo de la Autoridad Portuaria de València (APV) con el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, tal y como quedó evidenciado en la reunión mantenida este miércoles por sus diferentes representantes.
La APV mantiene que legalmente no es necesaria una nueva DIA porque las modificaciones que se han realizado sobre el proyecto inicial están en el interior del perímetro de los diques de abrigo.
Sin embargo, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que se pronuncie sobre si procede o no elaborar un nuevo informe ambiental. Además, el acalde de València, Joan Ribó ha asegurado que un estudio jurídico municipal estima que sí que preceptiva una nueva DIA.
Aún así, la APV llevará al Consejo de Administración de este viernes un punto que supone un nuevo paso para avanzar en la adjudicación del proyecto, pese a que la convocatoria electoral y la constitución de un nuevo Gobierno hará que la resolución ministerial sobre si es preceptivo o no realizar una nueva DIA se demore varios meses.
Esto pone en evidencia que la entidad portuaria sigue con la hoja de ruta marcada y no esperará al pronunciamiento ministerial para aprobar el proyecto.
Principales cambios en el proyecto de ampliación
La ampliación norte implica una inversión de unos 1.200 millones de euros: unos 400 millones en aportaciones de la APV y entre 800 y 900 millones de euros de aportaciones privadas. Su espacio tendrá capacidad para unos 5 millones de contenedores y está concebido para hacer frente al tráfico de contenedores esperado en el horizonte de 2050.
Como avanzó eldiario.es, la construcción de la nueva terminal de contenedores ha supuesto una modificación del proyecto inicial al trasladarse la terminal de cruceros a los astilleros de Boluda, eliminar un contradique y prolongar 500 metros el actual dique de abrigo.
Pese a estos cambios, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) descarta realizar una evaluación de impacto ambiental al considerar que legalmente no es preceptivo y que la elaborada en el año 2007 cuando se presentó el proyecto sigue siendo válida.
El traslado de la terminal de cruceros de la ampliación norte a los antiguos astilleros de Boluda supondrá otorgar al presidente presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) una concesión administrativa de 35 años para la ocupación de 4.700 metros donde construirá dos torres de oficinas y una zona de aparcamientos.
Este ha sido el peaje que ha tenido que pagar la APV para recuperar los terrenos que Boluda tenía en concesión hasta el año 2027, pese a que ya hace años que no se utilizan para construir o reparar barcos.