1 de cada 5, 70% y 3 de 4. No se apuren. No son las cifras de un problema matemático, sino el triángulo numérico que muestra con mayor claridad el poder omnímodo de Enrique Ortiz en Alicante: 1 de cada 5 euros del dinero público de los alicantinos es destinado a pagar las contratas de Ortiz; el 70 % del suelo urbanizable de la ciudad es propiedad del “Jefe” de la trama Brugal; y 3 de las 4 grandes contratas del ayuntamiento han sido otorgadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por el empresario.
Unas concesiones que en la actual legislatura de la popular Sonia Castedo –doblemente imputada por favorecer supuestamente al promotor Enrique Ortiz- han presentado diversas anomalías, según los informes de la Sindicatura de Comptes. La prevalencia de los criterios subjetivos, el “despreciar el criterio precio” y la tendencia a que solo una empresa concurra a la licitación, son algunos de los aspectos destacados por el órgano fiscalizador.
Situación, que a juicio del organismo de control, ha sido bastante generalizada. Para muestra, un dato: la mitad de los contratos otorgados por el ayuntamiento de Alicante en el periodo 2011-2013 no han tenido competencia y se han concedido a la única empresa que se ha presentado al concurso. Hecho que a tenor de la situación económica y con la seguridad que otorga a una empresa obtener una contrata de la administración pública resulta extraño.
Sin embargo, estas anomalías resultan aún más polémicas si de por medio está el empresario de cabecera de la alcaldesa, Enrique Ortiz. Estas son las sospechas y las rarezas que encierran las tres grandes contratas otorgadas al empresario investigado por financiar supuestamente de forma ilegal al Partido Popular valenciano.
Basura a precio de oro
Las sombras que prevalecen sobre la contrata de limpieza y recogida de la basura son múltiples. La denominada como contrata del siglo fue otorgada en 2013 por el consistorio alicantino a una UTE integrada por FCC, Cepsa y Grupo Cívica, el conglomerado presidido por Ortiz. El montante del contrato ascendía a 435 millones de euros y se concedía para un periodo de 12 años. La unión de empresas, ahora con mayor presencia de Ortiz en la UTE, volvía a obtener la adjudicación dada por vía de urgencia.
Una contrata donde el 45% de los puntos eran decididos por criterios subjetivos y que se concedía de forma particular, al ser esta unión de empresas la única que se presentó al concurso. Una singularidad defendida por el concejal encargado de acordar la licitación, el vicealcalde Andrés Llorens –imputado en el caso de la Plaza Magallanes-, con el argumento de que las condiciones del pliego eran duras. El PSPV, en cambio, tachaba el proceso de “traje a medida de Ortiz”, criticaba que el precio limitaba la competencia de otras empresas y ponía en manos de la justicia la contrata.
La denuncia destacaba que se adjudicara el contrato en la modalidad de “gestión de servicios” y no como “servicios”, lo que ahorraba mayor control a la UTE y que no se publicara en el Boletín de la Unión Europea. Precisamente, la adopción de esta modalidad fue calificada como error ante el juez por parte de Sebastián Chicote, el técnico encargado de elaborar el pliego.
Además, el funcionario criticó la limitación de la rebaja al 1% en el precio de la concesión (cuando suele oscilar del 5 al 10%) y culpó de ello al jefe de servicio de la concejalía de Atención Urbana, Javier Maestre. También, señaló a Maestre y a la mano derecha de Castedo, Llorens, como firmantes de los documentos que encerraban anomalías. Pese a las irregularidades denunciadas por el PSPV, la jueza desestimó el recurso. Su argumento: que estas anomalías se hubieran tenido que denunciar para ser admitidas durante el proceso de adjudicación.
Pero, las sombras no acaban aquí. Hay más. El pliego estimaba que la UTE debía realizar tres turnos de recogida de basura. No obstante, debido a la previsión de acoger residuos provenientes de otros ayuntamientos, si estos superaban las 5.000 toneladas al mes, la empresa podía crear un turno nocturno, como es el caso. ¿El resultado? Que a Ortiz le sale rentable recibir cuando más basura mejor, ya que así se asegura un dinero extra proveniente del consistorio sin apenas coste adicional por realizar otro turno.
Pagos extras, que a su vez, no son singulares a esta circunstancia. El ayuntamiento ha abonado durante años los pagos de la anterior contrata de la basura que también poseía el cabecilla de Brugal a través de procedimientos extraoficiales cada tres meses, calificados de irregulares por los interventores. Asimismo, los alicantinos también han asumido sobrecostes en la contrata -derivados del turno nocturno de recogida de la basura- , pese a que el Ministerio de Hacienda considera estos pagos en ayuntamientos intervenidos –como el de Alicante-un “incumplimiento de ley”. El último sobrecoste se aprobó en el pasado pleno. Estaba cifrado en 3,2 millones de euros.
Una basura que además de recogerla, Ortiz también la almacena, ya que es el propietario de la concesión que gestiona el vertedero municipal de Fontcalent. Una planta de la cual gana por los extras de la gestión 4,5 millones de euros y otro millón al poder vender la energía generada en las instalaciones, al autorizar el gobierno municipal esta actividad en el vertedero.
Bajo la guadaña de la justicia
Otra de las grandes contratas que posee el todopoderoso empresario natural de Huesca es la del mantenimiento del cementerio. Una adjudicación polémica, con antecedentes y que desde hace tiempo se encuentra bajo la guadaña de los tribunales.
En 2007, Ortiz fue el ganador de esta contrata. Sin embargo, se topó con la justicia, ya que esta dictaminó que Victor López, técnico municipal ya jubilado, había dado a dedo el contrato. Se daba la casualidad que los hijos de López trabajaban para la empresa Inusa (participada por Ortiz), la cual ya había conseguido hacerse con el contrato en el año 2000. La concesión la dio entonces el propio López, en un proceso donde el 80% de los puntos se obtenían por criterios subjetivos.
Pero, la sentencia judicial no paró las aspiraciones del constructor, ni el empeño del ayuntamiento. Llorens, implicado en varias causas, volvió a sacar a concurso el contrato, designó a López otra vez como responsable del pliego y la contrata volvió a recaer en las manos de Ortiz. Esta adjudicación concedida a la oferta más cara, esta investigada por la justicia, después de que una de las empresas perdedoras denunciara un presunto trato de favor al empresario. Uno de los técnicos municipales imputados señaló ante el juez que Llorens fue quién le instó a elaborar el informe favorable a Ortiz.
A pesar de estar bajo investigación judicial, el servicio ha sido prestando fuera de contrato desde entonces por Ortiz. Además, el ayuntamiento ha redactado un nuevo pliego en el que dobla el precio de la licitación y se observa una prevalencia de los criterios subjetivos sobre los económicos, según reveló El Mundo.
Contrata subjetiva con postre
La tercera gran contrata que tiene en su haber Enrique Ortiz es la de la limpieza de colegios y dependencias municipales, cifrada en 36 millones de euros. Otorgada en noviembre de 2012, la oferta presentada por el imputado en el caso Gürtel fue la más cara y ganó al obtener una valoración casi perfecta en los puntos dados por criterios subjetivos -47 de 50, casi el doble que su principal rival.
Una adjudicación que también tiene antecedentes plagados de sombras. La concesión por este servicio ganada por Ortiz en 2008 tuvo polémica, ya que la otra aspirante, Clece –filial del grupo propiedad del magnate Florentino Pérez- quedó excluida. El consistorio argumentó entonces que la oferta del actual presidente del Real Madrid variaba “sustancialmente el modelo de proposición establecido”.
A los dos meses de la concesión–según se deprende de los pinchazos de la policía en el marco de la investigación del caso Rabassa- el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, junto con el técnico municipal, Víctor López, celebraron una comida con Enrique Ortiz. Otra anomalía más que arroja sombras sobre las grandes contratas ganadas por el empresario de cabecera, según las investigaciones policiales, de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.