Anticorrupción acepta que Blasco pague su responsabilidad civil por el fraude en Cooperación con un bajo propiedad de su hijastra
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado en la segunda jornada de cuestiones previas del juicio del caso Blasco que ha alcanzado pactos de conformidad con 17 de los acusados, entre ellos los tres principales: el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el exjefe de área Marc Llinares. A estos tres acusados se les reclaman 3,5 millones de euros de responsabilidad civil por el saqueo de los fondos de cooperación y por las aportaciones declaradas se quedan bastante lejos del dinero desviado, si bien el Tribunal de Cuestas tiene otro proceso abierto.
En el caso de Rafael Blasco, principal imputado, la Fiscalía Anticorrupción reduce su petición de pena de cárcel de 16 años a 3 y medio a cambio de la entrega de un bajo comercial. Llama la atención que el inmueble no es, según escritura, de su propiedad, sino de Débora Salom Císcar, hija de su mujer, la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar, también imputada en un caso de corrupción. Débora Salom está casada con Sergio Blasco, sobrino y mano derecha del exconseller.
El bajo se encuentra en la calle de Martí de Valencia y, según ha asegurado el letrado de Blasco Javier Boix, tiene un valor comercial de 600.000 euros y la última tasación lo fijaba en un precio de más de 400.000 euros. Pero Blasco no ofrece el dinero del inmueble, que tiene inquilinos y una hipoteca de 13.400 euros, sino que ofrece a la Generalitat la posibilidad y derechos de venderlo. Esta prerrogativa ha sido aceptada por la Fiscalía Anticorrupción.
No ha sido mayor la aportación de Augusto César Tauroni aceptada por la Fiscalía. El Ministerio Público reducirá la petición de pena del empresario a cambio de los dos inmuebles de Miami comprados con fondos de cooperación. Ambas propiedades están a nombre de una sociedad y una de ellas con una hipoteca con un banco estadounidense, con la dificultad de venta que eso supone para la Generalitat.
En el caso de Rafael Blasco, el Tribunal de Cuentas tiene abierto un proceso contable contra su persona y los otros servidores públicos en el que se le embargó la mansión de lujo del exconseller en la Barraca d'Aigües Vives. Este embargo ha impedido que pudiera donar su residencia para la conformidad con la fiscalía aunque su valor se queda muy lejos de los 3,5 millones solidarios. Nada se dice en el acuerdo de Anticorrupción de las numerosas obras de arte que había en el domicilio del expolítico.
Llama la atención que Blasco utilice un inmueble de su hijastra Débora Salom. Junto a Rafael Blasco, Sergio Blasco y Consuelo Císcar tienen en su propiedad 51 propiedades, según reveló el programa de À Punt El Clan Blasco. En total, una extensión equivalente a 37 campos de fútbol como el de Mestalla. Un verdadero imperio familiar.
En las cuestiones previas las defensas han planteado que en el juicio que se celebra en la Audiencia de Valencia no se puede dirimir la responsabilidad civil de los acusados porque hay en estos momentos un proceso abierto por responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas. El fiscal Anticorrupción, la Abogacía de la Generalitat y la acusación particular ejercida por la Coordinadora de ONGD se han opuesto por diferente motivos.
Las acusaciones han cerrado otros acuerdos de conformidad de manera conjunta. Así, de los 23 procesados por el saqueo de los fondos de cooperación, la Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora de ONGD han pactado con cinco de los empresarios comisionistas: Luís Freire, Carlos Andrés Chust, Miguel Ángel Climent Estruch, Alberto Pampín y Rosa María Castelo Otero. Están a punto de cerrar acuerdo con José Bollaín, uno de los fundadores de la falsa ONG Fundación Hemisferio, instrumento principal de la trama para defraudar.
Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat han pactado con los xaltos cargos Josep María Felip y Agustina Sanjuan; con los empresarios Alfonso Navarro y María Isabel Castillo y con el presidente de Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder Flores. En el caso de Felip el acuerdo supone devolver 15.000 euros a la Generalitat.
Todos los demás acusados deben devolver en dos tramos, un 10% y un 15%, alrededor de 1,2 millones de euros.
