La Fiscalía Anticorrupción ha decidido pedir la imputación del expresidente de la Generalitat Francisco Camps por prevaricación y fraude dentro de la investigación reabierta en la Audiencia Nacional por los contratos del Gobierno valenciano con Orange Market, la empresa financiadora del PP valenciano. Camps se enfrenta a su cuarta imputación, la primera sobre Gürtel después de que saliera absuelto en la causa conocida como de los trajes.
La Audiencia Nacional había solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que moviera ficha en la investigación, puesto que el delito de prevaricación prescribía a final de año. El movimiento ha sido pedir la imputación del político valenciano. Los investigadores se basaron en las declaraciones del juicio que condenó a Ricardo Costa y a la trama corrupta para abrir una nueva investigación en la que incluye que los pagos al PP se habrían realizado a cambio de contratos públicos a la empresa Orange Market.
La Fiscalía Anticorrupción remitió el pasado septiembre un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que reabriera la pieza de Gürtel sobre Orange Market después de que Ricardo Costa revelara durante el juicio de forma inesperada que fue Camps quien decidió contratar a la empresa de Álvaro Pérez para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
El líder de Gürtel, Francisco Correa, dijo en ese mismo juicio que los contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.
Para el tribunal que ordenó la reapertura de las investigaciones, de esta confesión “se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana”.
En ese juicio sobre la financiación irregular del PP valenciano, Dora Ibars declaró en calidad de testigo y aseguró que no se reunió “con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos”.
Sin embargo, tras lo dicho por Costa, Correa y Pérez la Sala de lo Penal ordenó reabrir la pieza 5 en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.
En segundo lugar, la Fiscalía acusaba a Ibars por hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.