La Fiscalía Anticorrución acusa de delitos relacionados con la corrupción al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortíz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado este miércoles por el caso Brugal. Solicita 16 años de prisión y multa de un millón de euros para Ripoll, que también fue vicepresidente de la Generalitat a las órdenes de Eduardo Zaplana, idéntica pena para Fenoll, el capo de las basuras, y 17 años y 300.000 euros de multa para Ortiz, contratista habitual de las administraciones controladas por el PP.
En este sumario se juzgarán delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias por el amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela (Alicante), en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.
Según el auto de procesamiento dictado en febrero por el juez que investiga el caso, “ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada” en torno a cinco empresarios que contaron con “la ayuda y la colaboración directa e información de investigados con diversos cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Provincial de Alicante”, para “obtener favores” de la corporación provincial y de los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada.
Todo, “mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones, y en concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005 de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana”.
La jugada, según la investigación policial, se hizo a tres bandas. Ripoll adjudicó a principios de 2008 la contrata de recogida de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, concesión pactada entre los empresarios Ortiz y Fenoll y el presidente de la Diputación. Ripoll presuntamente adjudicaba el vertedero a una empresa de Ortiz a cambio de que este comprara unos terrenos de Fenoll valorados en cuatro millones y comprados por el 'capo de las basuras' por 800.000 euros.
Un acuerdo, que también según la investigación, contemplaba la entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Las dádivas para lograr el contrato millonario del basurero consistieron en dos viajes organizados por Ortiz y por el empresario Rafael Gregory -también imputado- a bordo de dos yates propiedad del empresario a las islas Baleares.