La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se beneficie del tercer grado. Y por eso, ha recurrido la decisión que tomó esta semana la juez de vigilancia penitenciaria del Juzgado número 3 de Madrid de concederle esta prerrogativa al entender que el comportamiento del interno “ha evolucionado favorablemente”. Fabra cumple cuatro años de condena por defraudar al fisco cerca de 700.000 euros.
El Ministerio Público pretende con este escrito de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid la revocación del tercer grado al exdirigente del PP. La decisión de la juez se tomó en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión del Aranjuez y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La magistrada fue sancionada por presionar para beneficiar al empresario Mario Conde, detenido durante estos días por esconder en el extranjero el dinero saqueado de Banesto. Pese al recurso, la aplicación del tercer grado es inmediata, según consta en el auto de la juez.
El fiscal argumenta para recurrir la decisión de la juez es la gravedad de los delitos fiscales por los que fue condenado, que no ha cumplido su compromiso de pago de responsabilidad civil y que su pronóstico de reincidencia “es medio alto”. A juicio de Anticorrupción, su buena conducta en prisión y su apoyo familiar no son “datos indicativos ni relevantes que justifiquen la progresión de grado al ser habitual en quienes cometen este tipo de delitos”.
La juez, en cambio, daba cinco razones para concederle esta medida de gracia a Fabra. Que el interno ha evolucionado favorablemente; que ha abonado su responsabilidad civil; que tiene una condena corta; que tiene más de setenta años; y que hay poco riesgo de reincidencia. A Fabra le quedan aún dos años más de cárcel: ingresó en diciembre de 2014 en una prisión que contaba con una piscina y 60 habitaciones de 'vis a vis'.