La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido archivar las diligencias de investigación penal abiertas por la financiación de Compromís a raíz de una denuncia del PPCV en la que esta formación cuestionaba el destino de fondos electorales y sus fuentes de ingresos en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015.
El PPCV presentó una denuncia el pasado 5 de octubre contra la formación política Compromís (Bloc-Iniciativa-Verds) por un presunto delito de apropiación indebida de fondos electorales y otro delito electoral por falseamiento contable.
En el momento en que se conoció la apertura de las diligencias de investigación, a finales de octubre, el portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, calificaba la decisión de “trámite para pedir información” y defendía que el Tribunal de Cuentas no veía ningún problema con las cuentas de Compromís. “La mejor muestra es que no se reduce la subvención que se nos otorga”, argumentaba.
La denuncia del PPCV se sustentaba en un informe del Tribunal de Cuentas en el que, según los 'populares', se ponía de manifiesto “una serie de irregularidades”. Entre ellas, alertaba de que se habían pagado gastos de naturaleza no electoral por importe de 159.337,66 euros, de los que 64.213,90 correspondían a gastos por operaciones ordinarias y 95.123,76 euros a gastos por envíos de propaganda electoral.
Así mismo, indicaba que se habían realizado pagos fuera del plazo de 90 días por importe de 3.017,16 euros; y señalaba que existía un saldo insuficiente en la cuenta bancaria electoral con el que hacer frente a la deuda con proveedores que estaba pendiente de pago y que ascendía a 789.194,66 euros.
Además, según recoge la denuncia, se apreciaba que los recursos declarados eran “a todas luces insuficientes” para hacer frente al gasto electoral declarado -396.000 euros frente a un millón-, por lo que estiman que se han tenido que emplear otros recursos no declarados para el pago de los gastos de la campaña electoral.
De ello el PPCV infería que se había destinado fondos electorales, percibidos como subvención o como aportaciones, al pago de gastos que no tienen naturaleza electoral. Además, agregaban que la contabilidad electoral no recogía el modo o manera en que se habían pagado los cerca de 800.000 euros que se declaran como pendientes de pago a proveedores, “ocultando la procedencia de los fondos destinados a tal fin e impidiendo que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar si tales recursos tienen una procedencia lícita acorde con la ley”.