“En defensa del territorio ante los nuevos retos del cambio global”

Cuando finaliza la segunda década del siglo, y nuestro país comienza a superar una de las más graves crisis económicas de los últimos tiempos, parece oportuno reafirmar los valores y principios del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio de 2006. El territorio es un bien no renovable, complejo, frágil, con valores ecológicos, culturales y patrimoniales únicos que están por encima de su valoración económica, y que precisa de una gestión responsable y ser planificado de acuerdo con principios de sostenibilidad desde la esfera pública. Todo ello con objeto de favorecer el acceso a la vivienda, la planificación y el trazado racional de las infraestructuras, el desarrollo equilibrado de los asentamientos y el fortalecimiento y activación del sistema de espacios abiertos. La eficiencia económica, la justicia social y la sostenibilidad ambiental siguen siendo principios esenciales que deben orientar la planificación y gestión del territorio. Los cambios socio-económicos acelerados a los que asistimos y las grandes transformaciones asociadas al proceso –muy a menudo irracional y profundamente insolidario- de cambio global plantean nuevos retos a la gestión del territorio que se deben afrontar de manera perentoria.

Desde la aprobación del Manifiesto, nuestro territorio ha pasado de experimentar una de las etapas de transformación más radical e irracional por el volumen alcanzado de superficie sellada a una caída brusca de la actividad inmobiliaria debido al final del “boom” del ladrillo. La recesión económica vivida en los últimos años se ha visto agravada en el caso español por los efectos financieros de la burbuja inmobiliaria y su estrecha relación con el sector bancario (crisis y reordenación de las entidades financieras), lo que conllevó la decisión del gobierno de optar por un rescate millonario, en detrimento de la sociedad española, para evitar consecuencias que se temían aún más graves.

La geografía española, en colaboración con otros profesionales del territorio, alertó de los efectos perversos de la burbuja inmobiliaria y, en una addenda al Manifiesto publicada en 2009, de la pérdida de oportunidad que estaban suponiendo los años de crisis para la planificación futura de los territorios con criterios radicalmente distintos a los que presidieron aquel proceso por la falta de decisión política para desarrollar normativas y activar procesos de ordenación territorial bajo nuevas visiones y objetivos.

En los últimos años se han producido una serie de acontecimientos que crean nuevas realidades y que merecen reflexión y acción para actuar evitando que se cometan los errores que ocasionaron un crecimiento irracional de superficie sellada, de despilfarro de recursos y de deterioro de la calidad y el carácter de los paisajes. La evolución reciente de la economía española, aun a distancia de superar la crisis, manifiesta signos de mejora que no se plasman en el bienestar social, ni en la disminución de las desigualdades económicas. En este contexto, surgen voces desde colectivos relacionados con la transformación urbanística del territorio que señalan a la actividad inmobiliaria como vía principal y única para recuperar los niveles de crecimiento económico y de empleo anteriores a la crisis económica. Comprobamos con preocupación cómo amplias capas de la sociedad española se mantienen ancladas en estos principios del crecimiento económico a cualquier precio, de urbanismo a la carta. Salvo algunas iniciativas recientes impulsadas desde la escala regional y local, sigue presente la misma dinámica de degradación del territorio como generador de riqueza fácil y especulativa. No parece, en el contexto actual, que la crisis económica haya supuesto un punto de inflexión, una lección aprendida.

Desde 2006 se ha asistido a cambios importantes en la normativa y procedimientos de la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Se han actualizado y mejorado los requisitos necesarios para un desarrollo territorial sostenible, recogidos en la legislación estatal y autonómica del suelo, medio ambiente y ordenación del territorio, en especial en la escala metropolitana. Otra cuestión es el grado de adaptación a las diferentes escalas administrativas, de coordinación entre niveles de gobierno y del cumplimiento estricto de los procedimientos exigidos (paisaje, agua, riesgos, capacidad de carga, infraestructura verde, franja litoral) que no resulta satisfactoria en todos los territorios españoles. En este sentido es fundamental el compromiso de inversión y esfuerzo presupuestario que conllevan estas políticas, así como la adecuada implementación de las tecnologías de la información geográfica que las sustentan.

Bien es cierto que asistimos a unos años en los que, salvo contadas excepciones como estrategias autonómicas de Ordenación del Territorio o directrices específicas, se ha producido un parón en la formulación y aprobación de instrumentos de ordenación territorial. La crisis económica y el descenso de la actividad inmobiliaria no puede presentarse como causa única y principal de esta situación. La falta de iniciativa política ha ayudado, tanto o más, a la coyuntura. Parece como si la planificación territorial, proceso siempre complejo, “molestase” a la política en los últimos años que se ve incapaz de activarla bajo los nuevos supuestos que implican, incluso, las normativas aprobadas. El necesario avance ante los retos planteados se ha vuelto, en muchos territorios, en un retroceso ante la carencia de una apuesta clara por las políticas territoriales.

Por todo ello, como profesionales de la geografía y como ciudadanos, consideramos que se debe reiterar la importancia del conocimiento, la ordenación y la gestión del territorio. Este debe ser considerado un elemento básico de la estructura ambiental de los países, el escenario de desarrollo de las sociedades, el ámbito de redistribución de la riqueza y el bienestar, así como la plasmación visible de los principios que deben regir las sociedades democráticas.

La globalización de los procesos económicos, la mejora en las comunicaciones, la pérdida de la dependencia del espacio físico como elemento condicionante de la implantación industrial y comercial, conlleva cambios territoriales que van a obligar a repensar la asignación y el propio valor económico de usos del suelo. Ello comporta la necesidad de un designio colectivo y un liderazgo público en los procesos de transformación y ordenación territorial. Esta necesidad debe concretarse en políticas aplicadas en todos los niveles de escala: municipal, metropolitana, regional, estatal y europea.

La planificación de escala supramunicipal resulta especialmente idónea para superar las visiones locales y de corto plazo de la ordenación urbana municipal. Los procesos de “metropolitanización” que se viven, de facto, en muchos territorios, o la consolidación de grandes conurbaciones litorales, no pueden permanecer en el estricto ámbito de decisión municipal. Las administraciones autonómicas deben fomentar procesos de planificación territorial que integren de manera efectiva las escalas verticales y horizontales y que preserven la conectividad ecológica y funcional, en consonancia con los nuevos retos que impone la globalización.

A ello se une, como principio rector de las actuaciones territoriales en los próximos decenios, la necesidad urgente de adaptar el espacio geográfico a los efectos del proceso del cambio climático, que se manifiesta de forma cada vez más evidente. La obligación colectiva, en un proceso de transición ecológica y energética, de hacer territorios y ciudades resistentes y resilientes al calentamiento global, donde se primen las formas de movilidad sostenible y nuevas políticas de gestión del agua y de producción de energía limpia, se promueva la vitalidad de los territorios rurales sobre la base de su multifuncionalidad y su capacidad productora de alimentos de calidad, favoreciendo la re-conexión entre ciudades y espacios periurbanos, se impulse la creación de zonas verdes de amplia extensión y el incremento de arbolado en las calles y plazas en la búsqueda del confort climático para la vida cotidiana, son cuestiones ineludibles a partir de ahora en la planificación territorial y urbana.

A la vista de lo que indican recientes informes sobre los previsibles y profundos efectos del cambio climático en la Europa del Sur para el futuro de los territorios, la adaptación al cambio climático debe fundamentar políticas y prácticas de planificación ambiental y económica. Nuestro país no puede quedar al margen de estos nuevos procesos de adaptación de los territorios al calentamiento global que, por el contrario, deben convertirse en principios rectores de la ordenación del territorio.

A pesar de la mejoría de las cifras macroeconómicas y la recuperación de los niveles de gasto y consumo, sigue siendo patente la brecha de desigualdad económica existente en la sociedad española, agravada en los años de la crisis. Los resultados del crecimiento de la actividad económica no han llegado a todas las capas sociales, en especial a las más vulnerables y a los jóvenes, generando procesos de segregación social y residencial, bolsas de pobreza y dificultad en el acceso a la vivienda y a los servicios sociales y sanitarios básicos. El incremento de los alquileres en pisos y apartamentos que se evidencia en muchas ciudades españolas no hace sino agrandar las desigualdades sociales y obstaculizar, aún más, el acceso a la vivienda de amplias capas de la población. La garantía por parte de los poderes públicos del derecho a la vivienda se convierte, sin duda, en el reto principal de la planificación territorial y urbanística de los próximos años.

En contraste con los territorios de la urbanización, pero de capital importancia para el espacio geográfico y la sociedad en su conjunto, urge la elaboración de estrategias de desarrollo y medidas específicas y urgentes para los territorios de la despoblación rural, de baja densidad y en proceso de despoblación, donde la pérdida de valor económico de algunas modalidades de agricultura, el deterioro de determinados servicios públicos y un proceso grave de envejecimiento demográfico hacen difícil el mantenimiento de la población, la viabilidad de las explotaciones agropecuarias y la vitalidad de sus paisajes. La apuesta por los valores ambientales y patrimoniales de estos espacios, ligados a su fundamental misión de producción de alimentos y materias primas de calidad, apoyados con iniciativas bien fundadas de promoción del desarrollo local, resultan prioritarias para el futuro de estos territorios que tantos servicios ecosistémicos y paisajísticos aportan a la sociedad. La brecha digital, es otro de los temas a considerar aplicando acciones, normas y políticas acordes con las necesidades reales de estos territorios, donde la dimensión de lo local -sin recetarios y con verdadera voluntad de solucionar los problemas-, es cada vez más fundamental.

Diferentes colectivos han denunciado la relajación existente en el cumplimiento de las obligaciones de incorporar estudios y cartografías específicas en los procesos de evaluación de la sostenibilidad ambiental y territorial, en particular los relacionados con los mapas de riesgo natural y con los informes de abastecimiento de agua (legislaciones del suelo estatal y autonómicas) en las propuestas de transformación urbanística del suelo. Resulta inconcebible, en este nuevo contexto, la vuelta, por ejemplo, a paradigmas de planificación hídrica basados en la satisfacción permanente de nuevas demandas, unos planteamientos que se creían superados, entre otras razones, por los compromisos adquiridos por las administraciones públicas tras la trasposición de la Directiva Marco del Agua. La gestión sostenible del territorio debe apostar, como principio irrenunciable, por la gestión de la demanda de agua integrada en una planificación racional de los usos del suelo.

El paisaje se presenta como un instrumento idóneo en la planificación territorial y urbanística que permite superar el sistema actual de valoraciones parciales del espacio geográfico y de asignación de usos (categorías de suelo), otorgando una visión global que impida procesos de especulación económica del territorio. La correcta gestión del paisaje es un indicador de la valoración social de la calidad del territorio. De ahí que sea necesaria una apuesta decidida por las políticas del paisaje y de infraestructura verde del territorio, especialmente en los espacios litorales, la cual se presenta como una oportunidad de disponer de instrumentos de ordenación del territorio más estructurantes y ágiles que conecten las diferentes escalas espaciales y los niveles de administración política, con un protagonismo destacado de la participación social.

Resulta necesaria la elaboración de indicadores de seguimiento de calidad y sostenibilidad que permitan evaluar la correcta gestión del territorio. La inteligencia territorial que se ha añadido como paradigma en la gestión de los espacios geográficos supone avanzar en la planificación sostenible con la aplicación de mecanismos que minimicen el impacto sobre los recursos naturales y en el funcionamiento de las sociedades ante la aparición y expansión de nuevos usos del territorio derivados del proceso de globalización.

Los nuevos territorios del cambio global que se están gestando en los últimos años, deben incluir la equidad y la justicia ambiental, la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, la activación del patrimonio territorial y la transparencia en los procesos administrativos como objetivos fundamentales de su planificación y gestión. En ese sentido, no puede olvidarse tampoco que nuestro país tiene un compromiso ineludible con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (horizonte 2030) de las Naciones Unidas, cuyos principios y concreción tienen plasmación directa en el espacio geográfico, pudiéndose cumplir sólo con medidas de planificación racional y sostenible del territorio.

Afrontamos unos años fundamentales para los territorios. Recordando a Vitrubio, los territorios deben ser útiles, bellos y sostenibles. De la manera inteligente en que se planifique su futuro dependerá el mantenimiento de sus valores ambientales y la calidad de vida de las sociedades que los habitamos.

*Asociación de Geógrafos Españoles y Colegio de Geógrafos

Cuando finaliza la segunda década del siglo, y nuestro país comienza a superar una de las más graves crisis económicas de los últimos tiempos, parece oportuno reafirmar los valores y principios del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio de 2006. El territorio es un bien no renovable, complejo, frágil, con valores ecológicos, culturales y patrimoniales únicos que están por encima de su valoración económica, y que precisa de una gestión responsable y ser planificado de acuerdo con principios de sostenibilidad desde la esfera pública. Todo ello con objeto de favorecer el acceso a la vivienda, la planificación y el trazado racional de las infraestructuras, el desarrollo equilibrado de los asentamientos y el fortalecimiento y activación del sistema de espacios abiertos. La eficiencia económica, la justicia social y la sostenibilidad ambiental siguen siendo principios esenciales que deben orientar la planificación y gestión del territorio. Los cambios socio-económicos acelerados a los que asistimos y las grandes transformaciones asociadas al proceso –muy a menudo irracional y profundamente insolidario- de cambio global plantean nuevos retos a la gestión del territorio que se deben afrontar de manera perentoria.