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EL CLAN BLASCO

Un artista que expuso en el IVAM reconoce que regaló cuadros a su directora imputada

Laura Martínez

Valencia —
5 de abril de 2019 22:20 h

Dicen conocidos líderes de la política valenciana que el matrimonio entre Rafael Blasco y Consuelo Císcar era el auténtico eje del mal. Ambos habían desarrollado parte de su vida política en el Partido Socialista y cambiaron su chaqueta y sus siglas por las del Partido Popular. Bajo esta marca fueron creciendo en las instituciones valencianas, sueldo público tras sueldo público, hasta llegar a la cima.

Mientras Rafael Blasco se aupaba como máximo responsable de las consellerías, su esposa, Consuelo Císcar, lo hacía en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Mientras el primero saqueaba los fondos destinados a Cooperación -por lo que ha sido condenado a seis años de prisión-, se investiga si su mujer hizo lo propio con los fondos públicos destinados a la Cultura valenciana.

Císcar fue responsable del museo durante una década, entre 2004 y 2014 y la relación con sus proveedores no fue del todo limpia. Entre los corrillos de artistas y prensa especializada había un rumor constante: para exponer en el IVAM, había que hacerlo primero en las paredes del salón de Císcar. La directora exigía una suerte de impuesto revolucionario, que luego se veía recompensado económicamente y con proyección. Hasta ahora, ningún artista había reconocido en público haber regalado obras a la familia.

El reportaje de À Punt sobre el Clan Blasco, que emite este viernes su segundo episodio, desvela el testimonio de uno de los artistas fetiche del IVAM: Antonio de Felipe. Su representante reconoce a los investigadores que los cuadros que cuelgan en el salón de una de las propiedades de la familia fue un regalo personal del autor.

Antonio de Felipe se considera y promociona como un artista pop “en el más amplio sentido” y sus serigrafías se venden por 500 euros la unidad en su página web. Un conocido artista valenciano, especialmente por sus meninas eclécticas y por la introducción de elementos de mercadotecnia y logotipos en obras de esencia más clásica, admirado por el expresidente Franscisco Camps. Tan admirado que durante su época en la presidencia de la Generalitat parte del gremio de artistas plásticos criticó duramente la adquisición de una decena de sus obras con un sobrecoste de 130.000 euros en el IVAM. Actualmente el artista se encuentra en un litigio judicial con una exempleada de su taller, que asegura que más de 200 cuadros son suyos y no de De Felipe.

El 'caso IVAM'

Císcar está investigada junto a varios subdirectores por varios delitos relacionados con la gestión del museo valenciano; entre ellos, si utilizó fondos públicos para aupar la carrera de su hijo, Rablaci; Rafael Blasco Císcar. En las investigaciones también se pone el foco sobre si la entonces directora utilizó la empresa de transportes del centro para fines personales y si hubo delito en los sobrecostes millonarios que el museo pagó por varias obras.

Uno de los responsables de la investigación es el actual director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Llinares fue administrador del IVAM y elaboró un documento con todas las irregularidades que observó en el museo, que más tarde la Fiscalía transformó en un informe para investigar el caso. Llinares, junto a la Intervención de la Generalitat, levantó las alfombras del centro público y encontró sobrecostes de hasta un 900% en algunas obras, comparando precios de mercado.

Otro caso llamativo en la gestión de Consuelo Císcar en el museo es el de las esculturas de Gerardo Rueda. El IVAM compró como auténticas varias esculturas del autor que se realizaron diez años después de su muerte y se pagaron 3,4 millones de euros del centro público. La Abogacía de la Generalitat pidió que se investigara al hijo del artista plástico por este caso.

El escrito de la jueza de Instrucción 21 de Valencia, que investiga el caso, señala que tanto José Luis Rueda -hijo del artista- como Consuelo Císcar sabían tras la firma del convenio de 2006 que el IVAM debía pagar más de medio millón de euros por la manufactura de las obras por parte de la Fundición Eduardo Capa, empresa impuesta por Rueda. “El IVAM compra obra por hacer que no existía cuando se firman los contratos y que debe ser manufacturada y fundida por un tercero ajeno al artista”, concluye la magistrada.