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El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la pieza separada del 'caso Gürtel' sobre los contratos menores de la trama con la Generalitat Valenciana ha absuelto al expresidente Francisco Camps. Se trata de la última causa judicial de 'Gürtel' a la que se enfrentaba el expresidente popular tras la absolución en el caso de los trajes.
La Fiscalía Anticorrupción ya rebajó la petición de pena para Camps: de los dos años y medio de prisión que solicitaba inicialmente a un año por los presuntos delitos de tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa, además de inhabilitación para el sufragio pasivo.
La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la AN condena a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', al haberse conformado con las penas que acordaron con las acusaciones de hasta dos años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
Por otro lado, el fallo absuelve a los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado y a varios cargos del Gobierno de Camps, como Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Mary Patricia Callaghan Pitlik, María Auxiliadora Hernández Miñana, David Francisco Serra Cervera, Rafael Peset Pérez, María de la Paz Aviñó Primo, Inmaculada García Pardo, Paula de Cubas Carrasco, José Manuel Vidal y Aránzazu Vallés Testera.
En relación con la acusación a Francisco Camps por su participación en las contrataciones de Fitur, la sentencia afirma que “no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión del Sr. Camps en dicha contratación, pero es más no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal”. El fallo destaca que no hubo indicación alguna en sentido de Camps a Dora Ibars, directora general, a quien también se absuelve de las acusaciones.
La sentencia también resuelve sobre el alcance de las relaciones de Álvaro Pérez con Camps y concluye que “más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos, durante Navidades, y que el propio Camps Ortiz fuera a actos de celebración personales del Sr. Pérez, de ello no puede deducirse en absoluto que el Sr. Camps fuera responsable de todos los actos del Sr. Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública”.
El ponente de la sentencia, el magistrado José Antonio Mora, concluye que los altos cargos “no eran responsables, ni tenían el dominio del hecho de los distintos contratos adjudicados a las empresas del grupo Correa, en especial a Orange Market”.
El fallo condena a varios trabajadores de la red Gürtel: Cándido Herrero a ocho años de prisión por los delitos de tráfico de influencias en concurso media con un delito de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, y Mónica Magariños y Felisa Isabel Jordán (ambas a un año y 10 meses y medio de prisión).
También condena a inhabilitación especial para empleo o cargo público a la exdirectora general Silvia Caballé Almela (dos años y medio), y al jefe de gabinete de la exconsellera Alicia de Miguel, Enrique Navarro Alejandro (tres años).
La exgerente de la Fundación Luz de las Imágenes, María del Carmen Díaz Quintero, ha sido condenada a 18 meses de prisión por un delito continuado de falsificación en documento mercantil. Por su parte, la sentencia también condena a Vicente Pablo Farnós de los Santos, ex director ejecutivo de Proyecto Cultural Castellón, a un años de prisión y a a siete años de inhabilitación especial por prevaricación y y malversación.
Enrique José Port Bargués, exjefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y promoción Industrial Valenciana (Sepiva), ha sido condenado a 10 meses de prisión y a dos años y medio de inhabilitación por los delitos de falsificación en documento oficial y prevaricación administrativa.
El juicio oral duró nueve meses, incluyendo varias interrupciones. La AN ha tardado casi siete meses en dictar el fallo. Tres de los cabecillas de la trama —Álvaro Pérez 'El Bigotes, Francisco Correa y Pablo Crespo— alcanzaron pactos de conformidad con Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la pena.