La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a 48 personas por el agujero de 750 millones de euros que generaron los negocios en el Caribe de Bancaja y el Banco de Valencia, ambas entidades liquidadas y cuyos agujeros se taparon con dinero público. La sala de lo Penal del alto tribunal reclama además a los acusados entre 392 y 639 millones de euros por la posibles responsabilidades civiles pecuniarias, según el auto firmado por Diego de Egea Torrón, magistrado del juzgado central de instrucción número 3, y que se ha hecho público este lunes.
Entre los procesados se encuentra el exvicepresidente de Bankia y expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas; una decena de directivos de las entidades financieras afectadas por el agujero; otra decena de empresarios y banqueros y hasta el exsecretario de Finanzas del PSPV-PSOE, José María Cataluña. Los acusados se enfrentan hasta a 6 años de cárcel por diferentes delitos como blanqueo de capitales, apropiación indebida y administración desleal.
Los procesados tiene un plazo de diez días para mostrar su conformidad o disconformidad con la acusación, proponiendo en su caso las pruebas que estimen convenientes. No es posible recurrir el auto. Son acusación la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Bankia Habitat.
Según la instructora de la causa en su auto de procesamiento, Carmen Lamela, los directivos de la caja de ahorros y del banco, los propios empresarios beneficiados -los hoteleros Juan Vicente Ferri , José Salvador Baldó y Juan Poch- y los consejos de administración que permitieron este saqueo son responsables de administración desleal y apropiación indebida. Además, considera la magistrada, algunos directivos y empresarios podrían ser responsables de un delito de blanqueo de capitales al haber utilizado cuentas en Andorra para cobrar comisiones.
La jueza Lamela entiende que “los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado y en detrimento de las entidades a los empresarios del sector hotelero Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”.
Esta operación de vaciamiento de fondos en favor de los empresarios valencianos la habrían dirigido el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y los directores generales Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra.
Según la magistrada instructora, “a los fines de la concesión de créditos -sin justificación ni garantías- colaboraban los gestores de nivel inferior vinculados a Bancaja y Bancaja Habitat Rafael Tomás Codoñer, José Cortina, Julián Dolz,Manuel Setién, Antonio Paños, José Vicente Giner y Juan Miguel Boluda”. Igualmente, apunta la magistrada de la Audiencia Nacional, “también participaron los gestores de Banco de Valencia Alfonso Carlos Monferrer y Juan Carlos Zafrilla”.
Respecto a los diferentes consejos de administración de Bancaja que supervisaron estas operaciones entre los años 2005 y 2009, la jueza Lamela considera que “permitieron las operaciones descritas, en claro menoscabo de la entidad”.
Así, en la lista de consejeros procesados por los pufos en México se encuentra el que fuera presidente de la patronal autonómica Cierval Rafael Ferrando -propuesto por el PP-; el exsecretario de Organización del PSPV José María Catalunya -cuota PSPV-PSOE-; el exdirector general de Trabajo de la Generalitat socialista Eduardo Montesinos Chilet -cuota PSPV-PSOE-; el empresario propietario de Gerocentros del Mediterráneo y padre de una fallera mayor de Valencia, Arturo Alario; o Juan Antonio Pérez Eslava, del sindicato mayoritario en Bancaja SATE.
Ferri y Baldó pagaron a Olivas hasta 14 viajes a Cuba
La magistrada apunta a Olivas como conocedor de toda la operación. “José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en Grand Coral, que lastraban a estas y, por el contrario, suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó, de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato de favor pagaron a Olivas hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio”, concluye en el auto de procesamiento.
Operativa de blanqueo de capitales en Andorra
Los empresarios Izquierdo, Parra, Ferri, Baldó y Poch se habrían repartido comisiones de los proyectos en México a través de cuentas en Andorra. Además existía otra cuenta, también en Andorra, de la que eran titulares Vicente Llácer y Eugenio Calabuig, presidente de Aguas de Valencia, y de la que eran apoderados Aurelio Izquierdo y Domingo Parra.
Esta última cuenta, explicaron Llácer, Calabuig, Parra y Martínez en sus declaraciones como imputados en la Audiencia Nacional, no tendría nada que ver con las operaciones en México financiadas por las fallidas Bancaja y Banco de Valencia, sino con la promotora Capital Residencial que creó el Grupo Ática.
Calabuig habría ingresado en esta cuenta capital fruto de sus negocios en Cuba. Desde 2009 habría abandonado esta cuenta sita en Andorra. Por su parte, Llácer explicó a la jueza Lamela que regularizó la situación de estos capitales en el país vecino a través de la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro en 2012.