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La Audiencia niega que Zaplana salga de prisión mientras la jueza busca el dinero en Panamá, Luxemburgo y Uruguay

La Audiencia de Valencia ha vuelto a rechazar la salida de prisión del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por el riesgo a la desaparición o manipulación de pruebas.

El tribunal ha decidido mantener en la cárcel al político como lo ha hecho en otras tres ocasiones la jueza instructora de la operación Erial pese al delicado estado de salud de Zaplana, que está en tratamiento por una leucemia.

Mientras, la investigación continúa en marcha con la búsqueda por parte de los investigadores el dinero que supuestamente blanqueó Zaplana. Fuentes conocedoras de la investigación -que continúa secreta- apuntan a que se habrían enviado comisiones rogatorias a Luxemburgo, Panamá y Uruguay.

En el país miembro de la Unión Europea creen los investigadores que el político habría cobrado una comisión de 6,5 millones de euros por la adjudicación a Sedesa -de la familia del exnúmero 2 de Francisco Camps, Juan Cotino- de una concesión en el Plan Eólico Valenciano.

Desde su arresto, la defensa de Zaplana ha presentado cuatro recursos para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario, alegando un “deterioro acusado” del estado de salud del exministro, que padece una leucemia desde 2015, año en que se sometió a un trasplante de médula.

También ha presentado varios informes médicos para argumentar que su permanencia en prisión supone un “riesgo vital” para el detenido, aunque la jueza instructora ha rechazado todos los recursos, por lo que han recurrido a la Audiencia Provincial de Valencia.

El último recurso, que ahora desestima la Audiencia, fue presentado el pasado 14 de agosto, contra la cuarta negativa de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia a su excarcelación por “riesgo vital”.

En el denominado caso Erial, a Zaplana se le investiga por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.