Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha acudido este lunes en la sede en San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional (AN) al juicio por las adjudicaciones del Ejecutivo autonómico que presidió entre 2003 y 2011 a la trama Gürtel. En la otra sala del mismo recinto judicial se sentaban en el banquillo 47 acusados de formar parte de la banda motera de los Ángeles del Infierno, que se enfrentan a peticiones de pena que suman más de 300 años de cárcel por una larga lista de presuntos delitos como organización criminal, extorsión, amenazas, coacciones, prostitución, detención ilegal, tenencia ilícita o blanqueo.
Chupas de cuero y chaquetas y corbatas frente a togas en la misma sede de la Audiencia Nacional. De hecho, el propio Francisco Camps, que se enfrenta a una petición de pena de dos años y seis meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, propuso en una conferencia celebrada la semana pasada en el Casino de Agricultura de Valencia ante un grupo de fieles campistas que la AN juzgue exclusivamente causas de crimen organizado y narcotráfico y abandone las investigaciones de corrupción.
La primera sesión, prevista para este lunes, se ha suspendido hasta la semana que viene tras poco más de media hora de cuestiones previas por parte de las defensas. La Generalitat Valenciana, que ejerce la acusación particular, ha modificado su escrito inicial para pedir una mayor indemnización en concepto de responsabilidad civil por las adjudicaciones y contratos menores del Gobierno de Camps a la trama del 'caso Gürtel'. El escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía de la Generalitat modificado al alza y presentado este mismo lunes no ha podido ser trasladado a las partes, según ha reconocido el presidente del tribunal.
“El contenido de este escrito ustedes los desconocen y al tribunal le ha llegado hoy, por lo que ha sido imposible dar traslado. Del contenido depende su defensa”, ha explicado el juez José Antonio Mora, antiguo magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. El presidente del tribunal ha lamentado que “no quedaba más remedio” que interrumpir durante una semana el inicio del juicio para evitar indefensiones a los acusados y posibles nulidades.
“Es algo que ocurre en este tipo de procesos”, ha matizado el juez, que ha apostado por respetar en la medida de lo posible el cronograma marcado para el juicio. Las defensas, especialmente la de Francisco Camps, habían protestado por la falta de acceso a parte de la documentación de la causa. “Hay documentos a los que no podemos entrar”, ha dicho el letrado Pablo Delgado, que se encarga de la defensa del expresidente autonómico, absuelto en 2012 por un jurado popular de la causa de los trajes del 'caso Gürtel'. Así, algunas de las partes han tenido problemas técnicos para acceder al iCloud (la nube que almacena la documentación).
El magistrado José Antonio Mora, en una postura prudente y garantista, ha explicado que la posible indefensión para alguna de las partes personadas “lamentablemente” podría dar lugar a una “nulidad” y a que el juicio tuviese que “volver a empezar tres meses o dos años después”. El tribunal, por otro lado, ha optado por que el juicio “no tenga demoras” adicionales y no ha modificado el calendario fijado. “Intentaremos ir avanzando durante estos días. Vamos a respetar los horarios. Lamento la suspensión pero son cosas que ocurren”, ha dicho el juez.
1,8 millones en adjudicaciones a la trama
Camps, por su parte, en declaraciones a la entrada a la Audiencia Nacional, ha asegurado que no se llevó “un solo euro al bolsillo” por las adjudicaciones a la trama Gürtel. “No hay malversación, enriquecimiento injusto o dinero para el PP. Son contratos que la Abogacía de la Generalitat ya dijo en su momento que estaban bien hechos”, ha afirmado.
Sin embargo, varios acusados, incluyendo a exaltos cargos de su Gobierno y miembros de la trama Gürtel como Álvaro Pérez El Bigotes, antaño “amiguito del alma” de Camps, han alcanzado pactos de conformidad con Anticorrupción y han confesado por escrito que la intermediación del expresidente 'popular' permitió a la red corrupta obtener adjudicaciones por 1,8 millones de euros.