Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, se enfrenta este lunes al inicio del juicio por las adjudicaciones y los contratos menores del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional, en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante diez años, por los presuntos delitos de prevaricación y de fraude a la administración pública. Sin embargo, a pesar del panorama judicial, Camps está dispuesto a regresar a la política de la mano del PP. “Me encantaría volver a la primera línea de batalla”, aseguró en una conferencia que impartió esta semana sobre “la pena de telediario” organizada por un foro de nostálgicos campistas.
El expresidente valenciano afronta el juicio, que se prolongará hasta el próximo mes de mayo, con una estrategia de ataque frontal contra el Ministerio Público y la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE. Camps, que fue absuelto por un jurado popular de la causa de los trajes del 'caso Gürtel', ha elaborado una serie de reflexiones sobre la figura del investigado por corrupción. “El Estado de derecho está gravemente afectado” por este tipo de investigaciones, denunció en el Casino de Agricultura de Valencia, rodeado por ex altos cargos de su Gobierno.
Francisco Camps aseguró que se trata de “investigaciones prospectivas”, denunció el papel de los medios de comunicación y de las filtraciones e incluso propuso una auditoría de la Fiscalía Anticorrupción, un órgano clave en las pesquisas de este tipo de delitos. Camps, una semana antes del inicio del juicio, aprovechó para reivindicar su “extraordinaria gestión” al frente del Ejecutivo autonómico, entre 2003 y 2011. “Todo lo que hice como presidente se decidió que fuera triturado”, aseguró.
El acusado también reprochó al PSOE las denuncias en el marco del 'caso Gürtel' y criticó al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por la acusación popular en su contra en la causa. “Puig continúa persiguiéndome”, afirmó.
Ningún cargo 'popular' en activo de primera acudió a la conferencia. El PP valenciano afronta el arranque del 2023 con un complicado calendario judicial que, además del 'caso Gürtel', incluye dos juicios seguidos del 'caso Taula' en los que Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, y Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' se sentarán en el banquillo de los acusados. Dos expresidentes autonómicos —Eduardo Zaplana y José Luis Olivas— también figuran como acusados en el 'caso Erial', cuya instrucción está finiquitada aunque sin fecha para juicio.
Con este panorama previo a unas elecciones autonómicas y municipales, Francisco Camps centró sus críticas en los tres jueces instructores que lo han investigado (“altos cargos socialistas”, dijo) y, especialmente, en Anticorrupción, para cuyos representantes propuso “establecer responsabilidades”.
Precisamente, el Ministerio Público cuenta con una baza de cara al próximo juicio en la Audiencia Nacional: las confesiones de numerosos acusados, incluyendo a su otrora “amiguito del alma” Álvaro Pérez El Bigotes.
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, considera que la trama Gürtel que lideraba Francisco Correa, aterrizó en la Comunitat Valenciana “por las posibilidades de negocio que les ofreció Francisco Camps, no solo para la organización y ejecución de todos los actos del PP incluyendo las elecciones autonómicas de 2003, sino también con el objetivo posterior de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos”.
Así, Camps habría facilitado a El Bigotes “el acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable” en la adjudicación de expedientes de contratación como los de la feria Fitur. Precisamente Álvaro Pérez aportó un escrito en el que detalla su relación con el expresidente autonómico, que propició la contratación de la empresa Orange Market en “todos y cada uno de los eventos” que organizaba el partido.
En el banquillo de los acusados, además del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, se sientan tres exconsellers de los ejecutivos de Francisco Camps (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera) y 16 altos cargos y técnicos. También seis miembros de la trama Gürtel, incluyendo a Francisco Correa.
El juicio supone el último trance de Camps ante un tribunal tras haberse librado, ya sea por absolución, archivo o sobreseimiento, de causas como la Fórmula 1 o la visita del Papa a Valencia, entre otras.
Las confesiones y pactos con Anticorrupción de varios altos cargos de su Gobierno y de los integrantes de la red liderada por Correa suponen un lastre de primer orden para la defensa de Camps. El expresidente autonómico pidió en su conferencia previa al juicio la prohibición de la “negociación secreta” de Anticorrupción con “algunos acusados”.
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