Un protocolo municipal firmado por el Ayuntamiento de Castelló con la Audiencia Provincial y el Colegio de Procuradores ha permitido aplazar, de uno a tres meses, 81 desahucios de familias vulnerables en el último año. De esta cifra, 61 informes de aplazamiento corresponden a alquileres y seis a ejecuciones hipotecarias. El consistorio también ha derivado nueve situaciones de emergencia a casas públicas de la Conselleria de Vivienda y otra a un piso municipal.
“Desde 2015, en el Ayuntamiento de Castelló contamos con un Protocolo firmado con la Audiencia Provincial y el Colegio de Procuradores que permite aplazar de uno a tres meses los procesos de desahucios en hogares vulnerables”, explica la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido. “Es un paso más y esta medida la queremos complementar con nuestro objetivo de incrementar la cifra de alquileres asequibles”, agrega.
Asimismo, la Oficina de Vivienda ha derivado nueve casos de desahucios de familias en situación económica extrema a viviendas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), y uno a una vivienda del parque municipal.
La concejalía que dirige María Jesús Garrido subraya que el protocolo “no es un objetivo en sí mismo” y que la finalidad en esta legislatura es aumentar la cifra de alquileres asequibles a través del Plan de Compra Pública y la Bolsa de Alquiler Municipal.
El Plan de Compra Pública inició en 2021 la adquisición de seis viviendas, la primera ejecutada desde 1984.