La Oficina de Conflicto de Intereses (OCCI) dependiente de la Conselleria de Participación y Transparencia ha emitido un informe interno en el que concluye que, ateniénose a la ley de Incompatibilidades 8/2016, los altos cargos del Gobierno valenciano no pueden compaginar su puesto con el de concejal de ayuntamiento. Esta postura ha puesto en un brete a seis miembros del ejecutivo de Ximo Puig que ya han recibido la notificación del departamento que dirige Rosa Pérez para que presenten alegaciones en diez días.
Los altos cargos afectados por esta resolución interna y que podrían tener que renunciar a uno de sus dos cargos son María Teresa Cháfer, directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común y alcaldesa de Carrícola; Miguel Lorente, actual director general de Economía y concejal en Xàtiva; Xelo Angulo, directora general de Cooperación y también edil en Xàtiva; Emili Obiol, director general de Puertos en la Conselleria de Política Territorial y concejal en Vila-real; Daría Terrádez, directora general de Relaciones con la Unión Europea y regidora en Bétera y Antoni Such, director general de Administración Local y representante local en Alcàntera de Xúquer.
El informe interno de la OCCI, adelantado por Las Provincias, basa su argumentación en que los altos cargos de la Generalitat deben tener dedicación exclusiva, lo que les impide poder ejercer cualquier otra actividad. Fuentes del Gobierno valenciano entienden, por su parte, que la interpretación que hace la oficina de conflicto de intereses de la ley de Incompatibilidades “es muy restrictiva” y que la exclusividad sería solo aplicable al sueldo.
La dirección general de Administración Local, que dirige el propio Antoni Such, se muestra contraria a esta decisión y ha pedido un informe al Consell Jurídic Consultiu para que resuelva las discrepancias. De hecho, explican, la ley de Regimen Local sí que permite a los concejales ser altos cargos.
Tras las alegaciones al informe de la OCCI que hagan los altos cargos, la oficina de conflicto de intereses deberá emitir una resolución final sobre los casos. En ese momento es cuando podrá exigir a los altos cargos que abandonen su puesto en el Consell o su cargo de concejal y alcaldesa. La propia Ley de Incompatibilidades explica en su artículo 14.1 que “mientras no haya resolución expresa, la persona nombrada para el cargo se encontrará en situación de compatibilidad hasta que no reciba notificación la Oficina de Control de Conflictos de Intereses”.
Los afectados podrán aún así presentar un recurso de alzado y, en caso de denegación, acudir a los tribunales.
Todo apunta, por la firmeza del informe interno de la OCCI, que la compatibilidad entre ser alto cargo y concejal la deberán dirimir los tribunales. El informe del Consell Jurídic Consultiu podría también a ayudar a despejar la posible incompatibilidad. La que mayores inconvenientes podría tener a dejar su acta de concejal es la alcaldesa de Carrícola, por lo que representa el cargo de máxima institución en el municipio.