Rafael Blasco, ocho veces conseller en gobiernos del PSOE y el PP y un factótum de los populares valencianos, se ha mostrado exasperado y tenso en su declaración en el juicio del caso Cooperación, la trama que supuestamente se lucró con 1.8 millones de euros destinados a un proyecto en Nicaragua. La Fiscalía pide 14 años de prisión para exportavoz del PP en el parlamento valenciano, al que considera el responsable político de una conspiración delictiva.
Admite su relación con el cabecilla “civil” de la trama
Blasco intentó desmarcarse en sus contestaciones al fiscal anticorrupción del único encarcelado por el caso, Augusto César Tauroni, el empresario que creó una red de sociedades para desviar los fondos destinados a ayudar a países en desarrollo y que se quedó, siempre supuestamente, con 450.000 euros, el 25% de los 1.8 millones de euros del proyecto.
“No supe y luego no me creía”, ha dicho Blasco, que Tauroni se había quedado con ese dinero, destinado a comprar cuatro inmuebles. De hecho, el exconseller se esforzó en negar cualquier relación con el empresario, aunque reconoce que lo trata desde hace 12 años y que, antes, sabía quién era porque es de su ciudad, Alzira (Valencia).
Blasco dijo no tener una relación “ni de confianza ni de amistad” con Tauroni, aunque la investigación revela lo contrario. Desde 2010, cuando se abrió el caso tras la denuncia del PSOE, las comunicaciones entre ambos eran frecuentes. Antes, el empresario, exsocio de un hermano del político, fue adjudicatario de varios trabajos en muchas de las ocho conselleries que ocupó Blasco. La Fiscalía Anticorrupción, representada por Vicente Torres, lo cree el cabecilla de la parte civil de la trama.
El fiscal, de hecho, intentó poner de relieve los vínculos de ambos, lo que pareció conseguir al demostrar que Blasco intercedió para que Tauroni pagara la fiesta de una revista y las llamadas en las que exportavoz del PP en el parlamento valenciano invitaba a comer al empresario. “Nunca he comido con el señor Tauroni”, dijo, sin embargo, Blasco, empeñado en desmarcarse, sin mucho éxito, de su paisano.
Así, la Fiscalía presentó transcripciones de SMS, conversaciones y correos electrónicos entre ambos que denotan confianza y hasta complicidad. “Ánimo que de situaciones peores hemos salido. Coca Cola cuando puedas”, le decía Tauroni al político. “Lo importante es aguantar”, le dijo el político al empresario por teléfono. Blasco, sin embargo, niega la mayor. “Yo no sé mandar correos electrónicos”, asegura, también para justificar el intercambio de sobres con el único preso por esta causa.
Blasco se ha negado a contestar las preguntas de la abogado de la Generalitat, que solicita 11 años de prisión para él.
Presiones a los funcionarios
Blasco negó también cualquier presión a los funcionarios encargados de tramitar los expedientes de cooperación, aunque muchos de ellos abandonaron sus puestos o fueron destituidos tras oponerse o protestar por la concesión del proyecto a la Fundación Cyes, la ong sin experiencia ni solvencia elegida para el proyecto en Nicaragua, donde sólo llegaron 43.000 de los 1.8 millones gastados, algo más de un 2%.
“¿Usted cesó a los técnicos que se opusieron a dar las ayudas?”, inquirió el fiscal. “Se marcharon”, contestó, con ambigüedad, Blasco, que también explicó que el personal de confianza, elegido a dedo, a dedo puede ser despedido. El exconseller si reconoció que advirtió a los funcionarios díscolos con revisar todos sus expedientes y que incluso ordenó que le facilitaran esa documentación. No era para presionarlos, sino para “para aprender cómo se hacían”. “Nunca los leí”, añadió.
“Lo importante no son las oposiciones que se mantienen en una reunión, sino el acta”, siguió el conseller. Las ayudas canalizadas a través de Cyes fueron finalmente aprobadas, pese a las reticencias de los funcionarios, con su visto bueno final. Según la investigación, porque el equipo de Blasco aportó información falsa para superar la resistencia.
De hecho, casi toda la la cúpula de la extinta Conselleria de Solidaridad está sentada en el banquillo de los acusados: Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis y la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán. El exconseller, sin embargo, se ha afanado en exculparlos. De hecho, cargó contra los funcionarios y sus antecesores en el cargo. “Antes de llegar yo, la consejería daba las ayudas de forma discrecional, de hasta 900.000 euros. Yo les di transparencia”, declaró.
Un pozo, 1.800.000 euros
El fiscal ha mostrado a Blasco fotos sobre el lugar en el que se tenía que haber desarrollado el programa de abastecimiento de agua y soberanía alimentaria, donde sólo aparece un pozo, que costó los 43.000 euros gastados. Torres le ha preguntado a Blasco, en uno de los momentos de la sesión, por las placas solares facturadas por la trama. Obviamente, no existen.
“Yo no era garante de la finalidad de las subvenciones”, había dicho Blasco, que también restó importancia a los informes de la Sindicatura de Cuentas que ya denunciaban irregularidades en la concesión de fondos a la Fundación Cyes. Blasco llegó a reunirse con personal de la sindicatura en lo que considera “una cuestión estética” dentro la normal “discusión” entre dos organismos.
Concentración (y silencio) de las ONG
Una concentración contra el supuesto expolio del dinero destinado a la cooperación esperaba a Blasco a primera hora, aunque éste anticipó su llegada al tribunal para evitar a manifestantes y público. El exconseller también recordó que ninguna ONG denunció ninguna concesión de proyectos. La investigación sobre el caso se abrió tras la denuncia de una diputada socialista, Clara Tirado. La primera reacción de Blasco, según su confesión en juicio, fue estudiar posibles denuncias contra la prensa que se hizo eco de la investigación abierta. La investigación sobre posibles irregularidades se dejó para después.