Bloques Portuarios en València: cuando ni ser mayor ni estar enfermo impiden ser desahuciado

Allí nació y allí quiere morir. Sombrero negro de alas, chaleco y la frente en alto sobre un bigote poblado y erguido, Juan Manuel Muñoz, “gitano y pastor evangélico”, apunta con su cachava los rastrojos que en su día fueron pared y techo del número 8 de la calle Benizafa, en el desaparecido barrio del Clot, en El Cabanyal de València. Allí vio la luz un 5 de junio de 1958. Y tras vivir muchos años en el portal 15 de los vecinos bloques Portuarios, en un sexto piso, hacia el 2008 descendió al 16, planta baja sobre la que pesa una orden de desahucio para este viernes.

Un mandato judicial, sin embargo, que no va a nombre de Juan Manuel ni de su esposa Esperanza, sino de su hijo Manolo, quien no reside con ellos. “Esto es un lío, una pesadilla”, sintetiza Juan Manuel el laberinto jurídico por el que transita desde hace algo más de cinco años, pero que tiene su origen en febrero de 1998, cuando Manolo, con 17 años y bajo la tutela de su madre, alquiló el bajo a Victoria S. M. por 10.000 pesetas mensuales. Todo verbal, sin contrato ni luz y agua a nombre del arrendatario. A los diez años, Manolo cedió la casa a sus padres, quienes habían comenzado a sufrir los primeros achaques. Esperanza carga desde niña con un problema severo de varices y Juan Manuel padece de artrosis rotular, fibromialgia, pólipos, hipertensión, diabetes y de últimas “una depresión medio alta por tanto susto”.

Ese mismo 2008 falleció Victoria S. M. y su hija Victoria G. S., según su propia declaración en los juzgados, fue a la planta baja y acordó con Juan Manuel proseguir con el alquiler: 90 euros mensuales por transferencia bancaria. Pasado el tiempo, el 15 de noviembre de 2018, la propietaria presentó una demanda de desahucio por precario contra José Manuel Muñoz Jiménez, Manolo, el hijo de Juan Manuel y Esperanza. Al mismo tiempo puso la casa en venta a través de la inmobiliaria Gestión de Servicios Reina.

14.000 euros

“Oportunidad. Vivienda con ocupas”. Así suele anunciarse la venta de algunos inmuebles en los bloques Portuarios, una mole de 168 viviendas, muchas de las cuales están ocupadas por familias sin recursos. 77 de ellas son de titularidad pública y el resto de “legítimos propietarios”, tal y como los definen Gobierno y oposición. Se refieren así a los vecinos que han vivido allí toda su vida, los que abandonaron o tapiaron la vivienda, las seis entidades bancarias, los cuatro fondos buitre (Divarian, Global Berbice, Coral Homes y Stonington Spain) y las, al menos, tres inmobiliarias. También a emprendedores como José Miguel Muñoz y Mercedes Esperanza Tormo, quienes, juntos o por separado, habían ido adquiriendo todo tipo de “oportunidades” en la zona desde 2017. Se trata de dos bajos en la Malva-rosa, un piso en Beteró y el número 16, panta baja, de los bloques. Esta última por 14.000 euros, escriturada el 31 de enero de 2019, dos meses después de que los propietarios de los Portuarios aceptaran la propuesta del Ayuntamiento de derribar el inmueble a cambio de condiciones ventajosas de realojo en los dos nuevos edificios de 70 casas y en segunda línea de playa, junto a las avenidas de Eugènia Vinyes y Tarongers, cuyo proyecto presentó esta misma semana la alcaldesa María José Catalá. Aunque las cifras no son definitivas, el anterior equipo de Gobierno sugirió un precio aproximado de 90.000 euros por los pisos, que podría rebajarse a 30.000 tras la entrega de la anterior vivienda y el acceso a ayudas estatales. Otra opción para los propietarios sería cambiar su casa en los bloques por otra rehabilitada de la zona o venderla a la Administración por entre 30.000 y 50.000 euros.

“Un negocio redondo para este tipo de especuladores que compran barato para prosperar, mientras los poderes públicos legislan a su favor y en contra de la población vulnerable”, sostiene Clara Palop, del Sindicat de Barri del Cabanyal, entidad que ha evitado varios desalojos en la zona. Sin embargo, José Miguel Muñoz no se considera un especulador. “Sí lo son ellos [los habitantes del bajo 16], que utilizan la justicia gratuita como instrumento para sus fines espurios”, critica en referencia a la demanda de retracto interpuesta por el hijo de Juan Manuel y Esperanza, en mayo de 2019, bajo la razón de que, al existir un acuerdo verbal de alquiler con las anteriores propietarias, le asiste el derecho a adquirir el inmueble por el mismo precio que los compradores.

Aunque ni la demanda ni su recurso de apelación prosperaron, sí consiguieron alargar el litigo cinco años, lo que disgusta a Muñoz, quien tampoco ha querido llegar a un acuerdo extrajudicial con Juan Manuel y Esperanza para venderles el bajo por lo que pagó más los gastos de tramitación o, en todo caso, alquilárselo. “Si está en condiciones aceptables acometeremos una pequeña inversión para alquilarlo a personas decentes, no a ellos”, acota Muñoz y reconoce haber enviado allí “a todo Cristo” para enterarse de quién vive. “Lo utilizaba [Manolo, el hijo] para negocios o trapicheos” y si ahora están los padres “es un teatro: ¡Vamos a meter ahí a los ancianos!”.

Varios vecinos de los bloques consultados coinciden que quienes viven en el bajo desde hace muchos años son Juan Manuel y Esperanza. “Controlan el edificio, es muy fácil para ellos, pueden ir de un lado a otro a la patada”, insiste Muñoz sobre la ubicuidad de la pareja de mayores. “¿A la patada?”, se mira Esperanza las piernas surcadas de varices. Y Juan Manuel reitera que quiere morirse donde nació. “Todos los días hablando de la muerte”, se queja Esperanza. “Es que me quebranto”, le responde su marido. Y con la mirada quebrada levanta la cachava y da un golpe contra el suelo, que suena tan hueco como inútil.