La fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), uno de los epicentros de la presunta financiación ilegal del PP de Rita Barberá, intentó borrar el rastro de los pagos al entramado empresarial que abonó la campaña de los populares a las elecciones municipales del 2007. Así lo remarca el auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que aboca al exdirector gerente, José Salinas, al banquillo de los acusados por un presunto delito de malversación de caudales públicos de especial gravedad en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula'.
El tribunal recuerda que se produjo un “borrado inusual e ininterrumpido” de los archivos informáticos anteriores al 2009 e incluso el “intento de eliminación de la referencia numérica” que, como proveedor del Ayuntamiento de Valencia bajo el mandato de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, ostentaba la empresa Laterne, hinchada con trabajos cuya realización no está justificada y encargada de la campaña de la fallecida alcaldesa. La Audiencia Provincial de Valencia considera que Laterne fue el “instrumento o pieza clave para financiar la campaña electoral del PP de Valencia”.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado de la investigación, recibió una comunicación anónima —firmada por “un trabajador de Valencia Turismo”— que alertaba de que justo antes del cambio de Gobierno municipal en 2015, que desalojó del poder al PP después de 24 años al mando del consistorio, “se destruyó documentación de todo tipo”, singularmente “apuntes contables y legales”.
La operación, según el informante, se hizo mediante destructoras de papel. “La destrucción de información no se limitó a papeles”, reza el soplo incorporado al sumario del 'caso Taula'. “Sin previo aviso fueron vaciadas todas las carpetas del servidor informático que contenían información anterior a un determinado año”, agrega el informante, quien incide en que “se borró todo, incluido un material que tenía un valor y una utilidad evidente”.
“Ni conocíamos la palabra Laterne”
Además, el escrito anónimo enviado al juez instructor Víctor Gómez aclaraba que en la fundación ni siquiera sabían qué era Laterne, la firma del fallecido empresario Vicente Sáez. “Ni conocíamos la palabra Laterne”, sostiene. También apuntaba a que un plan estratégico por el que cobró la red de empresas que presuntamente financiaba al PP se realizó en la propia fundación con ayuda de una consultora.
El juez, “con la cautela propia que deben ser tratadas las denuncias anónimas en una causa penal”, encargó a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil buscar el rastro de los archivos en la empresa informática externa que se encargaba de la fundación. Así, dos responsables de la mercantil, en su declaración como testigos ante los agentes del instituto armado, desvelaron que una trabajadora de la fundación solicitó en 2015, el año en que el PP perdió el poder en la ciudad de Valencia, “el borrado masivo de datos de la aplicación”.
Sin embargo, “dado que esta operación comprendía el borrado de una gran cantidad de datos”, el analista encargado del mantenimiento de la aplicación informática interna de la fundación, realizó una copia de seguridad para “asegurar la integridad del proceso que iba a llevar a cabo”. El hombre también pidió que la orden de eliminar los archivos se la dieran por escrito y aseguró a la UCO que debió darla “alguna persona con perfil directivo de la fundación”.
Los datos borrados “de forma masiva” iban “del 2008 o 2009 hacia atrás”, explicó el testigo. “La justificación que le dieron es que los datos ocupaban mucho espacio” y que se trataba de “optimizar el funcionamiento de la aplicación”, según declaró.
Los agentes de la Guardia Civil obtuvieron varios dispositivos con los datos pero no consiguieron hallar la información relativa al grupo Laterne. Por otro lado, el requerimiento judicial a la fundación Turismo Valencia Convention Bureau solo indicaba un apunte contable de las facturas.
Salinas justificó la destrucción por “razones organizativas”
José Salinas, el responsable de la fundación del 1990 que ya se libró del 'caso Noós', adujo en su declaración como investigado que la destrucción de la información en 2015 (el año de su destitución) se hizo por “razones organizativas” y dio vagas explicaciones sobre los trabajos supuestamente elaborados por Laterne. También negó haber dado “instrucciones directas y concretas” para la destrucción de la delicada información.
La UCO, sin embargo, pudo reconstruir los pagos abonados por la fundación municipal a tres cuentas bancarias del entramado empresarial de Laterne: 616.000 euros en dos años. Sólo para la campaña del 2007, en la que Rita Barberá arrasó, Laterne obtuvo 2,6 millones de euros por parte de empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia, según el auto del juez instructor.
Durante 12 años, José Salinas y Alfonso Grau, entonces mano derecha de Barberá en el consistorio, coincidieron en la fundación. Ambos se sentarán en el banquillo de los acusados por el presunto delito de malversación de caudales públicos, según ha confirmado la Audiencia Provincial de Valencia.