El responsable del grupo especializado en movimientos de extrema derecha de la Brigada de Información de València reconoció este lunes que la Policía no detectó el peligro que acechaba a la tradicional marcha de izquierdas de la tarde del 9 d'Octubre de 2017, en la que decenas de ultras agredieron a manifestantes y periodistas.
El funcionario, con 25 años de carrera en la Brigada de Información, declaró como testigo perito en el juicio contra los dos acusados que no alcanzaron un pacto de conformidad con las acusaciones. Se trata de Pepe Herrero, una suerte de cronista fallero que retransmitió y jaleó en redes sociales los ataques, y de Francisco Moreno Moreno, acusado de participar en algunas de las agresiones.
El agente de la Brigada de Información destacó la importancia del “contexto” en que se desarrolló la manifestación. La marcha, convocada cada año por la Comissió 9 d'Octubre que agrupa a partidos, sindicatos y entidades valencianistas, se produjo ocho días del referéndum sobre la independencia en Catalunya, en un clima de altísima tensión política. También aclaró que su actuación se inició, por orden del juez instructor, posteriormente a los hechos para acreditar la participación de los ultras en las agresiones a partir del análisis de unos 1.200 videos.
Cada 9 d'octubre, afirmó, se producen “hostigamientos e insultos”. Sin embargo, en 2017, no “podía saberse” el “salto cualitativo” que finalmente se produjo con las brutales agresiones por parte de miembros de la extrema derecha a manifestantes y periodistas. La Brigada de Información no detectó en fuentes abiertas que hubiera una convocatoria específica y masiva para reventar la manifestación.
No hubo “ningún llamamiento a nivel de grupo” por parte de la peña ultra Yomus, aunque el policía no descartó que los ultras quedaran por su cuenta. La Policía era conocedora del tenso contexto pero no halló “nada especial respecto a otros años”.
Sin embargo, “no fue un hecho espontáneo”, dijo el testigo, al haberse concentrado en la Plaza de San Agustín de València (lugar de inicio habitual de las manifestaciones) “en torno a unas 500 personas” que pretendían impedir la marcha de izquierdas.
El policía aseguró que los 26 ultras que alcanzaron un pacto de conformidad eran “personas sobradamente conocidas por la Brigada de Información” por su historial en la ultraderecha y su participación en “eventos políticos y deportivos”. “No eran ciudadanos anónimos”, agregó.
También declaró como testigo el comisario jefe de la Brigada de Información de València. El uniformado aseguró que “por redes” hubo un “movimiento a nivel personal” y a “título particular” para oponerse a la manifestación pero, en todo caso, “no por partidos de extrema derecha”.
El comisario, especializado en orden público desde 1986, recordó que cada 9 d'Octubre se produce cierta tensión entre “gente que se manifiesta con postulados contrarios” aunque “ningún año” con la “intensidad” de la jornada celebrada en 2017. El veterano policía explicó que, si bien la convocatoria corresponde a la Comissió 9 d'Octubre, a la marcha se suman cada año “Maulets y muchos grupos” independentistas y extraparlamentarios, tales como Arran o la CUP.
A pesar de que la manifestación “contaba con los requisitos legales”, en redes sociales “mucha gente invitaba a protestar”, dijo el comisario ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de València. El testigo aclaró que, en aquel momento, el grupo Yomus estaba “deshecho” aunque apostilló que en las agresiones participó “gente que había pertenecido” a la peña ultra.
En la sesión de este lunes declaró, por videconferencia un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que actuó aquella jornada. El policía relató que se formó un cordón policial para permitir que la manifestación desfilara aunque “en todo momento había increpaciones”.
José Roberto González Cachorro, responsable del dispositivo de la Policía Local de València de aquella jornada, también explicó que antes de las 18h —la hora a la que estaba convocada la manifestación— le comunicaron que se estaban produciendo incidentes y optó por desplegar a sus 40 agentes y “colocarlos a modo de barrera para impedir que hubiera agresiones”.
El testigo, en la línea con las declaraciones anteriores, también detalló que cada año se producen “discusiones” aunque “nada de agresiones”. El responsable de la Policía Local, con experiencia en “innumerables ocasiones” en el mismo dispositivo, captó que se trataba de contramanifestantes ultras cuando vio a una de las personas que conocía previamente. “Identifico a una de las personas que están en el grupo porque lo conozco y sé por dónde anda ese grupo”, afirmó.
A preguntas de uno de los letrados de las acusaciones particulares, el testigo especificó que esa persona era José Luis Roberto, histórico dirigente de la extrema derecha en València. De hecho, González Cachorro, que fue posteriormente subdelegado del Gobierno, premió en 2019 a la empresa de seguridad privada de Roberto en el marco del Día de la Seguridad Privada.
Solo dos acusados tras los pactos
En el banquillo sólo quedan dos de los acusados: los que no alcanzaron un pacto de conformidad en la primera vista del juicio. El resto de acusados reconocieron los hechos y asumieron penas mínimas, de uno a dos años de prisión, además de indemnizaciones por un total de 46.000 euros y medidas de alejamientos de las víctimas y de las entidades de la Comissió 9 d'Octubre. A la salida de la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 14 de febrero, una decena de ultras que se acababan de levantar del banquillo de los acusados amenazaron a la concentración antifascista situada a la entrada de la Ciudad de la Justicia de València.
Pepe Herrero, autodenominado comunicador fallero, aseguró que su presencia aquella jornada se limitó a retransmitir en directo los hechos por Facebook. El acusado dijo ante el tribunal que en 2017 se habría producido un “golpe de Estado” en Catalunya. También ha justificado la agresión a periodistas porque repartían supuesta “publicidad de Arran y de la CUP”.
Con 1.500 espectadores durante su retransmisión, Herrero alegó en el juicio que “no quería que la CUP cometiera en València los mismo hechos delictivos que en Catalunya”. El acusado, en un momento de su retransmisión, dijo a un agente de la Policía Nacional: “Si tenemos que hacer una sentada lo haremos”. En el juicio matizó que lo dijo “un par de veces” pero “nadie hizo nada”. Posteriormente, escribió artículos en “Valencia News” jaleando lo sucedido.
Antes del 9 d'Octubre de 2017, el hombre trató, sin éxito, de evitar la marcha autorizada dirigiéndose al juzgado de guardia. En el juicio enumeró tres entidades que habían impulsado la demanda. Sin embargo, una letrada de la acusación le indicó que una de las entidades citadas no figuraba como demandante. La respuesta del acusado provocó hilaridad en toda la sala: “Una cosa es la publicidad y le marketing y otra es la realidad”.
Herrero se escudó en que no conocía al resto de acusados y aseguró que su participación en los hechos se debió a una “discrepancia con las ideas que ellos [los manifestantes] representan, que son delictivas”.
Por otra lado, Francisco Moreno Moreno también negó relación alguna con los Yomus (“Soy del Madrid”, aclaró) y alegó que no participó en el “jaleo” que “se lió”. El hombre iba vestido con una bandera española a modo de capa y una Senyera en la cabeza cual sombrero. También dijo que “los catalanes” pretenden “quedarse València”.
El hombre negó haber lanzado un cartel de un bar a un fotoperiodista que fue atacado por una turba de ultraderechistas. También refutó haber amenazado a manifestantes con cortarles el cuello.