El Ayuntamiento de València continuará adelante con el acuerdo adoptado para el cambio de denominación de 51 calles y plazas de la ciudad, al ser rechazada, pese al apoyo de los concejales de Ciudadanos, la moción que en este sentido han presentado al Pleno los concejales del Grupo Popular, Eusebio Monzó y Alfonso Novo.
La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, ha defendido el rigor de una medida “que nace de la transversalidad y de la participación ciudadana” y la necesidad de asumir el mandato de la Ley de Memoria histórica, aprobada hace ya una década.
El debate ha estado precedido por la intervención del coordinador del Grupo de Recuperación de la Memoria, Matías Alonso, quien ha calificado de “hito” el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno tras el dictamen de la Comisión de Cultura.
Por el contrario, Alfonso Novo, ha criticado la “falta de consenso” y se ha referido a hipotéticos perjuicios del vecindario, profesionales y empresas de las 51 calles cuyos nombres actuales y futuros convivirán durante todo el año en el callejero, como ha resaltado Glòria Tello.
Novo ha pedido “sensibilidad, responsabilidad y sensatez”, mientras Tello ha acusado a su grupo, el Popular, de “poner trabas y excusas para continuar en la ilegalidad” Amparo Picó, de Ciudadanos, ha dicho estar a favor del cumplimento de la Ley de Memoria histórica, “que el Partido Popular tuvo siete años para hacer cumplir”, pero igualmente “a favor de la búsqueda del consenso y la participación”.
La concejala Glòria Tello ha resaltado que no se trataba de un “acuerdo estéril ni fruto del capricho” y que todos los cambios habían sido estudiados por especialistas universitarios.
Novo ha afirmado que han hecho “lo que han querido” y Picó ha manifestado que “tan importante es aplicar la ley como hacerlo de la forma más correcta posible”, mientras la concejala de Cultura se ha referido a cada uno de los puntos incluidos en la moción rechazada, para señalar que se habían cumplido, y ha defendido el diálogo, las reuniones realizadas con vecinos y afectados, la minimización de consecuencias con medidas como la convivencia del nombre antiguo y el nuevo durante doce meses, y la validez de los informes técnicos recabado a profesionales universitarios antes de tomar esta medida para el cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.