El abogado Broseta, el perejil en todas las salsas

Sus vínculos con las administraciones públicas, preferentemente de color azul, aunque también de color rojo, le han valido el calificativo de “abogado del poder”. También los contratos con empresas públicas o con la propia Generalitat Valenciana. Hijo del catedrático de Derecho Mercantil y secretario de Estado con UCD asesinado por ETA en 1992, Manuel Broseta se ha ido convirtiendo en un personaje clave en la sociedad valenciana.

Su apellido va ligado a esferas del poder valenciano. Hermano del secretario autonómico del Sector Público Empresarial con el PP, Bruno Broseta, su despacho creció al calor de la contratación tanto en la época de Edurado Zaplana como después con Francisco Camps como presidente. Ha llegado a ser presidente del Consejo Social de la Universitat de València y del lobby Conexus, una fundación que coordina actividades entre Madrid y la capital valenciana. De su bufete salió la directora general de la extinta Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, que trató de reflotar Canal 9 antes de que Alberto Fabra echara el cierre.

La fundación que homenajea a su padre organiza periódicamente charlas con dirigentes políticos, diputados y ministros, y reparte cada año unos galardones por la convivencia, un evento al que asisten distinguidos rostros de la sociedad valenciana. El último premio lo recogió el rey Felipe VI y lo entregó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La firma que lleva su apellido, Broseta Abogados, heredera del bufete de su padre, ha sido uno de los despachos de cabecera del PP en los años de los escándalos de corrupción. La llegada de la izquierda al poder le ha restado presencia en las entretelas de la Administración autonómica, lo que no ha impedido que la sede de la Generalitat Valenciana en Madrid esté cedida a Conexus, hecho que le da un protagonismo casi diplomático de representación valenciana en el ámbito público-privado.

Al calor de los gobiernos populares, entre 2005 y 2011, el despacho de Broseta logró 91 contratos con la Generalitat por un volumen cercano a los 2,5 millones de euros, muy por encima de otros bufetes. El responsable de la firma ha sido secretario de empresas públicas bajo la competencia de su hermano Bruno. Fue encargado, por ejemplo, del asesoramiento jurídico en la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en el Instituto Valenciano de la Vivienda. Broseta siempre ha negado que su facturación dependiera de la administración del PP y ha defendido que el volumen de contratos procedentes de la administración no llegaba a un 10% del total de las cuentas de su despacho.

Broseta asesoró en el primer macroproyecto urbanístico de Puerto Mediterráneo -ahora rebautizado Intu Mediterráneo- que aterrizó en Paterna gracias a las gestiones de su despacho. A este Ayuntamiento, según comunicó la organización municipal de Compromís en su día, el bufete de abogados facturó 1,2 millones de euros en cinco años.

En 2016, la coalición aseguró que la firma cobró 173.500 euros para asesorar a la empresa pública mixta Desarrollo Local Paterna pese a que esta no tenía actividad. En la misma intervención, los valencianistas dijeron que “lo primero que hizo Broseta al iniciar su colaboración con el Ayuntamiento fue modificar las normas de contratación de las empresas públicas”.

El nombre del bufete ha sido mencionado en diversos casos de corrupción e investigaciones parlamentarias sobre la gestión del PP valenciano. La última vez, esta semana en las Corts, en la propuesta de dictamen de la comisión de investigación del fraude en la empresa de construcción de colegios públicos. Ciegsa fue creada por el Gobierno de Eduardo Zaplana para construir centros escolares y acabó siendo un agujero millonario para las arcas públicas con abundantes lagunas de gestión.

Los diputados autonómicos creen, como reflejan en el informe, que los responsables de la empresa se sirvieron del despacho de abogados Broseta para contratar a los llamados 'trabajadores zombi'; aquellos que cobraban la nómina pero no pasaron por esas oficinas. Según declaró la responsable de Recursos Humanos, los contratos de nueve asesores de alta dirección venían del despacho de abogados: “Yo preparaba el contrato, que por cierto [para] los contratos los asesores eran Broseta. Broseta era el que más estaba en tema de recursos humanos”, afirmaba la trabajadora, que añadía: “Yo lo preparaba todo, lo enviaba a Broseta, preparaban el documento y luego lo enviaban y lo firmaban. O sea, es que se llevaba todo por valija. Yo no los vi”. Manuel Broseta respondió en la comisión que nunca vio “nada raro” en la empresa.

Su despacho asesoró a la empresa pública entre 2001 y 2015 y por ello facturó más de un millón de euros, pese a que en Ciegsa había un equipo de cuatro abogados. “La empresa reconoció intereses hasta el punto de pagar compensaciones indemnizatorias durante el tiempo transcurrido desde el momento del vencimiento de los pagarés que se habían devuelto hasta el momento que se pagaron”, añade el informe parlamentario. 

Ya en los juzgados, la responsable de la investigación del llamado caso Valmor imputó a dos abogados del bufete de Broseta, al que la Policía Nacional sitúa como cerebro de la “estructura” legal del Gran Premio de Fórmula 1. En un informe de 2017, la UDEF concluyó que la empresa Circuito del Motor y el despacho valenciano “enjugaron contratos” de la Fórmula 1 y sitúa a este abogado, que estaba en todas las salsas, como encargado de diseñar la estructura jurídica para resolver los problemas de organización del más llamativo de los grandes eventos de Camps.