32 meses después del cierre, manu militari, decretado por el PP, el nuevo Canal 9 se aproxima a su relanzamiento. Todo lo que hay que saber sobre la inminente radio televisión pública valenciana.
¿Cuándo emitirá?
No hay fecha. Dependerá de varios factores, pero técnicamente se podría poner en funcionamiento de manera inminente y la Generalitat tiene contenido antiguo -el del viejo ente- y nuevo -en proceso de adquisición- para completar la parrilla. La voluntad del legislador -las Corts Valencianes- es recuperar la televisión cuanto antes con un modelo provisional. Hay voluntad de que sea a la vuelta del verano. Lo antes posible.
Parlamentariamente, los plazos están claros. Los diputados han trabajado a destajo para sortear el inhábil mes de agosto español. La ley que permitirá la reapertura se aprobará el 14 de julio y la dirección, el Consejo Rector, se elegirá el 27. Este organismo elegirá después al director general, el encargado de perfilar, dentro de las directrices marcadas por el parlamento valenciano, el modelo de radiotelevisión pública.
¿Cuántos canales tendrá?
La ley que se aprobará el 14 de julio prevé la creación de dos canales de televisión. Uno convencional -para informar, formar y entretener- y otro especializado en información o la cobertura de acontecimientos especiales, incluídas retransmisiones deportivas. Éste podría colaborar con las televisiones locales o comarcales. El tercer canal -dedicado al público infantil- emitirá en principio por internet, donde ya se concentra el consumo del grueso de este público. El despliegue, sin embargo, se hará poco a poco, por razones operativas y presupuestarias.
En una segunda fase, la emisión podría doblarse por televisión, ya que se quiere pedir una tercera frecuencia -multiplex, en la jerga- al gobierno central. La ley también propone la creación de dos emisoras de radio, una para la música y cultura en valenciano.
¿Cómo será su programación?
Más allá de los lugares comunes -“garantizar la información objetiva, veraz, accesible”, “promover la participación plural y democrática”, “garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”- la parrilla será definida en un contrato-programa aprobado por las Corts Valencianes, que marcará “las líneas estratégicas que debe seguir el servicio público”. Canal 9, tras los primeros despidos masivos, así funcionó en la última televisión gestionada por el PP.
Hay consenso en que la información debe ser de proximidad -un espejo de la realidad de la Comunidad Valenciana- y en valenciano, que será la “lengua vehicular de los medios públicos que dependan de la Comunidad Valenciana”. Gracias a la tecnología dual de casi todos los aparatos habrá acceso a la versión original - a demanda del usuario- y no se descartan programas en “versión original”. Están descartadas excentricidades de alto coste como algunas de la etapa del PP. Por ejemplo, la retransmisión de la Fórmula 1 -simultaneámente con emisoras estatales- y con locutores -muy bien pagados- que hablaban en castellano.
El contrato programa debe ser aprobado por tres quintas partes del parlamento autonómico, detalle no baladí: el gobierno valenciano -PSPV-PSOE y Compromís- y su apoyo parlamentario -Podemos- necesitan del apoyo del PP, o como mínimo de Ciudadanos, para sacarlo adelante. La ley, de ser aprobada, blinda la parrilla de las mayorías gubernamentales, ya que requiere de mayorías reforzadas. A priori la conversion de la televisión en una maquinaria propagandística del gobierno de turno será complicada.
¿Cuánto costará y cuántos trabajadores tendrá?
El presupuesto y la plantilla son responsabilidad del futuro director general, que trabajará con las restricciones económicas que tiene una administración casi quebrada como la valenciana, que vive de la asistencia financiera, ahogada por su infrafinanciación, del Estado. Un informe del IVIE lo sitúa en 50 millones, en la media de las televisiones autonómicas más baratas. Otro, de profesores de universidad, proponía dedicar 140 millones del presupuesto público al ente. Todos los partidos dan por descontado que la cifra final será más próxima a la primera que a la segunda.
El presupuesto marcará el tamaño de la plantilla, una de las cuestiones más espinosas de todo el proceso. Parte de los trabajadores de RTVV llevan desde noviembre de 2013 reclamando la reapertura de la televisión y la recuperación de sus puestos de trabajo. En el proceso, han protagonizado sonoras polémicas con el PSPV-PSOE y Compromís, al considerar que los partidos en el Consell han incumplido sus promesas electorales y les han dejado, contra lo que sería ético y legal, en la estacada. Ahora mismo, Intersindical, uno de los sindicatos de la antigua Canal 9, acusa al gobierno valenciano de “improvisación, hipocresía e incompetencia”. PSPV y Compromís se han puesto del lado del Consell Jurídic Consultiu, un organismo consultivo de la Generalitat, y en contra de Podemos, su socio parlamentario, al rebajar los “privilegios” de los extrabajadores de la televisión en el acceso al nuevo ente. Este es uno de los pocos puntos de fricción entre PSOE y Compromís, por un lado, y Podemos.
Según una iniciativa vía enmienda a la ley de los tres partidos del Pacte del Botànic, los extrabajadores tendrán preferencia para acceder via una bolsa de trabajo a la televisión provisional, la que podría abrir de forma inminente. Para la definitiva, Podemos quería exonerar a los despedidos con oposicion aprobada de las pruebas de selección, pero no ha convencido a PSPV y Compromís. Si ha acordado con ellos que la antigüedad compute como mérito.
Los trabajadores no están contentos, ni por el tratamiento recibido -se quejan de que Ximo Puig no ha recibido al comité de empresa- ni por las señales -no hay cifras oficiales- sobre el número de contrataciones. Fuentes oficiales hablan de unos 400 empleados. RTVV llegó a tener unos 1.700, y tras el primer ERE, anulado por los tribunales, unos 700.
La política laboral, más allá de las aspiraciones de los extrabajadores, está ligada al embrollo judicial de la televisión. Un sindicato, CGT, denunció el ERE de extinción ante la Audiencia Nacional. Muchos creen -por ejemplo, Ciudadanos-, que la reapertura de Canal 9 sin sentencia podría poner en bandeja al juez la anulación de los 1.700 despidos, con el coste monstruoso -entre 150 y 200 millones, según el partido de Albert RIvera- que eso implicaría para la administración en pago de salarios atrasados y otros conceptos.
¿Quién manda o cómo se blinda la tele de injerencias políticas?
La ley a discutir prevé un enrevesado sistema de órganos y comités que evite manipulaciones grotescas como la que las Corts Valencianes han denunciado con el accidente de metro en Valencia. La instancia clave es el Consell Rector, “máximo órgano de gobierno y administración de la corporación”. Sus 10 componentes serán elegidos por el parlamento, el Consell de la Ciutadania, el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana -órganos de nueva creación- o los propios trabajadores. El presidente será elegido en concurso público y será el responsable, con su equipo, de marcar las líneas generales de la organización y garantizar la supervisión de la gestión económica del ente.
El Consell Rector será asesorado sobre la programación por el Consell de la Ciutadania. Un Consell d'Informatius, también a crear, velará por la “independencia, objetividad y veracidad de las noticias”. Ambas cosas -programas e informativos- serán competencia directa, aunque no exclusiva, del consejero delegado o máximo responsable ejecutivo de la corporación: El director general. Será elegido en concurso público por el Consell Rector y debe ser avalado por tres quintas partes -otra mayoría reforzada- de las Corts Valencianes. Propondrá el contrato-programa, la guía de actuación que marcará la forma -y el coste- de la nueva RTVV.
A juzgar por el proyecto de ley, el ente parido por las Corts Valencianes nada tendrá que ver, en principio, con al anterior, un monstruo que se cerró abruptamente sin responsabilidades políticas tras enterrar 1.200 millones de euros y despedir a 1.700 trabajadores. El tiempo dirá.