Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha gastado 50.000 euros al mes en las limpiezas de unas instalaciones vacías desde noviembre de 2013, cuando el gobierno de Alberto Fabra (PP) decidió cerrar la televisión pública. Según los liquidadores de la empresa de la Generalitat, que han comparecido en las Corts Valencianes, el contrato con Secopsa, contratista habitual con las administraciones controladas por el PP, suscrito en 2012, fue prorrogado en junio de 2015 por los liquidadores nombrados por la anterior administración.
Ahora, el contrato acaba de ser rescindido. Según los encargados de finiquitar la antigua RTVV, no tenía sentido gastar más de 600.000 al año en la limpieza de unas instalaciones sin trabajadores ni actividad alguna. Se “limpiaba sobre limpio” y los trabajadores de la contrata ocupaban su jornada laboral -contra su voluntad- en actividades ajenas a la que debía ser su ocupación. Actualmente, no hay limpieza en las instalaciones de RTVV. A la espera de encontrar soluciones, se ha gastado en este partida más de un millón de euros en los 27 meses que Canal 9 lleva sin emisión...ni actividad.
Un millón al mes y pleitos hasta 2017
Los liquidadores han cifrado el coste de RTVV en un milllón de euros al mes en pagos a proveedores, mantenimiento, seguridad, pago de deudas. Aseguran que los activos de la televisión (edificios o equipamiento) se podrían entregar a la Generalitat inmediatamente. En ese sentido, el lanzamiento del nuevo Canal 9 no tendría obstáculo alguno.
Otro asunto es el de la liquidación de la sociedad. RTVV tiene cientos de pleitos pendientes: con proveedores -por ejemplo, ahora se negocia la rescisión del leonino contrato de alquiler de la sede de Alicante- y, principalmente, antiguos trabajadores, que reclaman mayores indemnizaciones por diversas causas. Hay pleitos que están programados por los juzgados para septiembre de 2017.
El Santander bloquea la disolución del ente
De hecho, ni siquiera la primera RTVV, disuelta por el PP para crear una nueva libre de deudas, ha podido ser finiquitada. Los liquidadores aseguran que el Banco Santander, al que la sociedad debe 38 millones, se niega a traspasar esa deuda a la Generalitat, como si han hecho el BBVA y varios bancos extranjeros, sobre todos alemanes, a los que Canal 9 recurrió para cubrir sus constantes pérdidas.
El estado, además, también reclama más de siete millones en concepto de IVA a la televisión pública, que ha recurrido el acta levantada por hacienda. Aunque el gobierno valenciano -en aplicación del previsible mandato del parlamento autonómico- quiere que el nuevo Canal 9 arranque este mismo año, la muerte administrativa de RTVV aún parece lejana.