El nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la planta de Ford en Almussafes, que afecta a un total de 1.622 empleados, amenaza con convertirse en la primera gran crisis social del president Carlos Mazón, a tenor del papel estratégico de la planta en la industria valenciana. El bipartito valenciano, formado por PP y Vox, encara la delicada tesitura de perfil. Mazón, durante la sesión de control de este jueves en las Corts Valencianes, se pronunció con prudencia —sin dar detalle alguno— sobre la respuesta al hachazo de la empresa, a pesar de los 19,5 millones de euros de ayudas públicas recibidas por la firma automovilística. “Espero que las cosas mejoren y trabajo para que las cosas mejoren”, dijo el jefe del Ejecutivo autonómico.
Carlos Mazón tiene enfrente, en la oposición, dos visiones sobre la respuesta al gris futuro de la planta. El PSPV-PSOE le tendió la mano. La fuerza sindical en la planta reside, en gran medida, en el sindicato UGT y el Ejecutivo central trata de rebajar el golpe laboral. “Me consta que el Gobierno de España lo está estudiando”, dijo Mazón en respuesta al portavoz socialista, José Muñoz, a quien también agradeció su “sentido de Estado”.
La multinacional inició esta semana un proceso negociador para reducir la actual plantilla (4.800 trabajadores) en 1.622 empleados y empleadas, un 33% del total que ya se vio recortada en otro 18% el pasado año. El hachazo en la planta de Almussafes supone un serio peligro para el tejido industrial valenciano y se erige en antesala de movilizaciones sindicales de cierto calibre.
Ante el consenso entre el PP de Mazón y el PSPV-PSOE, la otra pata de la oposición dio un paso al frente al anunciar una propuesta legislativa para penalizar a las empresas que, habiendo recibido ayudas públicas, despidan trabajadores o deslocalicen la producción, a imagen y semejanza de las leyes vigentes en el País Vasco y Navarra. De hecho, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, recordó que su formación propuso, con ocasión del debate sobre la Ley de Medidas Fiscales, una ley idéntica que fue rechazada por el PP, Vox y el PSPV-PSOE.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico anterior del Pacte del Botànic, formado por PSPV-PSOE y Compromís, también otorgó ayudas públicas a la planta a pesar de las reducciones de plantilla. “Si tanto le molesta y tanto quiere prohibir dar ayudas a empresas, por qué razón Rafa Climent [exconseller de Economía, de Compromís] daba tantas ayudas a Ford en una legislatura en la que se perdieron 2.000 empleos” en la planta de Almussafes, espetó Mazón a Baldoví.
El Gobierno valenciano, en todo caso, aguanta la respiración ante una tesitura que puede convertirse en una crisis social de alto voltaje. Así, Carlos Mazón agradeció en la cámara autonómica a los socialistas su postura mesurada al mismo tiempo que reprochó a Compromís su intención de “hacer política” con el ERE en Ford.
Los socios de Mazón de la extrema derecha, por boca del portavoz de Vox, José María Llanos, argumentaron que el ERE en la planta de Almussafes responde al “maldito Pacto Verde Europeo que conduce a la industria a la ruina y a los empleados al paro en beneficio de cuatro élites aprovechadas que manipulan la Unión [Europea]”.