El fiscal delegado contra los delitos de odio y discriminación de Castellón, Juan Diego Montañés, ha renunciado a su puesto por la “elevada carga de trabajo”, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). Montañés, que asumió estas funciones en 2013, justifica su renuncia en la carga de trabajo que soporta al ser delegado de la especialidad de Criminalidad Informática, responsable del Sistema de Información del Ministerio Fiscal (SIMF) y coordinador en la implementación del expediente judicial en la Comunidad Valenciana.
La decisión del fiscal es más que preocupante, puesto que la Comunitat Valenciana registra un tasa de 4,82 delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes, ligeramente por encima de la media estatal de 4,72. Por provincias, Castelló, donde se ha producido la dimisión del fiscal especializado, tiene una tasa de 6,46, Valencia de 4,82 y Alicante de 4,31, según el 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023' presentado este lunes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El pasado 10 de septiembre, el hasta ahora fiscal de delitos de odio comunicó su renuncia a la Fiscalía General del Estado, que la aceptó vía decreto del 27 de septiembre firmado por el fiscal general, Álvaro García Ortiz. De acuerdo a la resolución por la que se dispone el cese, el puesto que ocupaba Montañés le requería una dedicación que “le dificulta seguir asumiendo la delegación de la especialidad en materia de delitos de odio y contra la discriminación”.
Durante 2023, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron un total de 251 infracciones penales e incidentes de odio en la Comunitat: 95 por racismo/xenofobia; 69 por orientación sexual o de género; 26 por discriminación por sexo o género; 19 por ideología; 8 por creencias o prácticas religiosas; 7 por discapacidad; 6 por antisemitismo; 3 por aporofobia; 2 por antigitanismo; 1 por discriminación de enfermedad.