El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón, cuya titularidad sustenta la magistrada Milagros León, ha aceptado la medida cautelarísima presentada por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos. Esta medida supone la paralización “por circunstancias de especial urgencia” de la partida presupuestaria de 80.000 euros destinada a la retirada de la cruz franquista del Ribalta y la remodelación del parque.
Desde el Consistorio, la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, ha negado que la decisión judicial vaya a paralizar el proceso y ha manifestado su voluntad de alegar la resolución en los próximos días. En este sentido matiza que la paralización afecta a la suspensión de la partida presupuestaria, mientras que el decreto –publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia-, busca el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
La magistrada León estima en el auto que el recurso presentado por la asociación ultracatólica ya que, de no hacerlo, perdería objeto el procedimiento ordinario en trámite presentado por Abogados Cristianos y se produciría un “perjuicio” para “quienes pretenden el mantenimiento de dicho símbolo en un sitio emblemático de la ciudad”.
Al hilo de la decisión judicial, Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, calificaba el Gobierno Municipal de Castelló de “partidos obsesionados con destruir la cruz y los símbolos católicos” y ha insistido en la existencia de “ una auténtica ola de cristanofobia” y de “continuos ataques a la libertad religiosa”. Castellanos ha instado también al Consistorio a obedecer a la justicia y “darnos la razón porque no hay ni una sola ley que permita retirar una cruz que no tiene ningún tipo de simbología”.
Desde el Partido Popular, la alcaldable Begoña Carrasco criticaba las prisas del Consistorio por hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica e insistía en calificarlo de acción ejecutada con “nocturnidad y alevosía”.