Los clientes pagarán los 1.350 millones de compensación por la hibernación de Castor

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.

La compensación será abonada por Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, en una operación “muy ligada a la financiación del BEI”, indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado.

La hibernación de la instalación “implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural” en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó.

La vicepresidenta del Gobierno aseguró que el real decreto ley aporta una “solución” a un proyecto que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona y que fue aprobado en mayo de 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno “intentó una declaración de lesividad” ante los tribunales.

“Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá en su caso poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras”, señaló.

“La solución permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento en caso de haberse puesto en marcha las instalaciones como estaba previsto”, añadió Sáenz de Santamaría.

Reacciones

Ante esta compensación el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha manifestado que la compensación a Castor “es un ejemplo de manual de cleptocracia organizada e institucional que no puede quedar impune”. El diputado nacionalista critica que se trata de “un insulto a la ciudadanía, que comprueba una vez más que el gobierno del PP está para velar por los intereses de las grandes empresas y no de las personas”.

“Nada le ha importado al gobierno los terremotos, el pánico vivido en la zona. No se han depurado responsabilidades en un proyecto que nace mal y viciado y ahora, encima, lo tienen que pagar los consumidores”, ha agregado Baldoví.

Por su parte la eurodiputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha declarado que los 1.350 millones deberían pagarlos “Zapatero, Camps, Soria y todos los que son responsables de esta situación”. La política castellonense ha lamentado que “no los deberían pagar los ciudadanos en la factura del gas”, sino aquellas personas que permitieron que se construyera el almacén “para beneficiar a Florentino Pérez sin los estudios geológicos y medioambientales que tocaba hacer”.