El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha expresado hoy su confianza en que mañana pueda finalmente tomar declaración como testigo al expresident de la Generalitat Francisco Camps y ha querido restar importancia a lo ocurrido en noviembre, “sé que no se le pudo encontrar y ya está”.
Castro ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su entrada en la Ciudad de la Justicia de Valencia, adonde ha llegado en torno a las 17.15 horas para tomar declaración, como testigos, a dos funcionarios de la Intervención General del Estado. Previamente han entrado ambos funcionarios, el fiscal y el abogado de Iñaki Urdangarín.
Preguntado sobre el lugar donde se producirá la declaración por escrito de Camps, ha dicho que “parece ser” que no habrá cambios sobre la ubicación prevista, la sede del Consell Jurídic Consultiu, entidad de la que forma parte el expresident como miembro nato tras su dimisión en julio de 2011 al ser procesado en la conocida como “causa de los trajes” del caso Gürtel.
Sobre si sabía qué pasó aquel 16 de noviembre, cuando la policía judicial no logró localizarle en su casa ni contactar con él por teléfono, Castro ha señalado, “yo no estoy en la piel de los demás, no sé lo que pasó. Sé que no se le pudo encontrar y ya está, no hay más problema con eso”.
La testificación de Francisco Camps se hará, a partir de las once de la mañana, en presencia de la secretaria del Juzgado número 3 de Palma, y el expresident no podrá comunicarse con el exterior ni recibir asesoramiento de terceras personas, aunque si no desea escribir personalmente las respuestas podrá hacerlo una persona “no profesional del Derecho”.
Las preguntas sobre su conocimiento y participación en los contratos que instituciones públicas valencianas suscribieron con el Instituto Nóos se le plantearán una a una, sin que Camps pueda conocerlas hasta que se le formulen, y cuando finalice tendrá que firmar la declaración junto a la secretaria judicial.
Por otra parte, José Castro ha rechazado opinar sobre la decisión del juez decano de Palma de que la infanta Cristina pueda acceder en coche al juzgado, en su citación como imputada del próximo 8 de febrero, pues se trata de una medida que no es de su competencia y por tanto no tiene “nada que decir” al respecto.