El sindicato CCOO entiende que los cuatro exdirectores generales de RTVV, las actuaciones de los Gobiernos de la Generalitat desde 2000 y los liquidadores del ente audiovisual podrían haber cometido delitos contra los trabajadores, de fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad contable. Por este hecho se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue la gestión realizada.
CCOO PV explica que ha conocido estos hechos en el proceso del ERE declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y en el posterior diseño del Plan de viabilidad presentado como alternativa al cierre. De este modo el sindicato señala directamente la gestión de los exdirectores generales José Vicente Villaescusa, Pedro García, José López Jaraba y Alejandro Reig de la Rocha; y por lo que respecta a la liquidación también a los miembros de la comisión Antonio Hervás García, Carlos Cervantes Lozano y Pau Pérez Blay; así como por los sucesivos miembros del Consell de la Generalitat Valenciana desde el año 2000.
Paco Molina, secretario general de CCOO PV, ha destacado que “nuestros servicios jurídicos llevan meses trabajando en la documentación de esta denuncia que muestra unos hechos que debería haber investigado el propio Consell, en lugar de tratar de pasar página”. Critica el dirigente sindical que “ni la nefasta gestión ni el desfalco de las arcas públicas ni la clausura de un servicio público necesario para la defensa de nuestra cultura y nuestra lengua pueden quedar impune”, confiando así que la denuncia sea admitida, que haya un reprobamiento judicial “y, sobre todo, que contribuya a sentar nuevas bases en la gestión de lo público”.
Rosa González, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha apuntado que se considera el año 2000 como el punto de inflexión, cuando el Consell cambia la forma de financiación a la que le obligaba la ley, decide no hacer una aportación al déficit al final del ejercicio, sino que acudan a la financiación bancaria, pasando a ser avalistas del ente. Este endeudamiento reiterado en detrimento de las arcas públicas, entendiendo que además carecía de sustento legal, podría ser constitutivo de fraude.
Se observan irregularidades en la compra-venta de derechos de retransmisiones, de programas que superaban en más de 10 veces el valor de mercado y de servicios, incluidas condonaciones de deudas a empresas privadas o canjeadas por publicidad que nunca se llegó a emitir, algunas por valor de 2 millones de euros. “Estos negocios, además de no estar sujetos a la ley de contratación del sector público, han ido en claro prejuicio del ente y han causado un evidente quebranto financiero” acusan desde el sindicato.
También se denuncian prácticas de contratación en materia de personal que habrían vulnerado de forma continua la legalidad y cuyos costes laborales se imputaron durante años a partidas de explotación de la cadena; el mantenimiento de directivos y personal vinculado al director general, José López Jaraba más allá de la finalización de su relación con la empresa; o la inclusión de forma indebida de personal en el despido colectivo de 2012.
Se atribuye asimismo una actuación presuntamente delictiva en el cierre de emisiones de RTVV, que tuvo como objetivo el incumplimiento deliberado de la sentencia firme del TSJ que anulaba el despido colectivo de más de 900 trabajadores. “El anuncio de cierre el mismo día 5 de noviembre, argumentando que no se podía asumir el coste de la readmisión, fue una cacicada del Consell que no midió las consecuencias ni económicas ni sociales”, ha asegurado Rosa González.
En el proceso de liquidación también se entiende que pudiera haber habido fraude, en la subrogación de crédito que no fue aceptado por los acreedores y en la valoración de activo y pasivo que se produjo en la reestructuración societaria, así como irregularidades contables, con especial incidencia en las cuentas anuales de 2012.
“De los hechos analizados en la denuncia eran conocedores los miembros del Consell porque la Sindicatura de Comptes se lo había advertido reiteradamente y, esa reincidencia, implica actividad delictiva que no puede atribuirse únicamente a los meros ejecutores, que también”, aseguran desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía.