El Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha publicado un monográfico del Atlas Nacional de España en el que analiza la primera ola de la pandemia de la COVID-19, “de los primeros casos a finales de junio de 2020”. En este documento, dividido en tres secciones (que analizan el contexto global, la pandemia en España y los efectos sociales, económicos y ambientales), el catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València (UV) Joan Romero analiza la gobernanza territorial y la cogobernanza.
Tal y como relata Romero, la pandemia ha provocado que el Estado autonómico se viera sometido a un test de estrés “tan profundo y estructural como desconocido”, al tiempo que se han tenido que impulsar dispositivos institucionales de coordinación como la Conferencia de Presidentes o las conferencias sectoriales que, si bien ya existían, “prácticamente permanecían en letargo desde su creación”.
Así, se constata que en unos meses se produjeron más conferencias de presidentes que desde la creación de esta figura en octubre de 2004, lo que “evidencia que durante décadas no ha tenido el protagonismo debido para garantizar una buena gobernanza: su funcionamiento está lejos del que sería el adecuado, sus resultados han sido discretos y los efectos de la polarización de la política, tan acusada en España, dificultan la posibilidad de tejer acuerdos que son urgentes”.
Como ejemplo, apunta el catedrático de la UV que el cónclave de presidentes dejó de convocarse en octubre de 2020, “cuando debería haber seguido funcionando con la regularidad que obliga la situación excepcional”. La que sí que ha mantenido su actividad es la conferencia sectorial de sanidad, además de la de servicios sociales y otras que “han demostrado buenos resultados en materia de coordinación entre gobiernos central y autonómico”.
No obstante, reseña que, en ocasiones, “se han evidenciado carencias, imprevisiones, contradicciones, desencuentros e incluso episodios de judicialización entre los responsables de los distintos gobiernos”, una circunstancia explicada “en buena parte” por la situación de emergencia.
No obstante, también se han desplegado medidas “muy importantes” ejemplo de buena gobernanza tanto desde la Unión Europea, como por parte del Gobierno central, de las comunidades autónomas o los gobiernos locales en áreas como la salud, la educación, los servicios sociales, la economía, hacienda o el empleo con el objetivo de “salvar vidas, reactivar la economía mediante planes de reconstrucción y recuperación, garantizar liquidez a empresas y familias con ayudas directas y atender las urgencias de los grupos de población más vulnerables afectadas por la pandemia”.
La pandemia nos permite extraer algunas enseñanzas, como por ejemplo que el Estado autonómico “ha salido fortalecido al utilizarse como nunca antes los instrumentos de gobernanza existentes” y destaca Romero también que se ha afianzado en el imaginario colectivo una España “más policéntrica, más horizontal”; se han evidenciado los déficits de gobernanza multinivel y las carencias en pilares fundamentales del Estado del bienestar que son responsabilidad fundamental de las autonomías; se ha afianzado entre la ciudadanía, “que ha demostrado una actitud ejemplar”, la importancia de los servicios públicos; se ha abierto una nueva etapa de construcción de acuerdos y alianzas estratégicas entre distintas comunidades autónomas para abordar problemas y retos comunes de “gran simbolismo político, porque se impulsan pensando en el conjunto del Estado”.
Diferentes recursos para afrontar la crisis
Por último, considera que ha quedado patente que España “debe mejorar sustancialmente la carencia de datos que la pandemia ha evidenciado”, ha de revisarse el sistema de financiación para garantizar la equidad territorial y equipararlo a la media de países de la UE, se debe institucionalizar el funcionamiento regular de las conferencias de presidentes y sectoriales, así como también “sería muy conveniente” la creación de un Centro Estatal de Salud Pública.
Precisamente sobre los recursos de los que disponen las comunidades autónomas, Joan Romero explica que la gestión sociosanitaria de la pandemia “ha evidenciado, entre otras muchas cosas, desequilibrios y dificultades para abordar los mismos problemas con muy distintos presupuestos”. De ahí que insista en la urgente necesidad de acordar un nuevo sistema de financiación para dar respuesta a los problemas sociales y económicos que, “probablemente, se agravarán y prolongarán en el tiempo”.
El catedrático apunta al tensionamiento “hasta límites desconocidos” del sistema sanitario, el actual modelo de residencias, el sistema educativo y la red de servicios sociales y destaca la “contribución significativa” del Estado a paliar en parte esta situación por medio de la puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -en abril de 2020 más de 3,5 millones de trabajadores estaban protegidos por este mecanismo- y de la aprobación de un fondo COVID-19 dotado con 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas destinados a gasto sanitario (9.000 millones), en educación (2.000 millones) y a compensar la merma de ingresos de las administraciones autonómicas (5.000 millones).
Acerca de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital por parte del Ejecutivo, un mecanismo concebido para favorecer la integración social, el catedrático de la Universitat de València lamenta que los problemas de coordinación entre administraciones “han dificultado su despliegue de forma muy significativa”. El número de beneficiados “apenas alcanzaba un tercio de los hogares previstos”, 700.000 personas de un total de 2,3 millones a las que se pretendía llegar. Esta medida mostraba “carencias” y “algunas lagunas muy importantes”: “Insuficiencia, ausencia de condicionalidad, rigidez burocrática y déficit de gobernanza multinivel”.
Así, sentencia que este caso, con claros “desajustes y ausencia de coordinación” entre los tres niveles de gobierno, además de ser “uno de los mejores ejemplos de nuestro déficit de coordinación y cooperación, llevan a calificar de fracaso la gestión llevada a cabo”.