Compromís per Catarroja ha presentado de cara al pleno ordinario del mes de abril una moción para pedir al pleno del ayuntamiento la retirada de la medalla de la Vila de Catarroja al actual rey emérito, Juan Carlos I, concedida en 1972, a finales de la dictadura franquista.
En la argumentación del escrito se señala que esta retirada se propone atendiendo a “que no se cumplen los méritos que acrediten esta concesión otorgada el 17 de junio de 1972”. Además esta distinción también fue concedida en la misma sesión plenaria al dictador Francisco Franco, pero en este caso ya fue revocada en 2012, también a propuesta del grupo municipal de Compromís, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Según la moción “las últimas informaciones aparecidas a los medios y confirmadas por la casa real, evidencian que quién fue príncipe de Asturias, Juan Carlos I y actual rey emérito del Reino de España no reúne los requisitos establecidos por el reglamento vigente especial de Honores, recompensas y distinciones del Ayuntamiento de Catarroja, aprobado por el Pleno de la corporación en la sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 1988″.
Asimismo, este reglamento establece que “el ayuntamiento de Catarroja considera un deber moral honrar públicamente en aquellas personas que, por sus elevadas virtudes cívicas y su excepcional actuación en la sociedad, constituyen un alto ejemplo que imitar, digno de público reconocimiento porque sus acciones repercuten en el agrandamiento de la patria y del pueblo donde nacieron o en el cual desarrollaron sus actividades”.
La moción, presentada el 14 de abril, 90 aniversario de la proclamación de la II República, supone también, según explica la coalición, la reivindicación por parte del grupo municipal de Compromís de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad entre las personas y también desde el pueblo valenciano al resto de pueblos del mundo. Unos valores que también tienen que protagonizar la relación entre la ciudadanía y las personas que el pueblo designa para ejercer tareas de gobierno que se tienen que someter a la voluntad popular y que en ningún caso tienen que ocupar sus cargos por razones puramente familiares.