Fiscalía archiva la causa contra el concejal del PP de Benaguasil por el PAI por el que medió su pareja en el municipio

Toni Cuquerella

6 de julio de 2021 19:24 h

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La Fiscalía ha archivado la causa contra el concejal del PP en Benaguasil Stephane Soriano después de la denuncia presentada hace unos meses por el PSPV de Benaguasil por posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

Tras conocer la decisión del Ministerio Fiscal el PP de Benaguasil ha hecho público un escrito en el que explican que “queremos condenar con total rotundidad la actitud llevada a cabo por el conjunto de grupos de la oposición cuando sabiendo perfectamente que no había existido ninguna mala actuación decidieron llevar a cabo una campaña de acoso personal y político contra Stephane Soriano para intentar hacerlo dimitir de sus cargos convocando incluso un pleno extraordinario para solicitar su dimisión”.

Por su parte Stephane Soriano ha asegurado que “tengo la conciencia tranquila de haber intentado siempre actuar para mejorar Benaguasil ya sea en esta o en cualquier otra cuestión. El daño es irreparable no sólo para mi sino para mi familia y quiero acordarme hoy de ellos, de mis padres y de mis amigos. Quiero agradecer también las muestras de cariño recibidas a lo largos de estos duros meses”.

Stephane Soriano, portavoz del PP y concejal del Ayuntamiento de Benaguasil, reconoció en el pleno del pasado 31 de enero, a preguntas de los socialistas, que su pareja, Luis López Martínez, es propietario de la mercantil Himin Solar Energy Company SL, participada por el fondo de inversión Solaer Israel LTD, que precisamente pretende relanzar el Programa de Actuación Integral (PAI) del Molí Nou.

Proyecto del PAI

El proyecto, aprobado en 2009, preveía la construcción de 4.500 viviendas, duplicando la edificabilidad actual del municipio, e incluía un campo de golf, instalaciones hípicas, centros comerciales y un hotel de 250 habitaciones. Tras un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Xúquer sobre los usos del agua y el estallido de la burbuja inmobiliaria, el proyecto quedó varado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) condenó al consistorio a abonar los 3,5 millones de euros que las inmobiliarias encargadas del proyecto, agrupadas en Benaguasil Urbana, solicitaban como indemnización tras no haberse ejecutado el PAI. El Tribunal Supremo desestimó el recurso del consistorio contra esta sentencia. 

“Transcurridos casi 10 años desde su aprobación, el Ayuntamiento empezó a entablar discretas negociaciones con el objetivo de adjudicar la ejecución del PAI a un nuevo agente urbanizador”, relataba la portavoz socialista en Benaguasil, Laura Mitrugno, en su denuncia ante la Fiscalía.

La denuncia se produjo después de que el concejal Soriano reconociera en un pleno que su pareja, Luis López, “desde hace más de nueve años” figura en la empresa participada por el fondo de inversión que pretende relanzar el PAI y explicó que se habían producido reuniones en Londres y en Benaguasil (con presencia del alcalde, el técnico de urbanismo y el arquitecto municipal) sin que la oposición estuviera al tanto. El portavoz del PP aseguró que, si la empresa obtiene los terrenos, renunciará al cargo.