La oposición municipal de la Llosa, el PSPV, tiene restringido actualmente el acceso a la documentación municipal a 6 horas al mes, según una circular emitida por el alcalde Joaquín José Llopis (PP) desde el año 2015. Una circunstancia por la cual le ha dado un tirón de orejas el Síndic de Greuges tras la queja enviada por el grupo socialista.
Pero esta restricción va más allá: este acceso debe ser realizado en persona el último lunes laborable de cada mes, en el salón de plenos del Ayuntamiento de la Llosa, en horario de 8 a 10 horas y de 11 a 15 horas, y pedir esta información con una antelación mínima de dos días laborables.
Ante estas exigencias el concejal portavoz del PSPV, José Guijarro, presentó una queja ante el Síndic de Greuges en el que explicaban que “se nos niega sistemáticamente toda la información y documentación que solicitamos en ejercicio de nuestro derecho de información con el fin que legitima nuestra función de control político”. Entre los ejemplos señala que se les deniega información como el registro de entrada y salida, el acceso a la plataforma Gestiona para poder acceder a la carpeta del concejal y poder visualizar la información, o incluso se les ha negado el expediente de la cuenta general, y que “si queremos verla que la podemos ver en el ayuntamiento, pero no nos dan una copia del expediente”. Afirman incluso que “en ocasiones no se responde a las solicitudes formuladas en el plazo de los cinco días establecido en el ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento)”.
En sus alegaciones el alcalde (que pasa también pasa ser diputado provincial de Recursos Humanos) ha negado que haya ningún tipo de denegación de la información, y entre sus argumentos señala que “se han dado las facilidades posibles en un municipio pequeño -1.042 habitantes- con una estructura administrativa acorde a su tamaño, y que, además, la Secretaria-Interventora titular se encuentra de baja desde hace más de seis meses”.
El Síndic de Greuges en sus recomendaciones ha pedido al Ayuntamiento de la Llosa “que se adopten todas las medidas organizativas que sean necesarias para que las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los cargos electos sean resueltas y notificadas en el plazo máximo de 5 días naturales, y para que dicha información sea entregada de forma electrónica en el plazo máximo de diez días”.
Por otro lado, también recomienda que “se permita al autor de la queja el acceso directo, a través de la plataforma informática municipal, a la información contenida en los libros de registro, en los libros de actas y de resoluciones de la Alcaldía, tal y como se realizaba con anterioridad a la aprobación de la instrucción que se permita que los concejales de la oposición puedan acceder a la información contenida en la plataforma informática de la misma manera que los concejales del equipo de gobierno, ya que, sin perjuicio de su deber de reserva, todos ellos son miembros de la misma Corporación Local y ese acceso es necesario para ejercer las funciones propias del cargo público para el que han sido democráticamente elegidos”.