El Síndic de Greuges amenaza al alcalde de Oliva con acudir a la Fiscalía por “desobediencia” al no contestar sus requerimientos

El síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, ha advertido formalmente al alcalde de Oliva, David Gonzàlez (Compromís), que si en el plazo de 10 días no remite el informe que le ha solicitado tres veces acudirá a Fiscalía por “desobediencia”.

El requerimiento en cuestión se refiere al realizado por un vecino de Oliva que se dirigió al síndic en septiembre de 2019 afirmando que el Ayuntamiento de Oliva no le contestaba a un escrito en el que le pedía que cumpliera una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de 2018, que obliga al cese de estacionamiento de camiones trailers en una parcela.

En su queja el vecino señalaba que, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de presentación del citado escrito, no había recibido ninguna respuesta, motivo por el que solicitó la intervención del Síndic. Des este modo desde la sindicatura se señala que el pasado 17 de septiembre el Síndic solicitó al Consistorio un informe de la situación. Y se repitió la situación, ninguna respuesta, a lo que el Síndic reiteró el requerimiento el 23 de octubre y el 28 de noviembre, obteniendo la misma falta de respuesta.

Ante esta situación, el pasado 18 de febrero el Síndic envió una carta certificada con acuse de recibo dirigida al alcalde de Oliva para comunicarle que, si transcurridos 10 días hábiles no remite el informe solicitado, su falta de respuesta se declarará actitud obstaculizadora de la investigación de esta institución y se remitirá al Ministerio Fiscal.

El Alto Comisionado recuerda que ya anunció que llevaría ante el Ministerio Fiscal a las autoridades que no respondan reiterademente a sus peticiones de información, entorpeciendo así su labor de investigación en defensa de los derechos de los ciudadanos. Así el Síndic suraya que el Código Penal señala que será castigado como “reo del delito de desobediencia” la autoridad que obstaculice la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que estos soliciten.