La portada de mañana
Acceder
La presión fiscal cae en España y deja margen para subir impuestos a ricos
EEUU ha enviado más soldados y aviones tras cada escalada de Netanyahu
Opinión - Los secretos de alcoba del 23F. Por Carlos Fonseca

La Vall d'Uixó denuncia que la Generalitat lleva 14 meses desentendiéndose de asumir el traspaso de la residencia de mayores

Toni Cuquerella

0

444 días, o el que es el mismo, 1 año, 2 meses y 16 días, es el tiempo que denuncia el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó que la Generalitat está eludiendo el traspaso de la residencia de mayores Hogar Sagrada Familia. Según afirma la alcaldesa, Tania Baños, “la Conselleria de Servicios Sociales está bloqueando desde hace un año la comisión mixta, que es la mesa de diálogo para avanzar en la transferencia de competencias y el cumplimiento de la ley 3/2019 que establece que la gestión de estos recursos tiene que ser autonómica”.

Baños, y el concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués, han comparecido para exigir al Consell que convoque “inmediatamente” esta comisión mixta, a la vez que lamentaban que “tanto el presidente Carlos Mazón como la consellera Susana Camarero y las diferentes direcciones relacionadas con las infraestructuras sociosanitarias y las personas mayores hayan ignorado las más de 40 cartas y comunicaciones enviadas desde julio de 2023”.

Así desde la primera comunicación de julio de 2023 hasta la última del 16 de septiembre al presidente Mazón, “no nos han dado ninguna solución y han roto toda vía de diálogo y de interlocución, abandonando a las personas usuarias y al personal de la residencia”.

Recuerdan desde el consistorio que, por ley, el traspaso de la residencia tenía que estar completado en 2024 “pero la Generalitat Valenciana de Mazón y Camarero, sin comunicarnos nada y de la noche a la mañana, aprobó alargar este plazo hasta el 2030”. Baños y Marqués también han alertado que la Generalitat Valenciana pretende modificar el artículo 28 de esta ley que determina que las residencias son de competencia autonómica para que también sean competencia de los ayuntamientos.

Una situación que desde la Vall d'Uixó “no aceptaremos, porque el acceso de los usuarios y usuarias lo decide la Conselleria y no el Ayuntamiento, lo cual demuestra que la competencia es suya”. Además esta situación “continuaría condenándonos a la infrafinanciación, dado que el Ayuntamiento destina cada año 1.500.000 euros a cubrir los gastos del servicio del Hogar Sagrada Familia con los impuestos de los vallers y valleres a pesar de que los residentes vienen de toda la comarca”.

Añaden que el anterior gobierno valenciano del Botánico marcó una hoja de ruta para hacer efectivo el traspaso de las competencias en este 2024 “y el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó cumplió con sus obligaciones”. Es el caso de la estabilización del personal para hacerlo funcionario de carrera, como consta en las actas de la comisión mixta. “Aunque cumplimos con nuestra parte, ahora no tenemos respuesta ni podemos continuar avanzando por el silencio y el abandono de la Conselleria”, han denunciado.

A esta situación se suma que el convenio de cesión de uso del edificio de la residencia finaliza a principios de 2025. Además se trata de una construcción antigua “y la Generalitat Valenciana tiene responsabilidad sobre el bienestar y la seguridad de las personas usuarias”. Sin embargo, el Ayuntamiento en el último año ha invertido 80.000 euros en mejoras y ha garantizado el personal necesario para prestar un servicio óptimo.

La alcaldesa y el concejal de Servicios Sociales han reiterado la necesidad de “después de 444 días de espera” establecer “una vía de diálogo y trabajo para hacer efectivo el traspaso” y dar solución a los tres principales problemas del Hogar Sagrada Familia: la situación económica de infrafinanciación (1,5 millones de euros en el año de gasto), la finalización del convenio de uso del edificio y el bienestar y la seguridad de los usuarios y usuarias.

“Estamos desesperados para encontrar una interlocución con la Conselleria”, han advertido. A su vez, han señalado que el Ayuntamiento ha tardado 1 año, 2 meses y 16 días a hacer pública esta situación “por respeto institucional” y “porque nuestro interés era únicamente resolver el problema conjuntamente y no utilizarlo políticamente ni sacarle las vergüenzas en el gobierno valenciano. Pero 444 días después ya no podamos más”.