El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado en el Ayuntamiento de Xàtiva al pago de 1,4 millones de euros a Acciona Infraestructuras por sobrecostes en la construcción de la Ciutat de l'Esport. Desde el consistorio se explica que la condena supone más de 300.000 euros más que las previsiones que tenía el ejecutivo de Roger Cerdà, que se añaden el coste de este proyecto “faraónico” impulsado por el gobierno del PP de Alfonso Rus e inaugurado con Francisco Camps en las puertas de las elecciones de 2011.
Con esta sentencia el coste de la Ciutat de l'Esport de Xàtiva sobrepasará los 10 millones de euros, cuando el proyecto se aprobó por 7,4 millones, puesto que en 2011 el anterior gobierno de Rus también autorizó un modificado que incrementaba en 1,6 millones el proyecto.
Desde el gobierno municipal afirman que “las previsiones de la auditoría interna de la deuda municipal, puestas en entredicho con frecuencia por el Partido Popular, no sólo eran verídicas, sino que se han quedado cortas” puesto que la condena son trescientos mil y pico euros más que en las peores previsiones de la auditoría.
Esta cantidad, a la cual habrá que sumar los intereses de demora desde 2011, proviene de la última sentencia que quedaba para conocer de los procesos judiciales pendientes de resolución como consecuencia de la nefasta gestión urbanística y económica de los gobiernos de Alfonso Rus.
La cantidad se desglosa en 375.666,86 euros más IVA por obras ejecutadas y recogidas en un proyecto complementario, la aprobación por el Ayuntamiento del cual no consta; 670.021,36 euros más lVA por trabajos realizados al margen del proyecto original y del proyecto modificado; 62.549,70 euros más lVA, correspondientes al equipamiento de juegos 'pitch & put' (una instalación para la práctica del golf); 24.124,72 euros más lVA en concepto de reparaciones ejecutadas durante el periodo de garantía y 2.000 euros en concepto de costas del proceso.
La última instancia a la que recorrerá el Ayuntamiento de Xàtiva será presentar un recurso de casación en el que ya trabajan los servicios jurídicos del consistorio. La admisión de este recurso tiene que pasar un doble filtro, el del TSJCV y el del Tribunal Supremo. El Ayuntamiento también prevé el inicio de acciones penales para dirimir responsabilidades e identificar los culpables de este menoscabo para las arcas municipales.