El diputado de Compromís y portavoz de igualdad LGTBI, Francesc Roig, ha denunciado este viernes que los colegios diocesanos de Valencia cuentan con un protocolo de actuación para alumnos LGTBI basado en las teorías de las pseudoterapias de conversión y hace referencia a problemas de “maduración” en niños, niñas y jóvenes trans y homosexuales. También se utilizan conceptos “muy extendidos” entre los defensores de las pseudoterapias de conversión como por ejemplo “la atracción o proyección” hacia el mismo sexo o “deseo de cambio de sexo”, en lugar de homosexualidad o realidades trans.
Tal y como denuncia la formación valencianista, el protocolo fue creado, entre otros, por la Asociación Católica de Maestros de la Provincia de Valencia, de la cual fue presidente durante 17 años Federico Mulet, acusado de practicar pseudoterapias de conversión en un centro de Alaquàs.
El 'Protocolo de acompañamiento para la maduración integral de la persona en su identidad sexual masculina y femenina' contempla la creación de equipos “de acompañamiento e intervención” en cada centro educativo, que tendrán que detectar casos y diseñar planes de intervención individualizados que pueden incluir la derivación hacia “especialistas externos” o “el apoyo espiritual de sacerdotes expertos en el tema”.
De entre las acciones formativas a incorporar en los centros se señalan aquellas “relacionadas con varias problemáticas que se plantean en el crecimiento y maduración sexual del alumnado: la relación con la figura paterna y materna, la relación con los iguales, el abuso y la violencia en edades tempranas, etc.”. Roig ha querido recordar que las “pseudoterapias de conversión basan su actuación en situar la causa de la homosexualidad en estas supuestas causas”.
“Policía homófoba y transfoba”
Según el protocolo, es responsabilidad de toda la comunidad educativa informar a los responsables cuando se ven “indicios de que algún alumno no se identifica con su sexo”, así como “prestar especial atención a los comportamientos que requieran de acompañamiento en la maduración integral de la persona”. Como indicadores de eficacia del protocolo se especifica abiertamente “la aceptación del alumnado de su condición psicosexual masculina o femenina” o el conocimiento por parte del profesorado de las “necesidades y carencias de la persona y su posible relación con el desorden de identidad sexual”.
Para Roig, “estamos ante una auténtica policía homófoba y transfoba presente en colegios diocesanos, con el único objetivo de perseguir y adoctrinar a niños, niñas y jóvenes LGTBI. Creemos que este protocolo puede haber sido el instrumento para derivar alumnos hacia las pseudoterapias de conversión, utilizando el eufemismo de acompañamiento o intervención de especialistas externos”. “El marco teórico del que nace este protocolo es el de considerar que las personas LGTBI lo somos porque tenemos algún problema de maduración, y que es responsabilidad del centro actuar porque volvemos a responder al modelo de hombre o mujer cis heterosexual”, sostiene el diputado de Compromís.
La propia Fundación San Vicente Mártir avisa en los centros que las personas seleccionadas para formar parte de estos equipos tienen que tener una “sensibilidad hacia el tema con clara identidad católica”, incidiendo en qué “elegir a las personas adecuadas es crucial para este tema”. Según Roig, esto demuestra que el objetivo “no es hacer un acompañamiento pedagógico basado en la evidencia científica, sino al perseguir el alumnado LGTBI en base a las pseudoteorías que nos considera personas enfermas o con problemas de maduración”.
El protocolo contraviene la legislación
Pero no solo eso, el diputado de Compromís ha enfatizado que el protocolo indica que “hay que hacer listas de niños y niñas LGTBI y que las tienen que comunicar a la Fundación de colegios diocesanos”. El documento “choca” en varios apartados con la normativa, como por ejemplo la Ley Trans o Ley LGTBI valencianas. Así, “se impide a las niñas y niños trans usar los lavabos y vestuarios, el uniforme o el nombre según su identidad de género y los obliga a usar aquel contemplado en la documentación del registro civil”.
“Queremos poner en valor que hemos tenido conocimiento de la existencia de estos protocolos gracias a una denuncia ciudadana a través de nuestra web. Agradecemos a todas las que nos estáis haciendo llegar información tan valiosa y exigimos a la Consellería que se pronuncie de una vez por todas a favor de crear la comisión de investigación que investigue esta trama homófoba y acabe con todas las prácticas que van contra la dignidad de las personas LGTBI. Exigimos también que en Las Cortes se cree una Comisión de investigación sobre este tema tan grave. Todos los centros educativos tienen que ser espacios seguros para todas y todos, también para las jóvenes LGTBI”, ha concluido Roig.