Vicent Marzà: “La Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes; nosotros, sí”
El confinamiento que mantuvo a los alumnos en casa por la pandemia de la COVID-19 a partir del mes de marzo llevó a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana a activar un conjunto de plataformas on line organizadas según niveles educativos y a repartir 14.000 tabletas con conexión a internet para estudiantes sin recursos.
Aquella apuesta de primavera para paliar el cierre escolar con medios telemáticos que permitieran el acceso a la docencia se mantuvo hasta final de curso, pero no fue obstáculo para que a finales de julio el departamento que dirige Vicent Marzà tuviera ya cerrado, con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, los representantes del profesorado, los directores de centros, las asociaciones de padres y madres y los representantes de los colegios concertados, un plan de inicio del curso 2020-2021 que apuesta por la vuelta a las aulas y la máxima presencialidad.
Tras unas semanas de ruido mediático y político sobre la organización de este curso tan atípico, el Gobierno de España y las comunidades autónomas han acordado esta semana unas reglas de la vuelta al colegio que van en ese mismo sentido. Marzà, un joven político de Compromís (tiene 37 años) que procede del mundo de la enseñanza, está convencido de que la polémica sobre la vuelta a clase se ha alimentado porque, a diferencia de la Generalitat Valenciana, algunos gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid no habían hecho los deberes.
Da la impresión de que la mayoría de las medidas acordadas por el Ministerio y las autonomías ya estaban previstas y pactadas hace un mes en la Comunidad Valenciana…
Sí. Presentamos el protocolo a finales de julio y lo acordamos con los sindicatos de la mesa de la educación pública y todos los sindicatos y las patronales de la enseñanza concertada. Trabajamos en una organización de los centros educativos que pudiera dar respuesta a todos los escenarios posibles de la pandemia, una organización que ya preveía lo que esta semana hemos podido concretar con el Ministerio y el resto de comunidades.
Partimos de una reducción de ratios, es decir, de organizar los cursos con menos alumnos por aula, lo que implica contratar a más profesores. Y no en un futuro. Están ya contratados. La primera semana de agosto contratamos a todo el profesorado extraordinario, que son casi 5.000 maestros y profesores más, para atender a esa diversidad de grupos. Hemos ejecutado una movilización de 207 millones de euros más que, aparte de la contratación del profesorado, financian la contratación de 3.000 monitores de comedor, porque los comedores han de ser espacios seguros, así como una apuesta por la digitalización. En caso de que haya que aislar algunas aulas porque se detecte un contagio, y eso es algo que pasará, los alumnos tienen que poder hacer telemáticamente los horarios que harían en clase.
Podemos hablar de tres niveles en los planes para organizar el inicio de curso: las medidas sanitarias, los refuerzos en recursos y profesorado y la forma de trasladar los dos aspectos anteriores a los centros. ¿Cómo lo han previsto ustedes?
Lo primero es que las aulas sean espacios seguros y saludables. Por tanto, seguimos todos los criterios que han marcado los expertos de salud pública para que los centros educativos sean más seguros que otros espacios de socialización de los niños y niñas en los que han estado a lo largo del verano.
La segunda cuestión es la organización pedagógica para que, en base a esos criterios, la educación siga siendo un motor de equidad y de cohesión, que no volvamos a tener una situación como la del confinamiento, en la que los niños y niñas con más dificultades en casa se quedaron atrás. Han de tener acceso a una educación que les ayude a tener las mismas oportunidades, una educación de calidad. Entre esas medidas pedagógicas encajan la contratación de más profesorado, la atención más individualizada o iniciativas concretas, como hemos previsto en la Secundaria, de estudio por ámbitos, con menos asignaturas, para que puedan estudiar de una forma más adaptada a la realidad. Es decir, que el profesor sea referente y pueda estar más tiempo con el alumnado para acompañarlo. Hemos previsto también formas de acompañar psicológica y emocionalmente a los alumnos, algo importantísimo.
Y la tercera parte es que cada centro tiene que adaptar las indicaciones generales a su situación. Hemos creado unos marcos generales y hemos ido centro por centro escuchando cuáles eran sus necesidades. Esa ha sido la gran tarea que hemos estado haciendo. Cada centro nos ha explicado sus necesidades en función de su realidad. Los hay más grandes, más pequeños, con población escolar de unas tipologías o de otras. Cada centro nos ha planteado sus necesidades y hemos respondido de acuerdo con su especificidad. Por eso, hemos estado reuniéndonos con directores de centros y escuchando a la comunidad educativa.
Sobre las especificidades de los centros, le oí el otro día en una conferencia de prensa poner el ejemplo de que hay colegios que tienen una puerta y otros que tienen dos o tres accesos. ¿Eso tiene importancia a la hora de planificar horarios de entrada y salida?
Implica que la incorporación a las aulas sea escalonada. A partir del día 7 de septiembre, durante la primera semana cada centro determinará de forma progresiva cómo hace la llamada a sus alumnos para que vayan aprendiendo las nuevas medidas de higiene y protección. Por tanto, será un retorno progresivo que servirá para hacer pedagogía con los alumnos y que puedan practicar las medidas en su día a día. Cada centro ha determinado en su plan de contingencia, que hemos acompañado con los recursos necesarios, cómo serán las entradas y las salidas, los movimientos en las instalaciones, las bajadas al patio… Es diferente en cada centro porque depende de la tipología de los edificios y la cantidad de alumnos.
¿Qué elementos son los más destacables de todo ese protocolo? ¿La reducción de ratios a 20 alumnos por aula?
En infantil y primaria habrá un máximo de 20 alumnos por aula. Son ratios inferiores a las que teníamos hasta ahora. Eso ha servido para crear más de 3.000 grupos nuevos más allá de los que teníamos. Se han desdoblado muchos grupos y por eso hemos contratado a esos cerca de 5.000 nuevos maestros. En las etapas más altas de Primaria, quinto y sexto, y en toda la ESO y el Bachillerato la distancia entre mesa y mesa, entre niño y niña, es de un metro y medio. Eso obliga a utilizar nuevos espacios en los centros y parte de la idea de que mantengan la distancia de seguridad los que ya pueden hacerlo. En el caso de los más pequeños de infantil y primaria, como no puede ser, hemos creado grupos estables de convivencia para que exista toda la trazabilidad y la seguridad con la finalidad de que, en el caso de un positivo, los servicios de salud pública puedan hacer una detección inmediata y acotar el brote sin que se impida que el resto de grupos puedan continuar con su funcionamiento.
Se ha generado una gran preocupación, incluso una cierta histeria, sobre la vuelta al cole. ¿A qué lo atribuye?
Hay un doble factor. Uno es natural, la incertidumbre. Vivimos una situación en la que no hay certidumbres absolutas y tenemos que adaptarnos al cambio. Es una sensación que ha venido para quedarse y hemos de aprender a gestionar la necesidad de la población de ir generando certidumbres en el día a día y que, aunque los escenarios puedan ser cambiantes, estén previstos. Es lo que hemos hecho desde la conselleria. Pero, sobre todo, hay un segundo factor. En el ámbito informativo lo que marca es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes. Nosotros sí. Es evidente que no tiene al profesorado contratado, no ha reducido las ratios de forma efectiva, hasta ahora no había utilizado recursos para invertir en la educación pública… Hay un modelo detrás de destrucción de lo público. Ha marcado mucho la agenda el hecho de que no se ha hecho el trabajo en comunidades con gobiernos de derechas que, como el de Madrid, marcan mediáticamente el pensamiento colectivo. Nosotros hemos hecho los deberes. Lo tenemos todo preparado. Eso no quiere decir que no encontremos dificultades, que no surjan dudas o incertidumbres. Las habrá. Pero hemos invertido para que la educación sea una parte de la solución y una forma de estar más seguros y tener más equidad como sociedad.
En el confinamiento, se envió a los niños a casa y se aplicaron medios telemáticos, pero son muchas las instancias desde las que se plantea que volver a las aulas es prioritario. ¿Cuál es el argumento de fondo para defender la presencialidad?
Es una cuestión global. Nosotros lo dijimos en aquel momento. La presencialidad es imposible de sustituir pedagógicamente por la telemática. Las interacciones que se producen en los centros educativos entre el propio alumnado, la socialización entre alumnos y profesores de forma mucho más directa, son mucho más significativas desde el punto de vista pedagógico y también desde el punto de vista social. Los niños y las niñas de todo tipo y condición necesitan esa interacción entre personas que impide de forma total la vía telemática. La no presencialidad lo que hace es reproducir las desigualdades, reproducir las condiciones de privilegio y de desigualdad entre alumnos que en su casa no tienen un contexto socioeconómico para poder salir adelante y aquellos que sí lo tienen. Por tanto, destruye la función de ascensor social, de cohesión, que ha de desarrollar un sistema público como el educativo. La presencialidad es clave.
Además, hay cuestiones que hemos detectado. Hemos notado que hay alumnos que tenían dificultad para el desarrollo, en el habla, problemas emocionales que se han disparado con el confinamiento, niños y niñas que tienen miedos que no tenían y les cuesta expresarse, que presentan dificultades para interactuar. Desgraciadamente, se han dado muchos pasos atrás con el confinamiento y necesitamos que los niños y niñas vayan al centro educativo para hacer efectivo su derecho a la educación. La telemática puede suplir un tiempo, puede ser una solución para complementar los aprendizajes, pero no es una solución para el motor clave de igualdad y cohesión que ha de ser la educación.
En otros países ya ha empezado el curso. ¿Han analizado esas experiencias?
Sí, estamos en contacto con diferentes responsables de educación por todo el mundo. Lo que nos gusta es ver que la apuesta por la presencialidad ha funcionado. La inmensa mayoría de estudios que nos han hecho llegar desde Salud Pública indica que el índice de prevalencia de contagios en los centros educativos es muy menor respecto a otros espacios de socialización. Los niños y niñas no experimentan grandes índices de contagio siempre y cuando mantengan las medidas de protección. Eso es importantísimo. Medidas de protección siempre. Así es como podremos mantener la presencialidad. Y hacer mucha pedagogía con las familias. En ese sentido estamos trabajando con Salud Pública para que ese contacto estrecho que hemos coordinado entre las direcciones de los centros y las direcciones de Salud Pública se traslade también a una formación del profesorado y de las familias para la detección de la sintomatología y que se actúe para hacer frente a la pandemia.
Ya nos hemos acostumbrado a la crítica permanente, pero desde ciertos ámbitos se ha acusado al Gobierno de España de no haber actuado bien, de haberse relajado o desentendido de la vuelta al colegio. ¿Qué le parece?
Mi opinión es que los competentes en la organización de la educación y del inicio de curso somos las diferentes comunidades y los diferentes gobiernos autónomos. Algunos hemos hecho el trabajo y hemos demostrado que es posible hacer frente a esta situación. Hemos aprovechado los recursos que ha movilizado el Ministerio, que son 2.000 millones de euros para afrontrar esta situación extraordinaria. Lo hemos hecho. Hemos cumplido con nuestra tarea. Además, con el Ministerio de Educación hemos tenido una buena coordinación para aprender entre todos de lo que estamos haciendo. No son las mismas las necesidades de una escuela y otra, ni de unos territorios y otros. Creo que los que hemos ejercido la competencia, apostando claramente por la educación pública que ayude al conjunto de la ciudadanía, hemos cumplido con nuestro deber. Hay otros que no han querido hacerlo para utilizarlo políticamente con la intención de desgastar al Gobierno.
¿Respecto a su plan inicial, la única novedad que se ha incorporado es la obligatoriedad de la mascarilla para alumnos a partir de seis años?
Respecto a lo que teníamos planteado ya en julio, la novedad es el uso de la mascarilla a partir de seis años debido a la actual situación epidemiológica, que no es la misma que entonces. Han aumentado los contagios como consecuencia de la mayor movilidad e interacción social. Por eso desde el Ministerio de Sanidad se ha planteado el uso de la mascarilla por los niños y niñas a partir de seis años. Se reafirma lo que habíamos previsto de la necesidad de ventilación en las aulas o de intensificar las medidas de higiene personal. Hemos comprado 85.000 litros de gel hidroalcohólico que ya están en los centros educativos y tres millones de mascarillas, que también están ya en los centros, por si a algún alumno o profesor se le rompe o no la trae de casa. Tendrán mascarillas en los centros educativos. Además, hemos adquirido 30.000 tabletas para repartir cuando sea necesario aislar aulas o centros. Así, que los alumnos que no tienen en casa capacidad para tenerlo, dispongan de ese material y no se queden atrás.
¿Cómo ve el asunto de la conciliación, la reivindicación de un permiso retribuido para que padres y madres atiendan a los niños que tengan que quedarse en casa?
Es necesario que se arbitren medidas de conciliación que en la situación actual son más necesarias. Nos encontramos ante esa situación y no puede producirse la disyuntiva de los padres y madres entre continuar trabajando o atender a sus hijos o hijas cuando resulta obligado. Las escuelas harán una función social importantísima, que es abrir. Necesitamos que el mundo laboral y las empresas den respuesta a una necesidad de los trabajadores y trabajadoras. Hace falta una normativa específica.
En resumen, ¿cómo vaticina que será este curso?
Será el inicio de curso más complicado de las últimas décadas. Habrá momentos de tensión, de incertidumbre y de dudas. Pero aquí, en el País Valenciano, habremos puesto todos los medios para que las aulas sean espacios seguros, más seguros que otros en los que los niños y niñas socializan fuera de las aulas. Coincido plenamente en la voluntad de la máxima presencialidad posible para que nuestros niños y niñas sigan avanzando. Será lo mejor que podamos ofrecer al conjunto de la comunidad educativa, como servicio público, para superar la pandemia y que ningún alumno pierda oportunidades. Tendremos que hacerlo mediante el diálogo con la comunidad educativa, como no puede ser de otra manera, y colectivamente, agradeciendo el esfuerzo ingente de todo el profesorado. Ha sido espectacular el trabajo, en pleno mes de agosto, de los equipos directivos, que se han dejado la piel, del conjunto del profesorado, de las familias, de las organizaciones sindicales. Tenemos que trabajar juntos para salir adelante.
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