Para Carlos Flores Juberías, profesor de Derecho de la Universitat de València y vocal de la comisión ejecutiva del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana propuesto por el Partido Popular, el edil de Movilidad del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, es un “pintoresco concejal” de Nápoles (ciudad natal del concejal) que entra en la categoría de los “iluminados” amén de “cruzado de la bicicleta” y que condiciona a los vecinos de la ciudad “de manera autoritaria”, según escribió en dos columnas en el diario Las Provincias (Grezzi, emperador y No es el tráfico: es el modelo social). ¿Puede un vocal del Consejo de Transparencia participar en una resolución que afecta a un cargo público al que, en el ejercicio de su sagrada libertad de expresión, ha puesto a parir previamente?
El concejal aludido cree que no y por eso ha enviado un escrito al Consejo de Transparencia en el que anuncia que recurrirá en los tribunales la resolución que obliga a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, presidida por Grezzi, a entregar una tanda de documentación solicitada por el PP en relación a la estafa del CEO de cuatro millones de euros que sufrió la empresa pública.
La resolución del Consejo de Transparencia, firmada por el presidente Ricardo García Macho, estima parte de una reclamación de dos concejales del PP e insta a la EMT a que facilite la información solicitada en el plazo de un mes. El escrito de Grezzi sostiene que Flores debió “haberse abstenido” por motivos de enemistad manifiesta. “Resulta evidente, como así ha sido que su parecer no va a ser imparcial en el procedimiento, sino que va a estar condicionado por la opinión subjetiva y parcial que, sin conocerme, el señor Flores tiene sobre mí”, defiende el concejal.
Grezzi incluso duda de la conveniencia de que el vocal designado por el PP forme parte del organismo que vela por la transparencia. “Creo que la manifiesta falta de objetividad del señor Flores en asuntos en los que participa como miembro del Consell de Transparència deberían hacer que este organismo se planteara si el señor Flores debe seguir formando parte del mismo”, apunta el edil. La resolución del Consejo de Transparencia insta a la EMT a entregar la documentación que aún no había librado al PP (algunas de las peticiones ya habían sido tramitadas). El organismo da un plazo máximo de un mes para la entrega.
Varios administrativistas consultados por este diario dudan de que la argumentación del edil pueda prosperar al entender que la enemistad manifiesta debe ser entre dos personas que se conozcan personalmente y, además, primaría la libertad de expresión y de crítica frente a un cargo público. Con todo, la iniciativa del concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València plantea un debate sobre el perfil de los integrantes de organismos cuya imparcialidad se presupone.
Contra la resolución del Consejo de Transparencia, que pone fin a la vía administrativa, sólo cabe la opción del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses desde la notificación.