“Inmatriculaciones: un escándalo monumental”, es el lema con el que Valecia Laica denuncia esta práctica de la Iglesia católica que permite, entre otras cosas, que lugares como la Cartuja de Portaceli esté cerrada al público. Gracias a una ley franquista, la Iglesia pudo poner a su nombre los inmuebles que quiso sin demostrar su propiedad. El caso más conocido es la Mezquita de Córdoba, que registró la Iglesia en 2006. El Gobierno de Aznar también facilitó las cosas a esta institución para registrar bienes por primera vez de manera oficial.
Paralela a la reunión de la vicepresidenta Carmen Calvo con el representante del Vaticano, donde previsiblemente se trate esta cuestión -además de adónde irán a parar los restos de Franco- el colectivo ha convocado una protesta en repulsa al proceso administrativo. El Gobierno socialista prometió el pasado agosto que haría público el registro, pero de eso nada se sabe todavía. Los protestantes consideran insuficiente el compromiso, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez publicará la lista de bienes inscritos desde 1998, cuando este ejercicio de la Iglesia comenzó, dicen en 1946.
Este lunes constituirán la plataforma 'Recuperando', desde la que exigirán, entre otras cuestiones, el registro público. “Debe haber una ley general para que los ayuntamientos no asuman todo este trabajo de reclamaciones”, dice Raquel Ortiz, portavoz, quien considera que sería una fórmula más sencilla para evitar que prescribieran las actuaciones legales.
A la concentración han asistido varias decenas de personas apoyadas por dirigentes de partidos políticos como Esquerra Unida y Podem, que acudirán también a la charla en el Colegio Mayor Rector Peset. “No se puede olvidar que el gran espolio del patrimonio público inmatriculado se debe a un privilegio de Franco que equiparaba Iglesia y Administración Pública”, recuerdan desde EUPV.
Por su parte, desde Podem presentarán a partir de este martes una batería de mociones en los ayuntamientos recaben de los Registros de la Propiedad la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia CatoÌlica desde 1979 hasta 2015 para poder realizar un inventario.