El Congreso aprueba tramitar el Estatut con las ausencias de Rajoy y Sánchez y sin apoyo de Ciudadanos
El Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar la reforma del Estatuto valenciano acordada por las Corts en 2011 con el apoyo de todos los partidos excepto Ciudadanos. La norma, pactada en su día por el PP (entonces liderado por Francisco Camps) y el PSPV-PSOE, establece que las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana deben ser proporcionales al peso de su población en España.
El nuevo Estatuto ha sido bloqueado durante años por el PP. En septiembre de 2015 -con desinterés total de sus señorías: apenas había 50 diputados en el hemiciclo- su tramitación ya fue discutida y aprobada por el parlamento. La inmediata disolución de las Cortes Generales impidió que la discusión siquiera se iniciara. Lo mismo sucederá si no hay acuerdo para formar gobierno y se convocan elecciones generales para el 26 de junio.
En el debate de este martes, como en la anterior ocasión, ningún miembro del Gobierno de España ha ocupado su butaca. Tampoco Pedro Sánchez, líder del PSOE. Sí estaban el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat, el socialista Ximo Puig y Mónica Oltra, de Compromís, y los líderes de Podemos y Ciudadamos, Pablo Iglesias y Albert Rivera.
Pobres y maltratados
La reforma fue defendida por tres diputados de las Corts Valencianes, Fran Ferri (Compromís), Manuel Mata (PSPV) y Jorge Bellver (PP). Los dos primeros abundaron en los argumentos que sus respectivos partidos defienden en solitario o en el Consell, donde trabajan en coalición: La Comunidad Valenciana está infrafinanciada, es un territorio pobre que paga como rico y recibe desde hace más de 15 años menos inversiones en infraestructuras de las que le corresponderïa.
Bellver compartió esos argumentos y recurrió a una frase habitual del Consell: “La Generalitat tiene un problema de ingresos y no de gastos”. A partir de ahí, dedicó gran parte de su discurso a denostar al gobierno valenciano -“más deuda, más déficit, más impuestos y fuga de inversores”- como vía para desacreditar “el gobierno a la valenciana” que propugna Iglesias. Fue ovacionado por el grupo popular.
Los portavoces de los partidos catalanes -Democràcia i Llibertat y ERC-, la de Podemos, la valenciana Àngela Ballester, el del PSOE, Julián López, y el del PP, el exconseller Gerardo Camps, defendieron, con distintas razones, la reforma. El representante socialista cargó con dureza contra la gestión del PP autonómico y estatal y el del PP achacó la infrafinanciación valenciana a los gobiernos del PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero.
“No a los parches” de Ciudadanos
Ciudadanos fue la nota discordante. La alicantina Marta Martín explicó la oposición de su partido a la reforma: Elude la responsabilidad de la corrupción [del PP, aunque no mencionó al partido] en la quiebra de la Generalitat, ampara el victimismo frente a Madrid y frena las reformas y, especialmente, es “un parche que no soluciona nada”.
El partido de Rivera, que también está en contra de las “inversiones territorializadas” que defiende el Estatuto, tiene su alternativa: una reforma en profundidad del sistema de financiación, asunto que sobrevoló el debate permanentemente, y un plan de infraestructuras de acuerdo con las prioridades.
