El dictamen (documento completo al final de la información) emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana (CJC-CV) sobre el Convenio de la Fórmula 1 “confirma la existencia de una deuda pública que tiene que ser abonada a la Generalitat”.
Así lo ha afirmado la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que además destaca que aun así, una de las principales conclusiones de dicho dictamen es la necesidad de que las instituciones colaboren para dar una resolución a la problemática generada por dicho convenio. Desde Conselleria achacan este problema “a la mala gestión del anterior ejecutivo” en alusión al Gobierno valenciano de Francisco Camps (PP), principal impulsor del circuito urbano.
Una vía, la de la colaboración con el resto de las administraciones, “con la que la Vicepresidencia Segunda está plenamente en concordancia, como lo ha venido haciendo hasta ahora”, indican las mismas fuentes. Asimismo, se pone de relieve “la absoluta disposición a un diálogo constante con el Ayuntamiento de València para trabajar de forma conjunta en la elaboración de una solución que abra un nuevo futuro para el barrio del Grau”, añaden desde vicepresidencia.
De hecho, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana anunciaron el pasado mes de noviembre que impulsarán un nuevo convenio para el sector del Grau que estipulará el reparto de los costes de la construcción del circuito de Fórmula 1.
Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez ha señalado que el informe del CJC da la razón al Ayuntamiento en cuanto que resolver unilateralmente el convenio no era posible.
También, considera que da la razón a la posición municipal ya que determina que hay que revolverlo en una mesa bilateral. Igualmente, indica que el informe pone de manifiesto que las cargas de urbanísticas se han de repercutir a los agentes urbanizadores.
El dictamen reconoce la existencia de la deuda
Según vicepresidencia, el dictamen es “una muestra más de las consecuencias de la gestión errática del anterior ejecutivo en materia de urbanismo. Más de una década después de la firma de este convenio, desde las instituciones seguimos trabajando para reparar las malas prácticas del anterior ejecutivo. Con todo, el PAI del Grau de València está todavía sin estar desarrollado con un coste desorbitado para la ciudadanía valenciana”.
El vicepresidente y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha hecho hincapié en “seguir trabajando por lograr un nuevo convenio para el desarrollo del Grau que se oriente a atender las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses especulativos de unos pocos”.
Tal como se relata al dictamen del CJC-CV, la Generalitat tenía que anticipar 38 millones de euros a fin de costear las obras de desarrollo contempladas en el convenio. Una inversión que debía de ser devuelta por el Consistorio de la ciudad mediante las cargas urbanísticas que deben de abonar los propietarios de los terrenos del PAI del Grau, puesto que la urbanización se tenía que convertir en los viales del futuro barrio.
“Del examen de las estipulaciones del Convenio de 28 de septiembre de 2007 se desprende, a juicio de este Órgano consultivo, que la voluntad de los firmantes fue, por un lado, que el ente GTP asumiera anticipadamente el coste real de las inversiones de las infraestructuras identificadas en el Convenio; y, por otro, que el Ayuntamiento retornara o devolviera el coste real al citado ente GTP. Por ello, el hecho de que se estableciera, en principio, un determinado modo de generar los recursos económicos necesarios para recuperar la inversión de la actuación objeto del convenio no obsta a desvirtuar el compromiso asumido por el Ayuntamiento de retornar, en definitiva, el coste de las infraestructuras al ente GTP”, reza textualmente el documento.
Además, en las conclusiones añade que “habiendo transcurrido el plazo de duración del Convenio interadministrativo, en fecha 2 de octubre de 2020, y no habiéndose, según se indica en el escrito de la autoridad consultante, retornado el coste real de las infraestructuras a la Administración autonómica ni, al parecer, llevado a cabo los compromisos asumidos en relación con este extremo, resultaría viable, en principio, la acción de reclamación por incumplimiento o indemnizatoria ante el Ayuntamiento de Valencia, en los términos expuestos en el cuerpo del Dictamen”.
Héctor Illueca ha manifestado que “el circuito de fórmula 1 ha supuesto un gasto de 89 millones de euros para los contribuyentes lo que implica que, a pesar de que se consiguió recuperar la aportación inicial de la Generalitat Valenciana, el proyecto continúa siendo un agujero negro para las finanzas valencianas”.
Necesidad de un nuevo convenio
Illueca ha asegurado que ahora la prioridad es que “desde las instituciones valencianas ofrezcamos una solución integral para un barrio que es, en definitiva, el gran afectado por las promesas vacías del anterior ejecutivo”.
Y ha reiterado la voluntad de la Vicepresidencia Segunda en sintonía con lo expresado en el dictamen de “continuar trabajando con el Ayuntamiento de València para desarrollar un nuevo convenio que realmente responda a las necesidades de las vecinas y vecinos del barrio. Y, además, que promueva el desarrollo urbano sostenible del mismo. Este es el camino, y no las promesas faraónicas que han generado tanto despilfarro”.
Antecedentes
En agosto de 2021 la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática trasladó al CJC-CV una consulta sobre el convenio suscrito en 2007 entre Generalitat y Ayuntamiento de València para el desarrollo de las infraestructuras necesarias del circuito de la Fórmula 1.
Cabe recordar coste de las obras fue prestado por la Generalitat Valenciana, en concreto por el Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos (GTP) que ahora forma parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) entidad adscrita a la Vicepresidencia Segunda.